Ley que impone franja informativa del 10% a medios fue aprobada sin debate en el Congreso
Aprobación sin discusión parlamentaria El Congreso de la República aprobó por insistencia una ley que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10% de su programación a contenidos educativos sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Durante la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2024, la única intervención fue de la congresista Mery Infantes, autora del proyecto, quien expuso durante cuatro minutos. No se registraron más participaciones ni debates entre los legisladores antes de la votación. Contenido de la norma La ley modifica el artículo 46 de la Ley 30364, estableciendo que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deben ceder gratuitamente el 10% de su programación para la difusión de contenidos orientados a la sensibilización y prevención de la violencia de género. Estos contenidos serán proporcionados por instituciones públicas del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y deberán emitirse en horarios de protección familiar. Reacciones y críticas La aprobación de la ley sin un debate amplio ha generado críticas por parte de diversos sectores. Organizaciones como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) han expresado su preocupación, señalando que la medida representa una forma de intervención estatal en la línea editorial de los medios de comunicación, lo que podría vulnerar la libertad de prensa y expresión. Asimismo, se ha cuestionado la falta de discusión parlamentaria previa a la aprobación de una norma que impacta directamente en la labor de los medios. Posición del Ejecutivo El Ejecutivo había observado previamente la ley, argumentando que la imposición de contenidos obligatorios a los medios podría ser interpretada como una invasión a su autonomía. Sin embargo, tras la aprobación por insistencia del Congreso, el Gobierno ha señalado que examinará la norma y aseguró que no utilizará los medios de comunicación con fines ajenos a los establecidos por la ley.
Consejo de la Prensa Peruana rechaza ley que impone franja informativa obligatoria
Contexto de la ley aprobada El Congreso de la República ha aprobado por insistencia una modificación a la Ley 30364, que obliga a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a destinar el 10% de su programación a contenidos educativos sobre la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta franja informativa debe transmitirse en horarios de protección familiar y será utilizada por instituciones públicas del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha expresado su rechazo a esta medida, calificándola como una forma de censura encubierta que atenta contra la libertad de prensa y la independencia editorial de los medios de comunicación. Según el CPP, la imposición de una franja informativa obligatoria representa una interferencia directa del Estado en los contenidos periodísticos, lo que podría derivar en la difusión de información con fines propagandísticos y no necesariamente orientada a la sensibilización sobre la violencia de género. Críticas y preocupaciones Diversos especialistas y organizaciones periodísticas han manifestado su preocupación por esta norma. Argumentan que, si bien la lucha contra la violencia de género es una causa legítima y urgente, no debe ser utilizada como pretexto para imponer contenidos desde el Estado, ya que esto vulnera principios fundamentales como la pluralidad informativa, la contrastación de hechos y la autonomía de los medios. Llamado a la derogación de la norma Ante esta situación, el CPP y otras entidades han instado al Congreso a derogar la ley y a buscar mecanismos alternativos que promuevan la sensibilización sobre la violencia de género sin comprometer la libertad de expresión ni la independencia de los medios de comunicación.
Martín Vizcarra reafirma su compromiso de enfrentar la justicia peruana
Declaraciones del exmandatario En una reciente entrevista, el expresidente Martín Vizcarra reiteró su disposición a enfrentar los procesos judiciales en su contra y descartó cualquier intento de evadir la justicia. Afirmó: «Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada». Estas declaraciones surgen en medio de las investigaciones por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Proceso judicial en curso Vizcarra enfrenta un juicio por presunto cohecho pasivo propio relacionado con la adjudicación de obras públicas, como el Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión. El exmandatario ha negado las acusaciones y sostiene que se trata de una campaña mediática para desacreditarlo. Intención de postular a la presidencia A pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos debido al caso «Vacunagate», Vizcarra ha manifestado su intención de postular a las elecciones presidenciales de 2026. Actualmente, lidera las encuestas de intención de voto con un 15.1% de respaldo. Ha presentado una medida cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para revertir su inhabilitación, alegando persecución política y violación de sus derechos políticos. Compromiso con sus seguidores Vizcarra enfatizó su compromiso con los ciudadanos que lo respaldan: «Imagínense cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí si digo una cosa y no la cumplo». Aseguró que estará presente durante la lectura de su sentencia y confía en que será absuelto de los cargos.
