Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular al Congreso
Juan José Santiváñez, el polémico y cuestionado ministro de Dina Boluarte, renunció al Ministerio de Justicia y Derechos Humano a pocos días del debate de la moción de censura en su contra que se tenía previsto realizar en el Pleno del Congreso de la República. A través de una carta, Santiváñez agradeció a la presidenta Dina Boluarte y deja claramente indicado que la razón de su renuncia es por el “anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones en abril de 2026”. Su renuncia se da días previos al cierre del plazo legal (13 de octubre) para que los funcionarios dejen sus cargos en caso quieran postular en la contienda electoral. Solo horas antes, la Mesa Directiva del Congreso de la República había informado sobre la moción en su contra, que se debatiría y votaría este viernes 3 de octubre, conforme al reglamento parlamentario. Incluso, horas antes, el propio premier Eduardo Arana señaló que ningún ministro le informó sobre su intención de renunciar al cargo a poco de que venza este plazo para postular. En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, aseguró que Santiváñez postulará al Senado por Alianza para el Progreso con el número 5. Según dijo, tiene conocimiento, además, que el número 1 en la lista a la Cámara Alta de ese partido será César Acuña, pues así lo permite ahora la ley con los candidatos presidenciales. La segunda ubicación recaería en Marisol Espinoza y luego seguiría el actual ministro de Salud, César Vásquez. Trascendió que otro ministro que también renunciaría para postular es Jorge Montero, del Ministerio de Energía y Minas.
Pedro Castillo: PJ declara fundada demanda y determina que reciba pensión vitalicia
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima del Poder Judicial (PJ) declaró fundada la demanda interpuesta por el expresidente Pedro Castillo en contra del Congreso de la República, respecto al otorgamiento de su pensión vitalicia. Según informaron diversos medios de comunicación, la sentencia indica que se declara nula la Carta 543-2024-DRH-DGA/CR del 22 de marzo del 2024 (que deniega la pensión vitalicia), y la Resolución 133-2024-DGA-CR del 14 de mayo del 2024 (que declaró infundado el recurso de apelación). «En consecuencia, se ordena a la emplazada (Congreso) proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, debiendo otorgar al expresidente José Pedro Castillo Terrones la pensión vitalicia correspondiente, teniendo en cuenta lo señalado en la presente sentencia«, refiere el documento. Como es de público conocimiento, el exmandatario solicitó al Congreso de la República la concesión de una pensión vitalicia, luego de que se conociera la emisión de una resolución que otorga dicho beneficio al también expresidente Alberto Fujimori. «En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones le deniegan la pensión vitalicia en virtud del Artículo 2 de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori Fujimori se le otorga la pensión, señalando que el mismo Artículo 2 de la Ley 26519 atentaría el derecho a la presunción de inocencia«, refiere la sentencia. El juez Alexis Anicama precisa en la sentencia que «se debe concluir que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente«. «En tal contexto debe declararse fundada la demanda por la vulneración al derecho a la igualdad reconocida en el Artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú; asimismo, se otorguen los costos procesales conforme el Artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional«, refiere.
Nueva ley sanciona hasta con 9 años de cárcel la venta y uso ilegal de chips móviles. Infórmate aquí
El Poder Ejecutivo publicó la Ley N.º 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) y el Código Penal (D. Leg. 635), con el objetivo de combatir la activación ilegal de líneas móviles y la comercialización de SIM card fraudulentas, prácticas que suelen estar vinculadas a delitos como estafas, extorsiones y suplantaciones de identidad. La norma incorpora el artículo 9-A a la Ley 30096, estableciendo que quien active una SIM card o línea de servicio móvil sin consentimiento del titular, utilizando sistemas informáticos o información falsa, será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro a ocho años, además de inhabilitación. Asimismo, se modifica el artículo 222-B del Código Penal, que ahora sanciona con penas de cinco a nueve años de cárcel a quienes provean, comercialicen o faciliten la adquisición de SIM card activadas ilegalmente. De igual forma, quienes las adquieran o posean enfrentarán sanciones de cuatro a ocho años de prisión. La ley también incorpora el artículo 272-B al Código Penal, que tipifica como delito la comercialización ilegal de servicios públicos móviles en la vía pública o de manera ambulatoria, salvo los casos expresamente autorizados por norma. La sanción prevista en estos casos es de uno a cuatro años de cárcel, además de multa de hasta 730 días-multa. Con esta reforma, el Estado busca reforzar la lucha contra el uso indebido de líneas móviles, un problema que afecta directamente la seguridad ciudadana. La medida apunta a cerrar brechas que permitían la circulación de chips sin trazabilidad y a responsabilizar penalmente tanto a quienes ofrecen como a quienes consumen estos servicios ilegales. 1️⃣ Activación ilegal de una SIM Card o línea móvil sin el consentimiento del titular o mediante información falsa o «errónea». Pena de 4 a 8 años de prisión. 2️⃣ Proveer una SIM Card activada ilegalmente, pena de 5 a 9 años. Adquirir o poseer una SIM Card ilícitamente activada, pena de 4 a 8 años. 3️⃣ Comercialización no autorizada, ambulatoria o «en la vía publica», de servicios públicos móviles, pena de 1 a 4 años. 4️⃣ El OSIPTEL tiene la obligación de entregar data al Ministerio Público y la PNP sobre operaciones ilegales.
