Congreso autoriza viaje oficial de Dina Boluarte a Ecuador para asistir a toma de mando presidencial
En una sesión plenaria realizada esta semana, el Congreso de la República aprobó el pedido de autorización presentado por la presidenta Dina Boluarte para ausentarse del país y participar en la ceremonia de toma de mando del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa. La autorización fue otorgada por mayoría simple, en cumplimiento del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que establece que el jefe de Estado requiere permiso del Parlamento para salir del territorio nacional. Visita diplomática en contexto regional La ceremonia de investidura del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está programada para este jueves 23 de mayo en la ciudad de Quito. La asistencia de la mandataria peruana se da en el marco de los lazos bilaterales entre ambos países, en una coyuntura en la que se busca fortalecer la cooperación en temas como seguridad fronteriza, lucha contra el crimen organizado, comercio y migración. La Cancillería ha señalado que la visita oficial responde a un gesto de cortesía diplomática y es parte del esfuerzo por reforzar la relación histórica entre Perú y Ecuador, países que comparten una extensa frontera y numerosos intereses comunes. Detalles de la autorización y encargatura del despacho Durante la estadía de Boluarte en Ecuador, la conducción temporal del despacho presidencial quedará a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, como lo establece la normativa vigente. Se espera que la visita tenga una duración de dos días, tras lo cual la jefa de Estado retornará a Lima para continuar con su agenda nacional. La aprobación del viaje fue respaldada principalmente por las bancadas oficialistas y aliadas, aunque no estuvo exenta de cuestionamientos por parte de algunos legisladores que señalaron que, dada la coyuntura interna del país, era preferible que la mandataria permanezca en territorio nacional. Reacciones divididas en el escenario político La autorización generó posturas encontradas dentro del Congreso. Mientras algunos parlamentarios destacaron la importancia del fortalecimiento diplomático en la región andina, otros consideraron que la presencia de Boluarte fuera del país no es prioritaria, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo y demandas ciudadanas no resueltas. Desde el Ejecutivo, se remarcó que la participación de la presidenta en este evento internacional busca consolidar una posición activa del Perú en los espacios multilaterales y contribuir a la estabilidad regional. Proyección de la agenda bilateral Durante su estancia en Ecuador, Dina Boluarte tiene previsto sostener reuniones con altos funcionarios del nuevo gobierno ecuatoriano, así como con representantes de organismos internacionales presentes en el acto protocolar. Se espera que se aborden temas clave como la cooperación en desarrollo sostenible, lucha contra la minería ilegal y estrategias conjuntas de seguridad. Esta visita también servirá como una oportunidad para sentar las bases de futuros acuerdos binacionales, en un contexto regional marcado por desafíos compartidos y la necesidad de reforzar el diálogo político.
Piden inhabilitar por 10 años a presidenta Dina Boluarte y al ministro Jorge Montero por decreto sobre Reinfo
Una nueva controversia política sacude al Ejecutivo tras la presentación de una denuncia constitucional por parte de la congresista Ruth Luque, quien solicita la inhabilitación por diez años para ejercer función pública contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. El motivo: la promulgación del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, norma que introduce cambios al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), permitiendo su transmisión por herencia. ¿Qué es el Reinfo y por qué genera polémica? El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado como una herramienta transitoria para que pequeños mineros y mineros artesanales se incorporen progresivamente a la legalidad, cumpliendo requisitos ambientales, técnicos y sociales. Sin embargo, el Decreto Supremo emitido en mayo de este año ha generado fuertes críticas, ya que plantea la posibilidad de que el registro sea transferido por herencia, como si se tratara de un bien patrimonial. Expertos y parlamentarios consideran que esta medida desnaturaliza el objetivo del Reinfo, favoreciendo prácticas informales y perpetuando la explotación minera al margen de la ley. Además, alertan que podría abrir la puerta a la consolidación de mafias mineras que operan ilegalmente bajo la fachada de pequeños productores. Denuncia constitucional y consecuencias legales La parlamentaria Ruth Luque, representante de la bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, formalizó la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En el documento, se argumenta que la presidenta y el titular del Minem habrían incurrido en infracción a la Constitución, al aprobar una norma que contraviene el interés público y vulnera principios de legalidad y transparencia. De ser admitida y eventualmente aprobada la denuncia, Boluarte y Montero podrían ser inhabilitados por hasta diez años para ejercer cualquier función pública. Esta sanción implicaría, además, una grave crisis política en un contexto ya marcado por la desconfianza ciudadana y el descontento social frente a las decisiones del Ejecutivo. Reacciones en el ámbito político y social La medida ha polarizado el escenario político. Mientras un sector del Congreso exige una revisión urgente del decreto y sanciones ejemplares, desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad de la norma, argumentando que busca brindar estabilidad a las familias que dependen de la pequeña minería. Por su parte, organizaciones ambientalistas, colectivos ciudadanos y comunidades afectadas por la minería informal han manifestado su preocupación ante lo que consideran una «legalización disfrazada de la ilegalidad», que podría tener consecuencias irreversibles en términos sociales y ecológicos. Panorama incierto para la gobernabilidad El caso Reinfo se suma a una serie de cuestionamientos al gobierno de Dina Boluarte en materia de políticas públicas, transparencia y lucha contra la minería ilegal. Con la denuncia ahora en trámite, el Congreso tendrá en sus manos la responsabilidad de evaluar una decisión de gran impacto político y jurídico. En tanto, diversos sectores de la sociedad civil ya han anunciado movilizaciones para exigir la derogatoria del decreto y la adopción de medidas más firmes contra la minería informal en el país.
