Cancillería desmiente que Reino Unido haya emitido alerta contra viajes a Lima y Callao
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha desmentido categóricamente que el Gobierno del Reino Unido haya emitido una alerta que desaconseje los viajes a las ciudades de Lima y Callao. Esta aclaración oficial se produce en respuesta a la difusión de información errónea en redes sociales y algunas plataformas digitales. No hay restricciones vigentes para Lima y Callao La Cancillería peruana confirmó que la guía de viajes del gobierno británico no establece ninguna restricción específica para Lima ni para el Callao. En dicha publicación, el Reino Unido brinda recomendaciones generales de seguridad a sus ciudadanos que planean visitar el Perú, sin incluir ninguna advertencia particular hacia la capital ni su puerto principal. Esta postura ha sido verificada directamente por la Cancillería a través del Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), organismo responsable de la política exterior británica y de las orientaciones consulares a sus ciudadanos. Restricciones se mantienen solo para zonas específicas del interior El único señalamiento vigente en la guía británica corresponde a zonas de riesgo ya conocidas como el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y algunas áreas de Loreto, donde se recomienda no viajar salvo en casos estrictamente necesarios, debido a riesgos relacionados con actividades delictivas o presencias ilegales. Estas advertencias no son nuevas y se mantienen desde hace años como parte de una política de seguridad estándar hacia ciertas regiones del país. Llamado a informarse por medios oficiales Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se exhortó a la ciudadanía y medios de comunicación a verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de compartir datos sensibles, especialmente en materia de relaciones internacionales o seguridad nacional. El mal uso de información no confirmada puede generar confusión en la opinión pública, afectar la imagen del país y perjudicar el normal desarrollo de actividades turísticas y comerciales, particularmente en regiones clave como Lima y Callao.
Congreso reprograma por tercera vez citación al Dr. Mario Cabani
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República ha dispuesto, por tercera vez consecutiva, la reprogramación de la citación al reconocido cirujano Mario Cabani, en el marco de las investigaciones que se siguen por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones en el sector salud. Citación pendiente en medio de investigación parlamentaria El Dr. Cabani, actual director del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, fue convocado a declarar ante la Comisión de Fiscalización para responder sobre presuntos vínculos con decisiones administrativas cuestionadas. Sin embargo, su asistencia ha sido postergada en tres ocasiones, según lo informado por fuentes legislativas. Las razones detrás de esta nueva reprogramación aún no han sido detalladas en profundidad, aunque se presume que obedecerían a dificultades logísticas y a la falta de disponibilidad del citado funcionario para comparecer en las fechas anteriores. Antecedentes del caso y contexto institucional La investigación forma parte de un paquete de indagaciones más amplias que el Congreso ha abierto en relación con la presunta contratación irregular de personal médico y administrativo en hospitales públicos, así como procesos de adquisición que podrían haber incurrido en faltas administrativas o incluso penales. El Dr. Cabani, quien ha desarrollado una trayectoria médica destacada en el ámbito pediátrico, ha sido incluido en estas diligencias por su rol en decisiones adoptadas en la gestión del referido instituto nacional. Llamado al cumplimiento institucional Desde el Espacio de Trabajo Periodístico de ETP Huacho, se observa con atención el desarrollo de este caso que involucra la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la salud infantil. La reiterada reprogramación de esta citación genera expectativa en la opinión pública y plantea interrogantes sobre el ritmo y eficacia de las investigaciones parlamentarias.
