Congreso de la República: Comisión de Constitución aprueba dictamen sobre suspensión de altos funcionarios
Modificación del Reglamento del Congreso La Comisión de Constitución del Congreso de la República ha aprobado recientemente una propuesta para modificar el artículo 89 de su reglamento. Esta modificación busca precisar las facultades del Congreso en relación con la suspensión de altos funcionarios, incluyendo jueces y fiscales supremos, así como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Alcances de la propuesta La iniciativa establece que, mediante el procedimiento de acusación constitucional, el Congreso puede llevar a cabo tanto el juicio político por infracción a la Constitución como el antejuicio político por delitos de función. Además, se especifica que la suspensión en el ejercicio de sus funciones puede aplicarse a diversos altos dignatarios, no limitándose únicamente a congresistas. Implicaciones y debates Esta propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico. Algunos legisladores y expertos han manifestado su preocupación respecto a que, con esta modificación, sería posible suspender a altos funcionarios con una votación mínima de aproximadamente 50 votos, lo que podría afectar la estabilidad e independencia de instituciones clave en el sistema de justicia. La medida aún debe ser debatida y votada en el pleno del Congreso, donde se espera una discusión detallada sobre sus posibles impactos en el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática del país.
Fiscal José Domingo Pérez ratifica aportes ilícitos a Fuerza Popular
Informe fiscal revela millonarios aportes ilegales Antes de su reciente suspensión, el fiscal José Domingo Pérez presentó un informe a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, detallando que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, habría recibido más de 13 millones de dólares de manera ilícita desde 2011. Este documento busca respaldar la solicitud de declarar la ilegalidad del partido político. Detalles de los aportes irregulares El informe especifica que diversas empresas y entidades habrían contribuido con sumas significativas a Fuerza Popular: Credicorp: 3.65 millones de dólares entregados entre finales de 2010 e inicios de 2011. Grupo Rassmuss: 3.5 millones de dólares aportados durante la campaña electoral de 2011, y 3.73 millones adicionales entre 2015 y 2016. Confiep y Inversiones Piuranas S.A.C.: También mencionadas como fuentes de aportes ilícitos. Estos fondos se habrían canalizado mediante reuniones y acuerdos con representantes de dichas entidades y miembros del partido. Contexto de la suspensión del fiscal La presentación de este informe se produjo en el contexto de la suspensión de José Domingo Pérez por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, medida que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Este caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de estas acusaciones.
Comisión de justicia aprueba cadena perpetua para policías y militares que colaboren con criminales
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó la propuesta que plantea establecer la pena privativa de la libertad entre 30 años y cadena perpetua para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que colaboren con organizaciones ilegales, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. La iniciativa legislativa N.° 7922, de autoría del congresista Manuel García Correa (APP), también propone que se aplique la cadena perpetua en caso de que las organizaciones ilegales con las que colabore el militar o policía, realicen actos violentos que ocasionen la muerte o lesiones graves a terceras personas, sin que necesariamente éstos participen directamente con el hecho violento. Fue durante la décimo quinta sesión ordinaria de ese grupo de trabajo presidido por el congresista Isaac Mita Alanoca (Perú Libre). La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 06470/2023-CR y 07067/2023-CR, que propone establecer el registro obligatorio de todas maquinarias pesadas utilizadas, en todos los sectores productivos, como la minería, construcción, agricultura, transportes y otros. La finalidad es identificar su procedencia, sus características y su propietario; así como asegurar su legalidad, especialidad y trazabilidad de compra y venta y paradero de estos bienes; contribuyendo en la lucha contra la delincuencia común y organizada, así como con en el combate contra la informalidad. En otro momento, fue aprobado también en forma unánime, con votos, la iniciativa que propone, con texto sustitutorio, la modificación de la Ley N.° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y facilitar la presentación de las denuncias por violencia. Al respecto, la congresista Susel Paredes Piqué (BDP) propuso que cualquier víctima pueda presentar su denuncia desde el lugar donde esté y no desde el distrito donde reside. El congresista Alex Paredes Gonzales (BMNC) pidió que se aplique la responsabilidad penal para los policías que se nieguen a recibir una denuncia de las víctimas de violencia. Uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos. Asimismo, fue aprobado por mayoría el dictamen que recoge los proyectos de ley 06573/2023-CR, 07072/2023-CR, 08746/2024-CR y 10525/2024-CR que, con texto sustitutorio propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30096, Ley de delitos informáticos, para incluir el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos. Con cargo de redacción y la inclusión de algunos aportes, la propuesta recibió el voto aprobatorio de 19 legisladores y dos abstenciones. Código Procesal de Trabajo También, por mayoría, fue aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 08960/2024-CR y 09249/2024-PE, que, con texto sustitutorio, proponen la ley que crea el Código Procesal de Trabajo. Para el debate fue invitado el presidente de la Octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Gino Yangali Iparraguirre, por ser una propuesta impulsada por él. Yangali Iparraguirre sostuvo que el nuevo código tiene las ventajas de la sistematización, que facilita la localización y aplicación de las normas procesales; e integralidad, para abordar de manera más completa todos los aspectos procesales relacionados con el trabajo en un solo documento. La congresista Martha Moyano Delgado (FP) se sumó al pedido del congresista Jorge Morante Figari (SP), para plantear una cuestión de orden para mayor estudio, pero que, puesto al voto, fue rechazada por mayoría con el voto dirimente del presidente. Entretanto, la iniciativa puesta a votación recibió 13 votos a favor y 12 en contra. SUSTENTACIONES Durante la sesión el congresista Hamlet Echeverría Rodríguez (JPP-VP), sustentó su Proyecto de Ley 09409/2024-CR- ley que modifica los artículos 29, 50 y 51 del Código Penal, para que el juez pueda imponer penas acumulativas sin límite máximo. Hizo lo propio el congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN) de su Proyecto de Ley 10361/2024-CR- que plantea incorporar el art. 129-Q al Código Penal para tipificar el delito de captación de menores de edad para la comisión de delitos. Fuente: Gestión
Perú busca explicaciones de Estados Unidos por arancel del 10% a las importaciones
Solicitud de reuniones con autoridades estadounidenses La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, anunció que el Gobierno del Perú ha solicitado reuniones con representantes de Estados Unidos para obtener una explicación detallada sobre la reciente imposición de un arancel del 10% a las importaciones peruanas. El objetivo principal es comprender las razones detrás de esta medida y evaluar su posible impacto en el comercio bilateral. Impacto en el comercio bilateral y medidas a considerar La imposición de este arancel podría afectar diversos sectores de exportación peruanos que dependen significativamente del mercado estadounidense. El Gobierno peruano está evaluando las implicaciones de esta medida y considerando acciones que permitan mitigar posibles efectos adversos en la economía nacional. Compromiso con el diálogo y la cooperación internacional Las autoridades peruanas han reafirmado su compromiso con el diálogo constructivo y la cooperación internacional para resolver diferencias comerciales. Se espera que, a través de estas reuniones, se puedan encontrar soluciones que beneficien a ambas naciones y fortalezcan las relaciones comerciales existentes.
Perú solicita a Estados Unidos la suspensión del arancel del 10% por falta de reciprocidad
Contexto del arancel impuesto por Estados Unidos El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, implementó recientemente un arancel del 10% a las importaciones provenientes de diversos países, incluido el Perú. Esta medida ha generado preocupación en el sector exportador peruano, ya que afecta directamente a productos que anteriormente gozaban de preferencias arancelarias bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países desde 2009. Acciones del Gobierno peruano En respuesta, el Gobierno peruano ha solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses la suspensión de este arancel, argumentando que no es recíproco y que contraviene los términos establecidos en el TLC. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha enfatizado que esta medida unilateral afecta negativamente a sectores clave de la economía peruana, como la agroindustria y la manufactura, que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Respuesta de Estados Unidos y perspectivas futuras El Departamento de Estado de Estados Unidos ha indicado que considerará seriamente el planteamiento presentado por el Perú. Mientras tanto, el Gobierno peruano continúa evaluando estrategias para mitigar el impacto de esta medida en las exportaciones nacionales y mantiene abiertas las vías diplomáticas para alcanzar una solución favorable que restablezca las condiciones comerciales previas y preserve los intereses económicos del país.