Acción Popular presenta proyecto de ley para impedir nueva extensión del REINFO más allá del 30 de junio
Contexto El 22 de mayo de 2025, la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República con el objetivo de establecer el 30 de junio de 2025 como fecha límite definitiva para la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La iniciativa busca evitar nuevas prórrogas y dar paso a una nueva legislación que reemplace al REINFO. Plazos y disposiciones La propuesta establece que, a partir del 30 de junio de 2025, el REINFO quedará extinguido, sin posibilidad de nuevas extensiones. Además, se plantea la creación de un nuevo marco normativo que regule la formalización de la minería artesanal e informal en el país. Reacciones políticas El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su apoyo a la extinción del REINFO y destacó la necesidad de abordar una nueva ley que reemplace al actual registro. Señaló que la Comisión de Energía y Minas del Parlamento debe revisar la propuesta del Ejecutivo, conocida como la Ley MAPE, y aprobar una norma definitiva que brinde una ruta segura para la formalización minera. Críticas y cuestionamientos Diversos sectores han expresado su preocupación por las posibles implicancias de una nueva extensión del REINFO. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se mostró en desacuerdo con una eventual prórroga, argumentando que el REINFO ha sido ineficaz y ha permitido la perpetuación de prácticas ilegales en la minería. Además, se ha señalado que la falta de una nueva legislación podría seguir favoreciendo la minería ilegal y la deforestación. Perspectivas futuras La presentación de este proyecto de ley por parte de Acción Popular refleja la creciente preocupación por la situación de la minería informal en el país. La propuesta busca establecer un marco normativo claro y efectivo que permita la formalización real de los mineros artesanales e informales, garantizando el respeto al medio ambiente y a los derechos laborales.
Gobierno de Brasil justifica asilo a Nadine Heredia por razones humanitarias
Contexto El 16 de abril de 2025, la ex primera dama peruana Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, solicitó asilo diplomático en Brasil. El gobierno brasileño, liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, otorgó el asilo tras recibir el salvoconducto del gobierno peruano. Procedimiento de asilo El canciller brasileño, Mauro Vieira, informó que el proceso de asilo se llevó a cabo en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Político de 1954, acuerdo bilateral entre Perú y Brasil. Vieira destacó que el gobierno peruano concedió el salvoconducto de salida de manera inmediata, sin objeciones. Según el canciller, el embajador de Brasil solicitó el salvoconducto alrededor de las 4:00 p.m., y dos horas después fue otorgado por las autoridades peruanas. Razones humanitarias El gobierno brasileño justificó el asilo por razones humanitarias. Nadine Heredia había sido sometida a una cirugía por un grave problema en la columna vertebral y aún se encontraba en proceso de recuperación. Además, su hijo menor de edad, quien también recibió asilo, habría quedado desprotegido debido a la detención de su padre, el expresidente Ollanta Humala. Estas circunstancias llevaron a Brasil a considerar el asilo como una medida necesaria para garantizar su bienestar y el de su hijo. Traslado a Brasil Para garantizar la seguridad y rapidez del traslado, el gobierno brasileño utilizó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). El canciller Vieira explicó que esta fue la única manera de retirar a Nadine Heredia del Perú de forma segura y rápida. El uso del avión militar fue autorizado por el gobierno peruano, según Vieira. Reacciones políticas El otorgamiento del asilo ha generado diversas reacciones políticas en Perú y Brasil. Mientras que algunos sectores consideran que la decisión se ajusta a los tratados internacionales y a criterios humanitarios, otros cuestionan la oportunidad y las implicancias políticas del asilo. El caso sigue siendo objeto de debate en ambos países.