ONPE reafirma obligatoriedad de elecciones primarias para elecciones generales de 2026
En el marco del proceso electoral rumbo a los comicios generales del año 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha ratificado que todos los partidos políticos inscritos en el país deben realizar elecciones internas de tipo primarias para la selección de sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino. Elecciones primarias como requisito obligatorio La ONPE enfatiza que las elecciones primarias son una exigencia legal vigente que busca fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas. Este mecanismo permite que todos los ciudadanos afiliados y, en algunos casos, no afiliados, participen activamente en la elección de los representantes que finalmente postularán en las elecciones nacionales de 2026. Este procedimiento deberá ser organizado y supervisado por la ONPE, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), garantizando transparencia, imparcialidad y legalidad. Oportunidad para modificar estatutos internos Asimismo, el organismo electoral recordó que los partidos que deseen cambiar el tipo de elección interna (por ejemplo, de voto universal a voto delegado o viceversa), aún se encuentran dentro del plazo legal para realizar las modificaciones necesarias en sus estatutos y reglamentos. Esta actualización debe ser registrada formalmente ante el JNE. Este llamado busca que las agrupaciones políticas revisen sus normas internas con antelación y adecuen sus procesos a la normativa vigente, evitando futuras observaciones o impugnaciones. ETP Huacho destaca el fortalecimiento de la democracia interna Desde el Espacio de Trabajo Periodístico de ETP Huacho, se resalta la importancia de esta disposición como un paso clave hacia la consolidación de una democracia más representativa y participativa. Las elecciones primarias no solo promueven la renovación de liderazgos, sino que acercan a la ciudadanía a la vida política activa, generando mayor confianza en el sistema electoral peruano.
Prófugos por homicidio, violación, narcotráfico y otros delitos están afiliados a partidos políticos
A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, una grave denuncia sacude el escenario político peruano. Una investigación conjunta de RPP Data y El Poder en tus Manos reveló que personas requisitoriadas por delitos como homicidio, violación sexual, narcotráfico y lavado de activos figuran como afiliados activos a partidos políticos en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los casos expuestos está José Antonio Aquino Montoro, con orden de captura desde 2022 por el homicidio del abogado Norberto Haro Espinoza en Huaraz, por quien el Ministerio del Interior ofrece 20 mil soles de recompensa. Le sigue Luis Francisco Pardo Paico, requisitoriado desde 2017 por violación sexual de un menor de edad y con la misma cantidad de recompensa. A ellos se suma Rosa Angélica Ayachi Ojanama, buscada por tráfico ilícito de drogas, con una recompensa de 15 mil soles. Lo alarmante es que estas tres personas, junto a otros 35 requisitoriados más, figuran como afiliados vigentes a partidos políticos que participarán en las Elecciones 2026, según el padrón de afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. La verificación se realizó cruzando los nombres de los 830 requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con el padrón oficial de militantes de partidos. Para el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, esto evidencia una preocupante falta de control interno en las agrupaciones políticas. “Los partidos no filtran o no tienen filtros adecuados, porque muchos incorporan gente de forma fraguada o por favores, contraprestaciones o diferentes razones”, advirtió. Esta situación refleja no solo deficiencias en los procesos de afiliación de las organizaciones políticas, sino también un potencial riesgo para el sistema democrático y la seguridad ciudadana de cara a los próximos comicios.
Brasil justifica el asilo otorgado a la ex primera dama Nadine Heredia
El canciller brasileño, Mauro Vieira, defendió este martes el asilo diplomático otorgado a la ex primera dama peruana Nadine Heredia, quien fue condenada en Perú a 15 años de prisión por lavado de activos. Durante su presentación ante una comisión del Senado de Brasil, Vieira explicó que la decisión de concederle el asilo se basó en razones humanitarias, principalmente por el delicado estado de salud de Heredia, quien recientemente fue sometida a una cirugía mayor en la columna cervical y se encuentra en proceso de recuperación. El canciller también indicó que la medida respondió a la necesidad de salvaguardar el bienestar del hijo menor de la expareja presidencial. Añadió que, además de proteger a Heredia, se buscó evitar una situación prolongada y delicada como la ocurrida en Venezuela, donde opositores permanecieron más de 400 días refugiados en una embajada extranjera. Vieira sostuvo que, dada la urgencia del caso, el Gobierno brasileño dispuso incluso una aeronave de la Fuerza Aérea para trasladar a Nadine Heredia y a su hijo. Asimismo, recordó que la concesión del asilo se amparó en la Convención sobre Asilo Político de 1954. Tras su sentencia en Perú, Nadine Heredia se refugió en la embajada de Brasil en Lima, y posteriormente el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva oficializó el asilo humanitario.