Tomás Gálvez busca apoyo de José Jerí y Eduardo Arana para presupuesto del Ministerio Público
El fiscal de la Nación interino se reunió con los titulares del Congreso y la PCM en medio del recorte presupuestal que enfrenta la Fiscalía, lo que genera dudas sobre la independencia institucional. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sostuvo encuentros con los presidentes del Congreso, José Jerí, y del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con el objetivo de conseguir recursos para el Ministerio Público. Tras asumir funciones, Gálvez enfrenta un escenario complicado: la gestión de su antecesora, Delia Espinoza, se vio afectada por los recortes aplicados por el Ejecutivo. Este 2024 se retiraron 81 millones de soles del presupuesto, y para el 2026 se prevé un nuevo recorte de 145 millones. En ese contexto, Gálvez manifestó a La República que “viene de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía” y que no teme a las tensiones con el Parlamento ni con el Gobierno. Su prioridad, dijo, es garantizar que los fiscales tengan los recursos necesarios para cumplir sus funciones. El miércoles 24 de septiembre, Gálvez se reunió con el titular del Legislativo, José Jerí, y un día después con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Desde el Congreso señalaron que este acercamiento marca “un cambio de rumbo” en la relación con el Ministerio Público y abre paso a una etapa de cooperación institucional.
Dina Boluarte: revelan lujosos regalos recibidos durante su gestión
Perfumes Dior, estatuas de bronce y sets de cosméticos valorizados en miles de dólares figuran en el registro oficial de obsequios entregados a la presidenta en actos protocolares e internacionales. Entre los objetos más costosos destacan una réplica de la estatua de Sanxingdui, cuyo precio en subastas supera los 10 000 dólares; vajillas de cerámica Mashiko Yaki, valoradas en hasta 650 dólares por plato; y perfumes Dior, cuyo precio puede llegar a varios miles de dólares en ediciones exclusivas. El documento también registra sets de cosméticos de lujo de la marca coreana Whoo, cuyo costo asciende a 20 000 dólares, además de botellas de sake, cuchillos ceremoniales Kris de 500 dólares y jarrones entregados durante visitas protocolares en Japón e Indonesia. Durante el APEC 2024, países como Taiwán, Canadá y Tailandia obsequiaron cajas cuyo contenido no fue detallado, mientras que Hong Kong entregó un set de porcelana valorizado en 300 dólares. Asimismo, la embajadora de Malasia obsequió un perfume de lujo cuyo precio oscila entre 100 y 200 dólares, aunque en ediciones limitadas puede llegar a 15 000 dólares. Lo que más ha llamado la atención es la ausencia en este registro de artículos altamente controversiales como los relojes Rolex entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como otros regalos provenientes de autoridades locales y regionales.
Exalcaldesa asegura que el resto de implicados no tiene responsabilidad penal
Susana Villarán reafirmó que únicamente ella y José Miguel Castro conocían de los aportes de Odebrecht y OAS. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, volvió a pronunciarse a pocas horas del inicio del juicio oral en su contra y reiteró que únicamente ella y su exgerente municipal, José Miguel Castro, conocían de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013. “Había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas. Había que dar ese paso. Yo lo di. José Miguel Castro, quien lamentablemente falleció antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes. El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad”, manifestó en una entrevista a RPP. Villarán señaló que, si bien no puede precisar la cifra exacta de los aportes, se trató de una suma considerable, aunque descartó que alcanzara los 11 millones de dólares mencionados en el proceso judicial. “Fue una cantidad importante, pero muy lejos de esa exorbitante suma que no sabemos de dónde sale”, puntualizó. Finalmente, admitió que la situación generó un quiebre en la confianza ciudadana, pero sostuvo que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. “He pedido perdón porque he dañado la confianza de mucha gente. Pero también voy a ser muy clara: esta ha sido una campaña de demolición de mi persona durante seis larguísimos años”, agregó.
