Congreso Suspende Beneficios Logísticos a Ollanta Humala tras Condena Judicial
Decisión de la Mesa Directiva del Congreso La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó suspender los beneficios logísticos otorgados al expresidente Ollanta Humala Tasso, quien actualmente cumple una condena de 15 años de prisión por lavado de activos agravado. Esta medida se basa en la facultad del Congreso para suspender o cancelar beneficios concedidos a expresidentes mediante acuerdos de Mesa, especialmente cuando estos han sido otorgados a título de liberalidad. Beneficios Suspendidos Los beneficios suspendidos incluyen:Préstamo de vehículo oficial Dotación de 150 galones de combustible mensuales Asignación de un asistente bajo contrato administrativo de servicios (CAS) Estos beneficios habían sido autorizados previamente mediante el Acuerdo 078-2016-2017/MESA-CR. Situación de la Pensión Vitalicia A pesar de la suspensión de los beneficios logísticos, el expresidente Humala continuará percibiendo su pensión vitalicia, conforme a lo establecido en la Ley 26519. Esta ley estipula que la pensión solo puede ser suspendida si el Congreso formula una acusación constitucional contra el expresidente, lo cual no ha ocurrido en este caso. Contexto Judicial Ollanta Humala fue condenado por recibir aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, provenientes del gobierno de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Actualmente, cumple su condena en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate. Reacciones y Próximos Pasos La defensa del expresidente ha señalado que cualquier decisión sobre la suspensión de beneficios debería haberse tomado después de que se resolviera la apelación de la condena. Mientras tanto, el Congreso mantiene su postura, considerando que los beneficios suspendidos fueron otorgados sin contraprestación y que su continuidad no es obligatoria.
Congreso Aprueba Dictamen que Permite Campaña Política Durante la Semana de Representación
Modificación al Reglamento del Congreso La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó, con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, un dictamen que modifica el Reglamento del Congreso para permitir que los parlamentarios expresen, defiendan y promuevan sus posiciones ideológicas, programáticas y partidarias durante la semana de representación, sin que ello constituya una infracción al principio de neutralidad. Esta modificación se incorpora mediante el nuevo artículo 25-A del reglamento. Detalles de la Propuesta La iniciativa, presentada el 23 de mayo de 2025, fue impulsada por el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular y respaldada por legisladores de diversas bancadas, incluyendo Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Podemos Perú. El dictamen fue elaborado, debatido y aprobado en un plazo de poco más de una semana. El texto aprobado establece que los parlamentarios pueden realizar actividades proselitistas durante la semana de representación, siempre que no coincidan con los horarios de sesiones del Pleno o de las comisiones a las que pertenezcan, a menos que soliciten una licencia sin goce de haber. Controversia y Críticas La aprobación de esta modificación ha generado críticas por parte de diversos sectores, que consideran que podría vulnerar el principio de neutralidad en la función pública y permitir el uso de recursos estatales para fines partidarios. Especialistas en materia electoral advierten que esta medida podría generar una ventaja indebida para los congresistas que busquen la reelección o postulen a otros cargos en las elecciones generales de 2026. Próximos Pasos El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución será sometido a debate y votación en el Pleno del Congreso en los próximos días. De ser aprobado, la modificación al reglamento entrará en vigor, permitiendo a los congresistas realizar actividades proselitistas durante la semana de representación en el contexto del proceso electoral en curso.
Capturan a Armero de la PNP Vinculado a la Banda de ‘El Monstruo’
Desarticulación de una Red Criminal Infiltrada en la PNP En un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, se logró la detención de 27 presuntos integrantes de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Entre los detenidos destaca el suboficial PNP Georgi Araujo Alva, quien desempeñaba funciones en la Armería de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Séptima Región Policial Lima. Araujo es acusado de proporcionar armamento e información confidencial a la banda, facilitando así sus actividades delictivas Implicación Familiar en la Estructura Criminal La operación también resultó en la captura de Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de ‘El Monstruo’, en su domicilio en Ica. En el lugar se hallaron artefactos explosivos y evidencia de transferencias financieras relacionadas con actividades ilícitas. Las investigaciones indican que Hernández de la Cruz desempeñaba un papel crucial en el manejo y transferencia de fondos obtenidos mediante extorsiones, utilizando diversas cuentas bancarias tanto en el Perú como en el extranjero. Golpe al Financiamiento del Crimen Organizado Las autoridades consideran que estas detenciones representan un golpe significativo a la estructura financiera y operativa de la organización criminal. La captura de miembros clave, incluyendo a familiares directos de ‘El Monstruo’, debilita la capacidad de la banda para continuar sus actividades delictivas y facilita la labor de las fuerzas del orden en la identificación y persecución de otros integrantes. Continuación de las Investigaciones La PNP y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para desarticular completamente la red criminal y llevar a todos sus miembros ante la justicia. Se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda contribuir a este objetivo, garantizando la confidencialidad y protección de los denunciantes.