Congreso promulga ley para que medios de comunicación contribuyan en la lucha contra la violencia familiar
El Congreso de la República promulgó la Ley 32351, norma que establece nuevas disposiciones para que los medios de comunicación contribuyan activamente en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Publicada en el diario oficial El Peruano, la ley modifica el artículo 46 de la Ley 30364, disponiendo que los medios, al informar sobre casos de violencia familiar, deben garantizar el respeto de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las víctimas, con especial cuidado en el tratamiento gráfico y de contenido. Además, se establece una franja educativa gratuita a la que podrán acceder las instituciones públicas, y se dispone que los medios de comunicación —escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad, públicos o privados— destinen el 10 % de su programación en horario de protección familiar a contenidos sobre prevención, atención, protección, sanción y reeducación frente a la violencia familiar y de género. El Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días calendario para adecuar el reglamento de la Ley 30364, según la modificación aprobada por insistencia en el Congreso.
Dina Boluarte pedirá permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos
La presidenta Dina Boluarte anunció que solicitará al Congreso de la República autorización para realizar una visita oficial a Estados Unidos. Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), la mandataria confirmó su intención de viajar al país norteamericano, asegurando que confía en que el Parlamento le otorgará el permiso. “Aprovecho la ocasión para agradecer profundamente al vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, por su honorable invitación a visitar su país. Asistiré y confío que en el Congreso prevalecerá el interés nacional, dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones”, expresó Boluarte en su discurso. La jefa de Estado calificó este viaje como una “oportunidad histórica” para avanzar en una agenda común en materia de cooperación bilateral. Detalló además que la invitación del vicepresidente Vance se dio durante un encuentro reciente en Italia, en el marco de la misa de entronización del Papa León XIV. De concretarse, este sería el noveno viaje internacional de Dina Boluarte desde que asumió el cargo. La mandataria ya visitó Estados Unidos en dos ocasiones: en noviembre de 2023 para la Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP) y para la Cumbre de Líderes Económicos del Foro APEC en San Francisco. Cabe recordar que en septiembre de 2024, su solicitud para asistir a la Asamblea General de la ONU fue rechazada por el Pleno del Congreso, lo que generó tensiones políticas y un mensaje a la Nación en el que Boluarte cuestionó la decisión parlamentaria y llamó a dejar de lado intereses personales.
Fiscalía de Brasil le da la razón a ex directivos de OAS y suspende colaboración con Perú
La Fiscalía de Brasil decidió suspender temporalmente su colaboración con el Ministerio Público del Perú en el marco del caso Lava Jato, tras aceptar la queja presentada por exdirectivos de la constructora brasileña OAS. La medida fue dispuesta por la fiscal Anamara Osório Silva, de la secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil. Según informaron medios brasileños, los exdirectivos denunciaron que las autoridades peruanas incumplieron los acuerdos de delación premiada, vulnerando la inmunidad pactada y el principio de especialidad, al denunciarlos en Lima por los mismos hechos que confesaron en Brasil. Uno de ellos alegó incluso haber sido procesado por presunto lavado de activos, pese a contar con protección legal en el marco del acuerdo. La decisión afecta directamente las investigaciones del proyecto Línea Amarilla, obra adjudicada a OAS en la capital peruana y en la que se presume existieron pagos ilícitos a funcionarios municipales. La Procuraduría brasileña sostuvo que Perú debe respetar los beneficios legales concedidos a los colaboradores mientras use pruebas derivadas de sus confesiones. De momento, la suspensión de cooperación se mantendrá “hasta tanto se reciban aclaraciones suficientes” por parte de las autoridades peruanas. Voceros de la Procuraduría explicaron que, de garantizarse que no se procesará a los exdirectivos por los hechos admitidos, la asistencia podría restablecerse. Perú es el país con mayor número de implicados en el caso Lava Jato, con tres expresidentes involucrados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Toledo y Humala ya fueron sentenciados, mientras que Kuczynski permanece bajo arresto domiciliario. También está procesada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuyo juicio oral podría adelantarse por solicitud del fiscal José Domingo Pérez.