Alberto Otárola rompe su silencio y envía contundente mensaje a la presidenta Dina Boluarte
Reaparición pública de Alberto Otárola Tras un periodo de ausencia en el ámbito político, Alberto Otárola, ex presidente del Consejo de Ministros, ha reaparecido públicamente. En una reciente entrevista, Otárola expresó su descontento con la presidenta Dina Boluarte, señalando que no le teme y advirtiendo que «los actos tienen consecuencias». Estas declaraciones marcan un giro significativo en la relación entre ambos, pasando de una colaboración estrecha a una confrontación abierta. Acusaciones de persecución política Otárola denunció ser víctima de una campaña de persecución política y mediática orquestada desde el Ejecutivo. Negó rotundamente haber filtrado información sobre los relojes Rolex de la presidenta Boluarte y afirmó que no podía mentir respecto a la intervención quirúrgica a la que ella se sometió en 2023. Estas afirmaciones sugieren tensiones internas y posibles fracturas dentro del actual gobierno. Implicaciones políticas y reacciones La reaparición y las declaraciones de Otárola han generado diversas reacciones en el espectro político nacional. Analistas consideran que este enfrentamiento podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno y en la percepción pública de la gestión de Boluarte. La mandataria, por su parte, aún no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones de su ex primer ministro.
Fiscal José Domingo Pérez es suspendido por seis meses: Argumentos de la ANC y defensa del fiscal
Decisión de la Autoridad Nacional de Control La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha decidido suspender por seis meses al fiscal provincial José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. Esta medida preventiva se fundamenta en presuntas infracciones administrativas relacionadas con su actuación en el «Caso Cócteles». Según la ANC, Pérez habría continuado interviniendo en un proceso pese a estar legalmente impedido, lo que habría afectado el desarrollo de la investigación. Respuesta y defensa de José Domingo Pérez Tras conocer la resolución, el fiscal Pérez calificó la sanción de «injusta y abusiva» y anunció que presentará una apelación. Además, denunció que se le impidió ingresar a su oficina para proceder con la entrega formal de su cargo y retirar sus pertenencias personales. En una acción adicional, Pérez presentó una denuncia penal contra Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC, acusándolo de presunto cohecho pasivo específico. Impacto en los casos a su cargo La suspensión de Pérez genera incertidumbre sobre el futuro de los casos que tenía a su cargo, especialmente el juicio oral del Caso Metro de Lima, considerado uno de los más emblemáticos relacionados con la trama Odebrecht en el Perú. La ausencia del fiscal podría afectar el desarrollo y la continuidad de estos procesos judiciales. Próximos pasos Mientras se resuelve la apelación presentada por Pérez, la medida de suspensión se mantiene vigente. El Ministerio Público deberá designar a un reemplazo temporal para asegurar la continuidad de las investigaciones y procesos judiciales que estaban bajo la responsabilidad del fiscal suspendido.
Congreso aprueba ley para suspender a fiscales, jueces y otros altos funcionarios mientras sean investigados
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un proyecto de ley que permite suspender a altos funcionarios como fiscales, jueces y magistrados, mientras son investigados. El dictamen promovido por el fujimorismo modifica el reglamento del Congreso para incluir en la suspensión a ministros, fiscales supremos, jueces, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ampliando así el alcance de esta medida. La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, con el respaldo de varios grupos políticos, incluidos Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y otros. El proyecto fue presentado por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien propuso modificar el artículo 89 del reglamento del Congreso para que no solo los congresistas sean suspendidos durante las investigaciones, sino también todos los altos funcionarios del Estado que enfrenten acusaciones. Juárez resaltó que la suspensión debería aplicarse mientras dure el proceso. Durante la sesión de la Comisión de Constitución, Luis Aragón, presidente de la comisión, destacó que esta propuesta permitirá que otros altos funcionarios, como el fiscal de la Nación o miembros de la Corte Suprema, también puedan ser suspendidos mientras enfrentan acusaciones. Sin embargo, la medida ha generado críticas de la oposición, como Ruth Luque del Bloque Democrático Popular, quien cuestionó el impacto de este proyecto en los procesos en trámite. La ley también ha sido criticada por abrir la puerta a suspensiones con mayoría simple en el Pleno del Congreso, lo que podría generar abusos en su aplicación. Actualmente, para inhabilitar a un alto funcionario, se requiere una mayoría de dos tercios en el Pleno. Con esta propuesta, bastaría con una mayoría simple de 50 votos. Esta medida llega en un momento clave, cuando se está evaluando la acusación contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible.