Gremios periodísticos advierten sobre el grave deterioro de la libertad de expresión en el Perú
Contexto En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, representantes de los principales gremios periodísticos del Perú expresaron su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en el país. Destacaron que, en el año electoral, esta situación podría agravarse aún más. Estadísticas alarmantes La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reportó un total de 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación durante el año 2024, estableciendo un nuevo récord en el siglo XXI. En lo que va del 2025, se han registrado 101 agresiones, incluyendo amenazas, hostigamientos y agresiones físicas. Lima lidera las estadísticas con 46 casos, seguida de Arequipa y Mayna con 4 cada una. Actitudes institucionales Los gremios señalaron que funcionarios públicos, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, han adoptado posturas confrontacionales hacia la prensa. Se mencionaron discursos estigmatizantes y la falta de respuesta a preguntas de los medios como ejemplos de esta actitud. Proyectos legislativos preocupantes Se alertó sobre un proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso, que propone aumentar las penas por calumnia y difamación, lo que podría ser utilizado para amedrentar a periodistas y comunicadores. Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo a esta iniciativa, considerándola una amenaza a la libertad de prensa. Llamado a la acción Los gremios periodísticos instaron a las autoridades a garantizar la protección de los periodistas y a promover un entorno libre para el ejercicio del periodismo. Destacaron la importancia de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia y la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir agresiones y hostigamientos hacia los comunicadores.
Gobierno clasifica como «reservado» informe sobre aumento salarial de Dina Boluarte
Contexto El 22 de mayo de 2025, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la decisión del gobierno de clasificar como «reservado» el informe que detalla el proceso de aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte. Esta medida ha generado controversia debido al interés público y la falta de transparencia en torno a la remuneración presidencial. Propuesta de aumento salarial Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se propone incrementar el salario mensual de la presidenta Dina Boluarte de S/ 16,000 a S/ 35,568, lo que representa un aumento del 125%. La justificación presentada señala que el sueldo actual de la mandataria es inferior al de otros altos funcionarios del Estado y busca alinearse con los estándares salariales internacionales para cargos similares. Justificación gubernamental En conferencia de prensa, el primer ministro Eduardo Arana explicó que la información relacionada con el aumento salarial fue clasificada como reservada conforme a la legislación vigente, argumentando que su divulgación podría comprometer la seguridad del Estado. Además, indicó que el proceso de evaluación y propuesta salarial fue realizado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y se basó en comparaciones con remuneraciones de otros funcionarios públicos. Reacciones y críticas La decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, calificó de «impertinente» la propuesta de aumento salarial en el actual contexto del país. Asimismo, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Por otro lado, algunos ministros, como Daniel Maurate, defendieron el incremento, señalando que se ajusta a lo establecido por la Constitución Política del Estado. Consideraciones legales La Ley N° 28212 establece que el salario del presidente de la República no debe superar las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), lo que para el año 2025 equivale a aproximadamente S/ 26,000. La propuesta de aumento salarial excede este límite, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y justificación en el contexto actual.
Premier Eduardo Arana no descarta prórroga del Reinfo y enfatiza enfoque de diálogo
Evaluación del Gobierno sobre la ampliación del Reinfo El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha manifestado que el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo vencimiento está programado para el 30 de junio de 2025. Arana subrayó que la decisión se tomará tras un análisis detallado de la situación en las zonas afectadas por la minería informal y en consulta con autoridades locales y la población. Compromiso con el diálogo y la coordinación interinstitucional Arana destacó la importancia de un enfoque colaborativo y de diálogo para abordar la problemática de la minería informal. Señaló que el Gobierno está comprometido en trabajar conjuntamente con el Congreso y otros sectores para garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica en el país. Además, resaltó la labor del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, en la evaluación técnica de la situación actual del Reinfo. Perspectivas y próximos pasos Si bien el Ejecutivo no ha confirmado una prórroga del Reinfo, Arana indicó que se están considerando todas las posibilidades, incluyendo una extensión hasta diciembre de 2025, como lo permite la Ley N.º 32213. El Gobierno continuará recopilando información y dialogando con las partes involucradas antes de tomar una decisión definitiva.