Exconsejero regional alerta falta de vigilancia sobre Martín Vizcarra en sus desplazamientos por el país
Preocupación por el seguimiento judicial al expresidente Vizcarra Luis Miguel Caya, exconsejero del Gobierno Regional de Moquegua, ha expresado su preocupación por la falta de control y supervisión judicial sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien continúa realizando viajes al interior del país sin mayores restricciones. Según afirmó, no existe un sistema efectivo de vigilancia que asegure que Vizcarra cumpla con las medidas impuestas por el sistema de justicia mientras afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional y presidente de la República. Responsabilidad de las instituciones del Estado Caya fue enfático al señalar que, si el exmandatario logra evadir las acciones de la justicia, ello sería responsabilidad directa de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Gobierno actual. Para el exconsejero, resulta alarmante que una figura de alto perfil, con procesos penales en curso, tenga libertad de desplazamiento sin un monitoreo adecuado por parte de las autoridades correspondientes. Recordó que las investigaciones que enfrenta Vizcarra están relacionadas con presuntos cobros indebidos de coimas por contratos de obras públicas, así como con el caso “Club de la Construcción”, uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel nacional. Debate sobre igualdad ante la ley Estas declaraciones han reactivado el debate sobre la igualdad ante la ley y la eficacia de las medidas cautelares impuestas a exfuncionarios públicos. Diversos sectores cuestionan que figuras como el expresidente Vizcarra, pese a las acusaciones graves en su contra, continúen en libertad y participen activamente en eventos públicos o viajes, mientras otros investigados por delitos similares se encuentran con restricciones severas o en prisión preventiva. También se ha planteado la necesidad de evaluar posibles omisiones por parte del Ministerio del Interior y el sistema penitenciario, en relación con la ejecución de resoluciones judiciales que limiten la movilidad de personas procesadas por corrupción. Contexto político y percepción ciudadana Martín Vizcarra sigue siendo una figura política controversial. Aunque inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y actividades públicas, lo que refuerza el malestar de algunos sectores respecto al tratamiento judicial de su caso. Las advertencias lanzadas por Caya resaltan la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema de justicia, y subrayan la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización judicial y cumplimiento de medidas coercitivas en casos de alta relevancia pública.
Katherine Ampuero cuestiona al JNE y exige anulación de partidos presuntamente inscritos con firmas falsas
Denuncia presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones La abogada y exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero ha presentado una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exigiendo la anulación de partidos políticos presuntamente inscritos de forma irregular, mediante el uso de firmas falsas o suplantadas. En declaraciones públicas, Ampuero advirtió que, de no proceder con esta medida, el JNE estaría encubriendo actos delictivos que atentan contra la legalidad electoral. Motivación y carácter ciudadano de la denuncia Ampuero ha subrayado que su denuncia no responde a intereses partidarios, y que ha sido planteada en calidad de ciudadana y abogada independiente, desligándose así de cualquier coordinación con el partido Renovación Popular o con su líder, Rafael López Aliaga. La exprocuradora negó haber sostenido conversaciones con dicho político, enfatizando que su actuación busca proteger la legitimidad del sistema democrático y el respeto al marco jurídico electoral. Gravedad de las acusaciones La exprocuradora sostiene que existen indicios serios de que algunos partidos políticos lograron su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas utilizando documentación adulterada o firmas de ciudadanos sin consentimiento, lo cual constituiría un delito de falsificación y suplantación de identidad. Afirmó que permitir que estas organizaciones participen en elecciones representa una amenaza directa a la transparencia y limpieza del proceso democrático. En ese sentido, instó al máximo órgano electoral del país a tomar acciones inmediatas para investigar a fondo los procesos de inscripción de estos partidos y, de comprobarse las irregularidades, proceder a su cancelación. Implicancias para la institucionalidad electoral Las declaraciones de Ampuero vuelven a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización electoral, en un contexto en el que se acerca el inicio del proceso electoral 2026. Además, genera presión sobre el JNE, institución que ha estado en el centro de controversias políticas en los últimos años, en especial en relación con la verificación de firmas y la inscripción de nuevas agrupaciones. De no tomarse medidas claras y transparentes, advierten algunos analistas, podría generarse un clima de desconfianza ciudadana hacia las elecciones y abrirse espacio para cuestionamientos posteriores sobre la legalidad de los comicios.