Digemid tiene nueva directora: Delia Dávila es designada en medio del caso Suero Defectuoso
El Ministerio de Salud (Minsa) designó a la doctora Delia Florencia Dávila Vigil como nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), a través de la Resolución Ministerial Nº 242-2025/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano. La medida fue refrendada por el titular del sector, César Vásquez. Dávila Vigil es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y especialista en cirugía general por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud, una maestría en Gerencia de Servicios de Salud y diversos diplomados en Auditoría Médica, Gerencia Hospitalaria y Atención Primaria de la Salud. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas como EsSalud, donde desempeñó funciones como gerente de Red Asistencial, gerente Quirúrgica, jefa de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, jefa de Departamento Asistencial y jefa de Servicio Asistencial. Previamente, también fue directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. ¿Por qué fue retirada Sonia Delgado? La designación de Dávila se da tras la breve permanencia de Sonia Delgado en el mismo cargo, quien fue retirada del puesto en menos de 48 horas por decisión del ministro César Vásquez. La salida se dio en medio de cuestionamientos relacionados con la difusión de una fotografía que generó controversia. Delgado, quien fue decana del Colegio Médico del Perú, no salió públicamente a responder sobre el incidente, pero manifestó su posición a través de declaraciones a medios de comunicación.
Edwin Oviedo es absuelto: PJ confirma resolución sobre expresidente de FPF en caso Wachiturros de Tumán
La decisión ratifica la resolución emitida el 22 de agosto de 2024 por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, la cual declaró inocente a Oviedo y a otros procesados por los homicidios de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. ¿Por qué fue absuelto Edwin Oviedo? Durante el proceso judicial, la Sala de Apelaciones determinó que la Fiscalía no presentó pruebas de cargo suficientes que acrediten la responsabilidad penal de Edwin Oviedo. En ambos niveles de juicio, se concluyó que los testimonios de los denominados «colaboradores eficaces» no estuvieron debidamente corroborados con evidencia objetiva, como exige la normativa legal. El abogado de Oviedo, César Nakasaki, explicó que la Fiscalía no logró sustentar la acusación, lo cual fue señalado por el juzgado de primera instancia y posteriormente ratificado por la sala de apelaciones. Esta conclusión cobra especial relevancia tras las denuncias públicas sobre una supuesta fabricación de colaboradores eficaces por parte del exfiscal Juan Carrasco Millones, quien lideró la investigación inicial del caso. ¿Cuál fue el desarrollo del proceso judicial? El caso ‘Wachiturros de Tumán’ involucró una investigación de más de diez años en la que Edwin Oviedo fue vinculado con presuntos actos criminales cometidos durante su gestión como empresario azucarero. En 2018, fue detenido preventivamente y permaneció en prisión por más de 500 días en el penal de Chiclayo, en el distrito de Picsi. Sin embargo, durante el juicio oral, el tribunal consideró que las pruebas presentadas no sustentaban las graves imputaciones. La sentencia de agosto de 2024 representó un giro en el proceso, al absolver a los acusados por falta de elementos probatorios. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, pero finalmente confirmada por la Sala Penal de Apelaciones. Con esta última resolución, el Poder Judicial del Perú cierra definitivamente el proceso penal contra Edwin Oviedo en el caso ‘Wachiturros de Tumán’. La sentencia ratificada confirma que no se hallaron pruebas concluyentes que acrediten su responsabilidad en los delitos imputados. Tras más de una década de investigación y un periodo de prisión preventiva, el exdirigente deportivo queda libre de cargos, concluyendo así uno de los casos judiciales más mediáticos en torno a una figura del deporte y la empresa en el país.
