PJ ordenó que Elizabeth Peralta afronte bajo libertad restringida investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho
La suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta abandonará en las próximas horas el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenara que afronte bajo libertad restringida la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. El magistrado adoptó esta medida tras realizar una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por 18 meses que dictó la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 3 de diciembre del 2024 contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, como parte de esta investigación preparatoria. El juez supremo Checkley Soria dispuso que la doctora Elizabeth Peralta afronte en adelante esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, sujeta a reglas de conducta, y que pague la suma de 10 mil soles por concepto de caución económica dentro de este proceso penal, todo ello bajo apercibimiento o advertencia de ser revocada esta medida de comparecencia, conforme al artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal. La Fiscalía Suprema investiga la presunta intervención de Andres Hurtado ‘Chibolín’ en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Leí a fin de que, presuntamente, la fiscal superior titular Elizabeth Peralta intervenga para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020 y otros dos hechos.
Susy Díaz es precandidata al Congreso por Somos Perú
La presidenta de Somos Perú, Patricia Li, anunció que la excongresista Susy Díaz será precandidata a diputada con miras a las elecciones generales de 2026. La confirmación se dio a través de una publicación en sus redes sociales este domingo 27 de octubre. En el mensaje, Patricia Li aparece junto a Díaz y otros invitados como Manuel Gustavo Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Bryan Atencio Díaz, acompañando el texto: “Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes. Un solo corazón” Minutos después, Susy Díaz compartió la publicación desde su propia cuenta, confirmando su participación en el encuentro político y agradeciendo el respaldo. “Sí, pasamos un lindo domingo”, escribió, dando por confirmada su precandidatura en la agrupación Somos Perú. A sus 62 años, Díaz se perfila nuevamente como figura política, luego de haber ocupado una curul en el Congreso entre 1995 y 2000. Durante aquel periodo, presentó propuestas legislativas enfocadas en temas sociales y mantuvo una presencia constante en los medios de comunicación. La noticia generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios recordaron con simpatía su paso por el Congreso en los años noventa, mientras que otros criticaron su retorno, en medio de cuestionamientos al nivel de representación política en el país. Aunque su postulación formal deberá ser evaluada en los próximos procesos internos del partido, su precandidatura fue respaldada públicamente por la dirigencia nacional de Somos Perú. Susy Díaz fue elegida congresista en las elecciones de 1995, convirtiéndose en la primera figura del espectáculo en acceder a un escaño. Su elección generó sorpresa y atención mediática, al tratarse de un perfil atípico para la política tradicional. Durante su gestión, impulsó algunos proyectos de carácter social y participó activamente en la vida parlamentaria. Su figura ha permanecido en el ámbito público por su constante presencia en medios y programas de entretenimiento.
Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia
La congresista Vivian Olivos presentó este lunes su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, decisión que atribuyó a “motivos estrictamente personales y de conciencia”, según consta en el oficio remitido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno. En su carta de dimisión, la legisladora destacó sus 15 años de participación en la organización política liderada por Keiko Fujimori y solicitó que, desde ahora, se le considere como no agrupada “para fines administrativos”. “Como congresista de la República, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú”, se lee en el documento. Con la salida de Olivos, la bancada fujimorista queda con 23 integrantes. En mayo de 2023, el legislador Luis Cordero Jon Tay presentó su dimisión “voluntaria e irrevocable” tras ser vinculado a gestiones de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El español’, relacionadas con la adquisición de equipos de interceptación para espionaje contra opositores al gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
Dina Boluarte: PJ resolvió que Reniec le pague más de 200 mil soles a expresidenta de la República
El Poder Judicial (PJ) resolvió en última instancia la demanda que interpuso la vacada expresidenta Dina Boluarte al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), institución en la que laboró desde 2007 hasta ejercer el cargo de vicepresidenta de la República. Por dicha razón, la entidad estatal deberá pagarle a la exmandataria el monto total de más de S/239 mil por concepto de beneficios sociales acumulados durante su paso por la citada institución. La decisión del PJ fue adoptada tras una demanda interpuesta por la exjefa de Estado al considerar que su vínculo laboral no era de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) o locadora de servicio, sino que procedió a ser a plazo indeterminado. En tal sentido, es por dicha razón que Boluarte Zegarra exigía que se le reconozca más de 428 mil soles por beneficios sociales y sindicales que no recibió desde 2007. Cabre resaltar que, en primera instancia, el Poder Judicial le otorgó la razón parcialmente a la expresidenta por lo que fijó la compensación en más de 286 mil soles. Posteriormente, la Primera Sala Laboral Permanente de Lima modificó dicho monto y pasó a ser S/239.674,63. Adicionalmente, cabe precisar que el mencionado monto económico integraba el concepto de CTS que era S/61.265, 63 y 178.409 soles de gratificaciones, vacaciones, escolaridad y los beneficios colectivos establecidos en las resoluciones de 2011 y 2012 entre el sindicato de Reniec y la institución. Tras este fallo de segunda instancia, Reniec planteó un recurso de casación con el que buscó que se revocara el extremo que reconoce el pago de beneficios colectivos desde octubre de 2010 a noviembre de 2011 y de enero de 2015 en adelante. Por lo que la Corte Suprema dejó sin efecto los extremos solicitados por lo que la expresidenta recibirá 213.174,63 soles. De acuerdo a la resolución, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria determinó que Boluarte Zegarra sí laboro de octubre de 2010 a noviembre de 2011 y de enero de 2015 en adelante. Bajo esa premisa, se indica que «la demandante, en su condición de Jefe de Oficina, no solo era quien representaba la figura del empleador en la oficina registral bajo su cargo, sino que realizaba informes y/o reportes para el Jefe Regional», por lo que no le correspondía ser pagada por beneficios colectivos. Se concluye que, el Poder Judicial resolvió en última instancia que Reniec le pague más de S/239 mil a Dina Boluarte.