Reniec intensifica campaña de DNI electrónico en Roma para peruanos en el extranjero
Inicio de la campaña «Identificación sin Fronteras» en Italia El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha iniciado la campaña «Identificación sin Fronteras» en Roma, Italia, del 24 al 29 de mayo de 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI) 3.0, permitiéndoles acceder a servicios digitales y participar en procesos electorales futuros. Extensión de la campaña a Milán Tras su paso por Roma, la campaña se trasladará a la ciudad de Milán del 31 de mayo al 3 de junio. Durante este periodo, los peruanos podrán realizar trámites de renovación, duplicado, actualización de datos y obtención del nuevo DNI 3.0 en el Consulado General del Perú en Milán. Entrega gratuita de DNI a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Paralelamente, Reniec ha anunciado la entrega gratuita de 26,700 DNIe a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta medida busca garantizar su participación en las elecciones generales de 2026 mediante el voto digital, aprovechando las capacidades tecnológicas del DNI, que incluye un chip con firma digital y código secreto. Capacitación al personal consular Como parte de la campaña, Reniec también está capacitando al personal de los consulados peruanos en el uso de nuevas tecnologías registrales. Esta formación busca mejorar la atención a los ciudadanos peruanos en el extranjero y agilizar los procesos de identificación y emisión del DNI. Importancia del DNI 3.0 El DNI 3.0 representa un avance significativo en la modernización de los servicios de identificación en el Perú. Además de facilitar la identificación presencial y remota, permite la firma digital de documentos y el acceso a diversos servicios estatales y privados en línea, las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo.
Presidente del Congreso propone debate inclusivo sobre formalización minera y eliminación del REINFO
Contexto actual de la formalización minera El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, ha instado a un debate amplio y sin estigmatizaciones sobre la formalización de la minería a pequeña escala y artesanal en el Perú. Según sus declaraciones, desde el inicio del proceso en 2010, solo se ha logrado formalizar a aproximadamente 2,000 de los 90,000 mineros registrados, evidenciando la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos existentes. Propuesta de eliminación del REINFO Salhuana ha propuesto la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo vence el 30 de junio próximo. Argumenta que es necesario contar con una norma definitiva que extinga el REINFO y establezca una ruta clara para que los mineros puedan formalizarse, siempre que operen en lugares autorizados y con equipos permitidos. Llamado a un debate inclusivo El titular del Congreso enfatizó la importancia de un debate sin discriminaciones ni estigmatizaciones, señalando que el Estado debe acoger y proteger a los ciudadanos que trabajan dentro de la ley y desean formalizarse. Destacó también el incremento del precio del oro como una oportunidad que el país no está aprovechando adecuadamente. Implicancias para la minería ilegal Salhuana ha sido enfático en distinguir entre los mineros que buscan formalizarse y aquellos que operan en áreas no autorizadas con equipos prohibidos, calificando a estos últimos como minería ilegal que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley.
Fiscal de la Nación se ausenta de citación en el Congreso sobre crimen en Pataz
Convocatoria de la Comisión de Justicia La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue citada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para informar sobre las acciones emprendidas por el Ministerio Público respecto al asesinato de 13 mineros en Pataz. Sin embargo, no asistió ni a la primera citación ni a la reprogramación de la sesión. Justificación de la inasistencia La secretaria general de la Fiscalía de la Nación envió el Oficio 2997-2025-MP-FN al presidente de la Comisión, Isaac Mitade, explicando que la ausencia de Espinoza se debió a una agenda recargada y actividades institucionales programadas con antelación. En el documento, se indicó que, a pesar de no poder asistir, se remitió la información solicitada por la Comisión. Reacciones en el Congreso El congresista Isaac Mitade expresó su preocupación por la inasistencia de la Fiscal de la Nación, señalando que todas las autoridades están obligadas a asistir a las comisiones del Parlamento para responder sobre los temas por los que se les cita. Mitade enfatizó la importancia de establecer un diálogo para abordar y resolver la violencia social que afecta al país. Próximas acciones Ante la ausencia de Delia Espinoza, la Comisión de Justicia decidió reprogramar la sesión para una fecha por determinar. Se espera que en la próxima convocatoria, la Fiscal de la Nación pueda brindar las explicaciones necesarias sobre las acciones del Ministerio Público en relación con el crimen en Pataz y otros temas de interés nacional.