Oficializan ley de criminalidad sistemática: Cadena perpetua por secuestro, extorsión y sicariato
A través de su publicación en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, fue promulgada la Ley N.º 32446, ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. Como se recuerda, en su sesión plenaria del 3 de septiembre último, el Congreso de la República aprobó, en segunda votación, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el nuevo artículo que busca endurecer las sanciones hacia quienes comentan diversos actos ilícitos en el territorio nacional. De acuerdo con lo publicado este lunes 22 de septiembre, se incorpora el artículo 318-B, en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, el siguiente texto, quedando redactado de la siguientes manera: «El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua», precisa el citado artículo.
Designan a fiscal supremo Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación Interino
El Ministerio Público designó esta noche al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde como Fiscal de la Nación Interino, en reemplazo de la titular Delia Espinoza, quien fue suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2956-2025-MP-FN fue publicada este domingo en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. “Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, reza la parte resolutiva. En los considerandos se explica que la designación de Sánchez como Fiscal de la Nación Interino, es en su condición de Fiscal Supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo N° 3554 de fecha 05 de septiembre de 2014, adoptado por la Junta de Fiscales Supremos. Esto va en concordancia con la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 158 de la Constitución Política del Perú. En la resolución se notifica de esta designación a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional. Como se sabe, la JNJ suspendió a Delia Espinoza por seis meses, tanto en el cargo de Fiscal de la Nación como Fiscal Suprema, por incumplir en un primer momento el mandato de la propia junta, de restituir a Patricia Benavides, como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema, como finalmente sucedió. Es la segunda vez que Pablo Sánchez asume interinamente la Fiscalía de la Nación. Recordemos que en diciembre del 2023 también hizo lo propio cuando la JNJ suspendió en el cargo a la titular Patricia Benavides.
Fiscal de la nación solicita la cancelación de Fuerza Popular por «conducta antidemocrática»
La fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta «conducta antidemocrática». A través de la solicitud formulada ante la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, la titular del Ministerio Público acusa a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP). «Vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales» De acuerdo con el petitorio presentado este jueves 18 de septiembre, Espinoza Valenzuela argumenta que Fuerza Popular vulneró el artículo 14 de la LOP, por «desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales«. En ese sentido, afirma que promueve «atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión». Además, de que promueve la «exclusión de congresistas» y exculpa «atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno», esto en referencia a la Ley N.º 32419, ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Asimismo, denuncia la «legitimación de la violencia como método para la construcción de objetivos políticos» Como del proceso disciplinario que le sigue en su contra, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a Delia Espinoza para las 10:00 a. m. de este viernes 19 de septiembre para que presente sus descargo frente al informe acusatorio de la magistrada María Teresa Cabrera Vega. Según el Informe N° 046-2025-MTCV-JNJ de la miembro de la JNJ, la fiscal de la nación podría ser suspendida de sus funciones por seis meses por haber desacatado el fallo de la institución que reponía a Patricia Benavides Vargas en su lugar, así como otras consideraciones. En ese sentido, acusa a Espinoza Valenzuela de incurrir la Ley N° 30483, Ley de Carrera Fiscal, habiendo cometido faltas «muy graves«, «reflejando un quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y a la confianza ciudadana en el Estado de derecho». Un nuevo pedido de cancelación afrontará Fuerza Popular, tal como en su momento lo intentó el fiscal José Domingo Pérez en el marco del caso ‘Cócteles’.
Congreso autoriza viaje de la presidenta por Asamblea General de la ONU
Por mayoría, el Pleno del Congreso de la República votó a favor de que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a los Estados Unidos. La mandataria tiene previsto estar en Nueva York entre el 21 y 25 de setiembre para participar de la asamblea general de las Naciones Unidas. (ONU). Con 53 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones, el parlamento dio el visto bueno para que la jefa de Estado realice su sexto viaje fuera del país en lo que va del 2025. Boluarte Zegarra llegará hasta la ‘ciudad que nunca duerme’ para actividades bilaterales y eventos sobre paz y derechos humanos. «A favor 53 señores congresistas, más Lizarzaburu, López Morales, Martínez, Barbarán, Cavero, López Ureña, Gutiérrez Ticona. En contra 35 más Sánchez Palomino, Montalvo, Taipe, Trigoso, Limachi y Cerrón. Abstenciones, tres. Se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta a salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre», manifestó José Jerí, presidente del Parlamento. En un oficio que la mandataria le hizo llegar a Jerí Oré, le indica que pese a no estar presente en el Perú, se mantendrá a cargo de su despacho, por lo que el presidente del Congreso no tendrá que tomar sus funciones en su ausencia. Para ello, empleará las tecnologías digitales (correo electrónico, aplicaciones de mensajería, etc.).