Congresista Guillermo Bermejo es condenado a 15 años de prisión efectiva
El congresista Guillermo Bermejo irá a prisión. El Poder Judicial dictó una sentencia de 15 años contra el legislador de la bancada Voces del Pueblo–Juntos por el Perú por el delito de afiliación a una organización terrorista. La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional concluyó que Bermejo integró las filas de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, donde era conocido con el alias de camarada ‘Che’. Además, el PJ impuso una multa de S/. 100.000 como reparación civil. De esta manera, Bermejo quedaría privado de su libertad hasta el 2040. En un principio, Fiscalía ordenaba 20 años de prisión contra el congresista. Sin embargo, el PJ solo dio 15 años en su contra. Según explicó el tribunal, Bermejo participó activamente en campamentos ilegales de la organización fundada por Abimael Guzmán, donde tomó parte en actividades de adoctrinamiento. A estas reuniones habrían asistido también los cabecillas Víctor y Jorge Quispe Palomino. Frente a la decisión judicial, la defensa del parlamentario expresó su desacuerdo y anunció que esperará la notificación oficial para presentar los recursos legales correspondientes. El Poder Judicial también dispuso su inhabilitación y la suspensión de sus derechos políticos. Desde hace varios meses, Bermejo había expresado su interés en postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales por la alianza electoral ‘Venceremos’. Sin embargo, el fallo judicial le impediría continuar con esa candidatura. No es la primera vez que Bermejo enfrenta un juicio por este delito. En 2022, el congresista y precandidato presidencial fue procesado por la misma acusación. Sin embargo, en esa oportunidad la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria lo absolvió por insuficiencia de pruebas. Horas antes de conocerse la sentencia, Bermejo declaró que se encontraba tranquilo ante el fallo que pudiera emitir el Poder Judicial. “Creo que en ningún lugar del mundo te juzgan tres veces por lo mismo, y más aún cuando han sido dos salas nacionales, especializadas en la materia, las que me han absuelto por unanimidad en dos ocasiones. Estoy sumamente tranquilo porque tengo la conciencia en paz. Como hombre de fe, confío en Dios y estoy seguro de que, si no hay injerencia política ni mediática, saldré absuelto por tercera vez”, señaló antes de que se emitiera la condena en su contra.
Proponen la eliminación progresiva de los zoológicos públicos a nivel nacional
El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley con el objetivo de eliminar, de manera progresiva, los zoológicos públicos en todo el territorio nacional, a fin de salvaguardar «la protección, el bienestar y la conservación de los animales actualmente en cautiverio«. En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 12909/2025-CR, presentado el martes 21 de octubre, a través de la plataforma institucional del Congreso, puntualiza que su finalidad es promover el respeto a la fauna silvestre, fomentar la conservación de la biodiversidad mediante alternativas sostenibles y educativas sin recurrir al encierro de animales, así como adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales de protección animal y derechos ambientales. De acuerdo con el texto del también expresidente del Consejo de Ministros, si su proyecto de ley es aprobado por el Pleno del Congreso, queda prohibida la creación, autorización, construcción o habilitación de nuevos zoológicos públicos y privados en todo el Perú. Sobre los animales que se encuentran actualmente en custodia de los zoológicos públicos, deberán ser entregados a los centros de rescate de fauna silvestre para la recuperación de sus condiciones de salud y bienestar, teniendo como finalidad, su posterior reinserción progresiva a su hábitat natural, «cuando sea biológicamente viable o su entrega en custodia a centros de conservación». Con referente al proceso de eliminación de los zoológicos públicos, deberán culminarse en un plazo máximo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia de su promulgación, «bajo apercibimiento de generar responsabilidad funcional administrativa». Con referente al proceso de eliminación de los zoológicos públicos, deberán culminarse en un plazo máximo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia de su promulgación, «bajo apercibimiento de generar responsabilidad funcional administrativa». El financiamiento se efectuará con cargo al presupuesto institucional del MINAM, los Gobiernos regionales y locales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, pudiendo contar con la cooperación internacional y aportes de la sociedad civil. Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría que reglamentar la presente ley (de ser aprobada) en un plazo máximo de 180 días calendario, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. De esta manera, el parlamentario Guido Bellido vuelve a presentar un proyecto de ley en favor de la protección de los animales, siendo esta última la más controversial por la buena aceptación que tienen los zoológicos a nivel nacional por parte de la ciudadanía.