Nueva derrota de López Aliaga en tribunales de EE. UU. en caso contra Brookfield
Resumen Ejecutivo El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sufrido una nueva derrota legal en su intento por obtener documentos de la empresa canadiense Brookfield relacionados con la adquisición de acciones de Rutas de Lima a Odebrecht. El juez federal Lewis J. Liman desestimó la solicitud presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), argumentando que no se demostró que la MML fuera una parte agraviada ni que tuviera derecho a acceder a la información solicitada. Antecedentes del Caso En 2016, Brookfield adquirió el 57% de las acciones de Rutas de Lima a Odebrecht, empresa brasileña implicada en casos de corrupción en América Latina. La MML, bajo la gestión de López Aliaga, contrató al estudio de abogados neoyorquino Boies Schiller Flexner por más de S/97 millones para litigar contra Brookfield en tribunales estadounidenses, alegando que la adquisición de las acciones se realizó con conocimiento de actos de corrupción previos. Decisión Judicial El juez Liman rechazó la solicitud de la MML para que Brookfield entregara documentos relacionados con la compra de acciones, indicando que la municipalidad no demostró ser una parte interesada o agraviada en el proceso. Esta decisión representa un revés significativo para López Aliaga, quien había expresado confianza en obtener una victoria «por goleada» en los tribunales de EE. UU. Implicaciones y Reacciones Esta derrota se suma a otras decisiones desfavorables para la MML en arbitrajes internacionales relacionados con Rutas de Lima. En 2024, la jueza federal Ana Reyes desestimó una demanda de la MML que pretendía anular laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima, ordenando al municipio limeño pagar US$200 millones en compensación. La insistencia de López Aliaga en litigar en tribunales extranjeros, argumentando desconfianza en la justicia peruana, ha generado críticas debido al elevado gasto público sin resultados favorables hasta la fecha.
Gobierno establece nuevos requisitos para designar al jefe del INPE y directores de penales
En respuesta al incremento de detenciones y a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario nacional, el Gobierno ha dispuesto la implementación de nuevos requisitos para la designación del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los directores de establecimientos penitenciarios. Esta medida busca fortalecer la gestión carcelaria y garantizar la idoneidad de quienes lideran las instituciones responsables de la custodia de internos. Reforma ante contexto crítico en regiones como La Libertad La decisión se produce en un momento en el que el sistema penitenciario atraviesa una etapa de presión debido al aumento de capturas por operativos policiales, particularmente en regiones afectadas por el crimen organizado, como La Libertad. La medida busca asegurar que los funcionarios a cargo de los penales cuenten con el perfil profesional y ético necesario para enfrentar contextos de alta complejidad. La norma establece que tanto el jefe del INPE como los directores de penales deberán acreditar formación académica específica, experiencia en gestión penitenciaria y no contar con antecedentes penales ni investigaciones fiscales vigentes. Objetivo: mejorar la gobernabilidad y seguridad penitenciaria Con esta reforma, el Ejecutivo apunta a reforzar la capacidad institucional del sistema penitenciario y prevenir actos de corrupción o colusión dentro de los establecimientos penitenciarios, donde históricamente se han reportado irregularidades. Se busca, además, consolidar un modelo de gestión más profesional, que priorice la seguridad interna, la rehabilitación de los internos y el respeto a los derechos humanos. El Ministerio de Justicia ha señalado que estos cambios son parte de un plan integral de fortalecimiento del INPE, el cual incluye, además, el uso de tecnologías de vigilancia, programas de capacitación al personal y mejoras en infraestructura penitenciaria. Un paso hacia un sistema penitenciario más eficiente y transparente Especialistas en políticas públicas consideran que la meritocracia y los estándares de integridad son fundamentales para mejorar la gobernanza penitenciaria. En ese sentido, los nuevos requisitos representan un avance hacia la construcción de una institucionalidad más sólida, capaz de resistir las presiones del crimen organizado y de garantizar una administración penitenciaria con enfoque técnico y humano.
Gobierno oficializó nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante del Perú ante la ONU
El Gobierno oficializó este jueves el nombramiento del expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, como nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos. A través de la Resolución Suprema 070-2025-RE, publicada en el diario oficial El Peruano, se le otorgan las cartas credenciales y plenos poderes para ejercer el cargo. El documento lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del canciller Elmer Schialer. Según precisa la norma, la fecha en que Adrianzén asumirá oficialmente sus funciones será fijada mediante una resolución ministerial. En paralelo, mediante otra resolución, se dieron por concluidas las funciones del embajador en situación de retiro, Armando Román, quien ocupaba hasta ahora la representación peruana ante las Naciones Unidas. Adrianzén fue representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde febrero de 2023 hasta marzo de 2024, mes en que asumió la Presidencia del Consejo de Ministros. Tras conocerse el nombramiento, el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destacó que su antecesor cuenta con todas las cualidades necesarias para asumir esta nueva responsabilidad. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, subrayó que Adrianzén posee formación diplomática y experiencia en organismos multilaterales, considerándolo una designación oportuna para la representación peruana ante la ONU.