Estado de Emergencia en Lima y Callao: conoce qué derechos se restringen y por qué
Con el objetivo de frenar el avance de la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo declaró por 30 días calendario el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, publicado esta noche en edición extraordinaria en el diario oficial El Peruano. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán de acuerdo con los Decretos Legislativos N.º 1186 y N.º 1095, normas que regulan el uso de la fuerza policial y militar. Las zonas de intervención serán determinadas por la PNP sobre la base de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. La medida implica la restricción de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y tránsito, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución. Las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso. Coordinación multisectorial y respuesta operativa El Decreto Supremo dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los Comités Regionales y Distritales de Seguridad Ciudadana (CORESEC y CODISEC), así como el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), se mantengan en sesión permanente durante todo el Estado de Emergencia. Asimismo, se conforma el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la PNP e integrado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Inteligencia, Fuerzas Armadas y autoridades regionales de Lima y Callao. Este comité elaborará los planes operativos y coordinará las acciones conjuntas de intervención. También se crean comités especializados de Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica, encargados de la recopilación de información, ejecución de operativos y difusión institucional de las medidas adoptadas. Medidas concretas y control territorial Entre las acciones inmediatas, se dispone el control penitenciario con restricción de visitas, la destrucción de antenas ilegales de telecomunicación, y el apagón eléctrico nocturno en celdas. Además, se prohíbe el tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (vehículos categoría L3) y se autoriza el control de identidad de personas y vehículos en zonas críticas. Las fuerzas combinadas —integradas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal— realizarán patrullajes permanentes, resguardo de instituciones públicas, y operativos de búsqueda y captura de requisitoriados. También se ejecutarán intervenciones en mercados ilegales relacionados con la trata de personas, tráfico de drogas, armas, autopartes y comercialización informal de chips telefónicos o celulares vinculados a casos de extorsión y secuestro. Evaluación y financiamiento El CCO deberá informar al Ministerio del Interior los resultados de las acciones implementadas antes de la culminación del Estado de Emergencia. Dicho informe será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, con recomendaciones para la continuidad o adecuación de las medidas adoptadas. Finalmente, la norma precisa que la financiación de estas acciones provendrá del presupuesto institucional de las entidades involucradas y de recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas. El Decreto Supremo lleva el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Justicia y Transportes y Comunicaciones.
APP retira iniciativa que permitía la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión
El partido político Alianza Para el Progreso (APP) retiró la iniciativa del congresista Luis Cordero Jon Tay, la cual buscaba que se permitiera la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión a contribuyentes. El pasado jueves 16 de octubre, el parlamentario de la bancada de Alianza Para el Progreso, Luis Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley para que contribuyentes puedan descontar pagos por extorsión en el impuesto a la renta. Ello, en un panorama de crisis de seguridad ciudadana y política que atraviesa el país. Ahora, el últio domingo 19 de octubre, la agrupación política APP ha retirado dicha iniciativa legislativa N°12793/2025-CR. El documento que generó de inmediato una ola de críticas y un masivo rechazo, por sectores políticos y especialistas tributarios, fue retirado a través de un oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno. Cabe resaltar que, el retiro oficial del proyecto de ley fue formalizado mediante oficio por el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien señaló que «a efectos de evitar mayores distracciones en la agenda parlamentaria» se solicitaba el retiro del proyecto y su archivo. ¿De qué trataba la iniciativa legislativa de Cordero Jon Tay? La iniciativa legislativa que propuso el parlamentario, que pertenece al mismo partido del presidente José Jerí, se establece «modificar el literal d del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta». Además, en el artículo 2 este proyecto de ley se detallaba que tenía como finalidad que aquellos contribuyentes que son víctimas del delito de extorsión «puedan acreditar las pérdidas extraordinarias a través de una declaración jurada con firma legalizada». Ello para de esta manera «proteger su vida, seguridad e integridad física y la de su familia». Cabe resaltar que, esta medida buscaba formalizar las pérdidas económicas como parte del cálculo tributario mediante la presentación de una declaración jurada y evidencia documental del delito. Sin emabrgo, en caso la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) determinaba que la información brindada por el contribuyente era falsa podría presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. En resumen, el partido político Alianza Para el Progreso (APP) retiró el proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay, el cual buscaba que se permitiera la deducción tributaria de los gastos provenientes de la extorsión a contribuyentes.
Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana y no descarta aplicar toque de queda
Tras la primera sesión del Consejo de Ministros, el gabinete liderado por Ernesto Álvarez anunció que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana. Ante la pregunta de Exitosa durante la rueda de prensa, el titular de la PCM indicó que no se descarta el toque de queda. Declararán estado de emergencia El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez se pronuncio ante la reciente manifestación nacional del 15 de octubre, el fallecimiento de un ciudadano por parte de un efectivo policial y la problemática de inseguridad ciudadana tras la primera reunión de la PCM en Palacio de Gobierno. «Hemos entrado en un tema fundamental para este gobierno que es el acercamiento a la problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, Lima Metropolitana«, anunció Álvarez. Álvarez indicó que esta futura declaratoria no busca ser una medida más. «A diferencia de otras ocasiones no puede ser, simplemente, una declaratoria, etérea, subjetiva que no sirva para el ciudadano en común«. El anuncio de las medidas que incluiría el inicio del estado de emergencia serían brindadas en las próximas horas, tras el acuerdo entre los ministros de Estado del gobierno de José Jerí. «Tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces y el presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo a los técnicos, al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso, los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, con contenido, con verdad» El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, indicó que durante la primera sesión de la PCM se ha aprobado la emisión de una resolución ministerial para crear un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de brindar una propuesta de decreto de urgencia. «En el Consejo de Ministros se ha aprobado, en ese sentido, la emisión de una resolución ministerial que crea un grupo de trabajo multisectorial que se encarga de una propuesta de decreto de urgencia para brindar apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos». Añadió sobre la marcha del 15 de octubre que desde la defensa pública del ministerio ha garantizado el derecho a la defensa de los manifestantes como de las personas heridas. De la misma forma, respaldó el anuncio del premier sobre el anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana. «Vamos a esperar los informes necesarios para poder dar impulso a esta medida que se verá anunciada en los próximos días», aseguró Martínez. Tras la primera sesión de la PCM, el premier Ernesto Álvarez anunció que Lima Metropolitana sería declarara en estado de emergencia, más los detalles y medidas serán anunciadas en los próximos días tras un debate técnico.
Congresista por Lima Provincias propone que pagos por extorsión se deduzcan del Impuesto a la Renta
En medio de una creciente crisis por la inseguridad ciudadana, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que propone permitir la deducción del pago de extorsiones del Impuesto a la Renta que pagan los contribuyentes. Esta medida buscaría formalizar estas pérdidas económicas como parte del cálculo tributario, mediante la presentación de una declaración jurada y evidencia documental del delito. El proyecto modifica el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, para considerar las extorsiones como “pérdidas extraordinarias”, deducibles cuando no han sido cubiertas por seguros o indemnizaciones y se pruebe judicialmente el hecho delictivo, o se demuestre la imposibilidad de iniciar acción judicial. ¿Cómo funcionaría esta deducción? La norma permitiría que “las pérdidas extraordinarias originadas por delitos de extorsión cometidos en perjuicio del contribuyente” sean deducibles, siempre que el afectado presente: SUNAT fiscalizará y podrá denunciar por falsedad De acuerdo con el proyecto, si SUNAT detecta que la información presentada es falsa, su Procurador Público estará facultado para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Además, la SUNAT podrá emitir el reglamento necesario para implementar la ley de forma efectiva. ¿Qué busca esta iniciativa? La propuesta legislativa argumenta que el objetivo es “garantizar que los contribuyentes puedan declarar de manera efectiva y transparente las pérdidas reales que sufren anualmente como consecuencia de las extorsiones”. También busca que estas pérdidas sean reconocidas por el sistema tributario, evitando que las víctimas tributen sobre utilidades ficticias y promoviendo principios de equidad y justicia tributaria. La iniciativa considera que los pagos de cupo afectan directamente la liquidez y competitividad de empresas y emprendimientos.