Ministro de Justicia plantea uso de grilletes electrónicos como medida para reducir el hacinamiento en penales
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, destacó recientemente la implementación de grilletes electrónicos como una herramienta fundamental para enfrentar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Esta medida busca modernizar el sistema penitenciario y garantizar una administración más eficiente de las penas alternativas a la prisión efectiva. Una estrategia frente al colapso del sistema penitenciario El hacinamiento carcelario es uno de los problemas estructurales más graves del sistema de justicia penal en el Perú. Con más de 90 mil internos y una capacidad instalada que bordea los 40 mil, el país enfrenta una crisis que afecta tanto a la seguridad como a la rehabilitación efectiva de los privados de libertad. En ese contexto, el Ministerio de Justicia considera que el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, como los grilletes, permitirá monitorear a personas con condenas menores o en prisión preventiva sin necesidad de reclusión física, contribuyendo a descongestionar los penales y reduciendo costos operativos para el Estado. Modernización y respeto a los derechos humanos La implementación de esta tecnología responde también a un enfoque de reinserción social y respeto a los derechos fundamentales, pues permite que ciertos sentenciados cumplan sus condenas bajo supervisión, pero sin perder por completo su vínculo con el entorno laboral o familiar. Este modelo ya se ha probado con éxito en otros países de la región y busca replicarse de manera progresiva en el Perú. El ministro Arana indicó que el objetivo es ampliar su uso, priorizando casos que no representen peligro para la sociedad, como delitos menores, y garantizando un estricto sistema de control digital y georreferenciado que permita el seguimiento constante de los beneficiarios del programa. Una inversión en seguridad y justicia Desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que esta medida no solo es humanitaria, sino también estratégica. El uso de grilletes electrónicos reduce significativamente los costos del sistema penitenciario, al evitar el ingreso de nuevos internos y limitar la necesidad de construir más centros de detención. Asimismo, se subrayó que esta herramienta no sustituye la función judicial, sino que actúa como un complemento al trabajo de jueces y fiscales, quienes deberán evaluar su aplicación caso por caso.
Gobierno impulsa el emprendimiento con más de 25 millones de soles en financiamiento a ganadores de concurso nacional
En un acto oficial encabezado por la presidenta Dina Boluarte, el Gobierno del Perú reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y productivo del país al entregar más de 25 millones de soles en financiamiento directo a más de 330 emprendedores, ganadores del concurso nacional organizado por el Ministerio de la Producción (Produce). Apoyo a la innovación y el crecimiento empresarial La entrega de estos recursos forma parte del programa ProInnóvate, iniciativa del Ministerio de la Producción que busca fortalecer las capacidades de innovación, digitalización, sostenibilidad y escalamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a nivel nacional. Los beneficiarios fueron seleccionados a través de un proceso competitivo que priorizó propuestas con alto potencial de impacto en sus comunidades y sectores productivos. El financiamiento otorgado será destinado a impulsar mejoras tecnológicas, aumentar la competitividad y generar nuevas oportunidades laborales en diversas regiones del país. Mensaje presidencial: más oportunidades para los emprendedores peruanos Durante la ceremonia de entrega, la presidenta Boluarte resaltó que el objetivo del Gobierno es seguir abriendo caminos reales de progreso para todos los peruanos que apuestan por el emprendimiento, la innovación y el trabajo formal. Enfatizó que las políticas públicas deben estar al servicio de quienes se esfuerzan por salir adelante con creatividad y esfuerzo, especialmente en un contexto de recuperación económica. Asimismo, destacó que estas inversiones en capital emprendedor no solo fortalecen la economía nacional, sino que también promueven el desarrollo descentralizado y la inclusión económica, acercando el apoyo del Estado a emprendedores de todas las regiones del país. Emprendimiento regional y mirada al futuro Los proyectos ganadores provienen de sectores diversos como agroindustria, tecnología, comercio, manufactura, turismo y servicios. Entre ellos se encuentran propuestas con enfoque en sostenibilidad ambiental, transformación digital y generación de valor agregado, lo que evidencia una nueva generación de emprendedores con visión global y compromiso local. Desde el Ministerio de la Producción se anunció que en los próximos meses se lanzarán nuevas convocatorias orientadas a financiar emprendimientos femeninos, iniciativas rurales y startups tecnológicas, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y consolidar una red nacional de innovación.
Planilla del Congreso crece: en promedio, 28 trabajadores por cada legislador
El Congreso de la República del Perú ha sido nuevamente objeto de cuestionamientos públicos tras revelarse que, actualmente, cada congresista cuenta en promedio con 28 trabajadores asignados, entre personal de confianza, asesores y técnicos. Esta situación ha generado debate por el uso de recursos públicos en un contexto económico nacional que exige austeridad y eficiencia. Crecimiento sostenido del aparato administrativo Según los registros del Parlamento, el número de trabajadores del Congreso ha venido aumentando de manera progresiva en los últimos periodos legislativos. Esta tendencia se refleja en la contratación de personal adicional, no solo en los despachos congresales, sino también en áreas administrativas y logísticas. Aunque cada legislador tiene derecho a conformar su equipo de trabajo, analistas advierten que el crecimiento de la planilla no siempre se traduce en mejoras sustanciales en la producción legislativa ni en el servicio que el Congreso brinda a la ciudadanía. Uso de recursos públicos bajo la lupa Este incremento en la cantidad de trabajadores implica también una carga considerable sobre el presupuesto institucional. El Congreso cuenta con una partida anual que cubre remuneraciones, bonificaciones, servicios y otros beneficios laborales para todo su personal. La elevada proporción de trabajadores por legislador ha llevado a diversos sectores a exigir una revisión del uso de estos recursos, en línea con criterios de racionalidad y transparencia. Asimismo, se ha puesto en tela de juicio el perfil de algunos contratados, debido a denuncias sobre presuntos casos de contrataciones por vínculos políticos o personales, más que por méritos técnicos o profesionales. Reacciones desde la ciudadanía y propuestas de reforma El crecimiento de la planilla ha generado malestar en sectores de la ciudadanía, que cuestionan que mientras se exigen sacrificios a otros poderes del Estado y entidades públicas, el Legislativo mantenga estructuras sobredimensionadas sin rendir cuentas claras sobre su eficiencia. Frente a este panorama, se han reactivado propuestas de reforma parlamentaria que incluyen la reducción de personal, la estandarización de criterios para contrataciones y la implementación de mecanismos de evaluación del rendimiento de los equipos congresales.
Nueva ley del Congreso sobre violencia contra la mujer genera preocupación por posible control mediático
La reciente aprobación de una ley en el Congreso de la República que establece obligaciones para los medios de comunicación respecto a la lucha contra la violencia hacia la mujer ha generado diversas reacciones, especialmente entre gremios periodísticos y comunicadores. La norma, bajo el argumento de promover campañas de concientización, ha sido cuestionada por su posible impacto sobre la libertad de prensa. Contenido y alcance de la ley aprobada El proyecto legislativo en cuestión plantea que los medios de comunicación deben colaborar activamente en la difusión de contenidos orientados a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la obligatoriedad de emitir mensajes educativos y campañas estatales en horarios establecidos. Aunque el propósito declarado es fortalecer la sensibilización en temas de género, el texto legal otorga al Estado la facultad de determinar las directrices de estos mensajes, lo que ha encendido alertas en distintos sectores. Preocupaciones por posible injerencia estatal en medios Diversas asociaciones de prensa y expertos en libertad de expresión han advertido que esta norma podría abrir la puerta a formas de control mediático, al permitir que el Ejecutivo oriente el contenido de las campañas bajo la justificación de “informar a la ciudadanía”. Se teme que, en la práctica, esta disposición termine siendo utilizada para fines propagandísticos o de legitimación política, reduciendo la autonomía editorial de los medios independientes. Los comunicadores también señalan que esta obligación impuesta no va acompañada de mecanismos claros de financiamiento, lo que podría sobrecargar a medios regionales y comunitarios que ya operan con recursos limitados. Reacciones desde la sociedad civil y el ámbito legal Organizaciones de defensa de derechos humanos reconocen la importancia de combatir la violencia de género, pero coinciden en que el enfoque de la ley debe garantizar el respeto a la pluralidad informativa y a la independencia periodística. Consideran que la promoción de campañas de prevención debe realizarse en alianza con los medios, no mediante imposiciones centralizadas. Por su parte, especialistas en derecho constitucional han advertido que algunas disposiciones del texto aprobado podrían ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional, en caso se compruebe que vulneran el principio de libertad de expresión protegido por la Carta Magna.