Alarma en Pataz: minería ilegal convierte a la provincia liberteña en zona de violencia e impunidad
Grave situación de seguridad en la sierra de La Libertad La provincia de Pataz, ubicada en el ande de La Libertad, atraviesa una alarmante crisis de seguridad debido al avance incontrolado de la minería ilegal. En los últimos meses, esta actividad ilícita no solo ha causado daños ambientales y económicos, sino que ha desatado una ola de violencia marcada por enfrentamientos armados, desapariciones y asesinatos cuya impunidad revela la débil presencia del Estado. El reciente hallazgo de restos humanos en una zona minera ha puesto en evidencia la ferocidad con la que operan bandas armadas vinculadas a la extracción ilegal de oro, en una dinámica que incluye sicariato, extorsión y control territorial. Una tierra sin ley: crimen organizado en expansión Según fuentes locales y reportes de las autoridades, diversas organizaciones criminales se disputan el control de minas informales, recurriendo a la violencia para eliminar a sus rivales o amedrentar a trabajadores que no se someten a sus condiciones. Los llamados “gatilleros” —sicarios contratados— operan con total impunidad, aprovechando la falta de presencia efectiva de las fuerzas del orden y el limitado accionar del sistema judicial. Los pobladores viven atemorizados y muchas zonas son consideradas inaccesibles incluso para la Policía Nacional, que enfrenta restricciones logísticas y riesgos extremos para intervenir. Factores que agravan el problema El crecimiento de la minería ilegal en Pataz no es reciente, pero ha alcanzado niveles críticos por varios factores: Impacto social y ambiental Además de la pérdida de vidas humanas, la minería ilegal en Pataz ha generado una devastación ambiental significativa, contaminando fuentes de agua y dañando ecosistemas frágiles. Asimismo, ha debilitado el tejido social, provocando desplazamientos, pérdida de confianza en las instituciones y un incremento del miedo en las comunidades locales. La falta de justicia en los crímenes cometidos refuerza la percepción de que Pataz se ha convertido en una “zona liberada” para el crimen organizado, lo cual representa un grave riesgo para la estabilidad regional. Llamado urgente a la acción estatal Diversos sectores han exigido al Gobierno central un plan integral de intervención multisectorial, que no solo considere acciones policiales, sino también políticas de desarrollo alternativo, formalización minera, justicia efectiva y presencia continua del Estado. La situación de Pataz debe ser abordada como una prioridad nacional, dada su magnitud y consecuencias para la seguridad y la gobernabilidad.
Inversión pública en Perú supera los S/ 19,000 millones entre enero y mayo de 2025
Resultados positivos en la ejecución del gasto público El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha informado que, entre enero y mayo de 2025, la inversión pública en el país alcanzó los S/ 19,347 millones, reflejando un ritmo sostenido en la ejecución de proyectos a nivel nacional. Este resultado representa un avance significativo en comparación con años anteriores, y responde al esfuerzo articulado de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Participación por niveles de gobierno Durante este periodo, los tres niveles de administración pública han contribuido activamente a dinamizar la inversión estatal: El MEF ha resaltado que esta ejecución presupuestal refleja una mayor eficiencia en la planificación, aprobación y seguimiento de proyectos de inversión pública. Factores que han impulsado este resultado Entre los elementos que han permitido mejorar los niveles de inversión pública durante los primeros cinco meses del año se destacan: Impacto en la economía y desarrollo regional El incremento de la inversión pública genera un efecto positivo en el crecimiento económico y en la mejora de la calidad de vida de la población. Además de dinamizar sectores como la construcción, la contratación de bienes y servicios y el empleo temporal, también contribuye a cerrar brechas históricas en infraestructura básica y acceso a servicios. Este impulso también fortalece la confianza en la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y descentralizado.
Peruanos podrán viajar sin visa a Japón a partir de julio: un nuevo hito en las relaciones bilaterales
Decisión histórica del gobierno japonés A partir del mes de julio, los ciudadanos peruanos podrán ingresar a Japón sin necesidad de visa para estadías de corta duración. Esta medida, anunciada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, marca un importante avance en las relaciones diplomáticas y en la política de acercamiento entre ambos países. El beneficio aplica a los peruanos que viajen con fines turísticos, de negocios o visitas familiares, siempre que la permanencia no supere los 90 días y se cumplan los requisitos migratorios establecidos por el país asiático. Reconocimiento a los vínculos históricos y diplomáticos La supresión del visado ha sido posible gracias a una evaluación positiva por parte del gobierno japonés respecto al perfil migratorio del Perú, así como al fortalecimiento sostenido de los lazos bilaterales. Cabe destacar que Perú alberga una de las comunidades nikkei más importantes del mundo, y Japón representa un socio estratégico en materia económica, tecnológica y cultural. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Torre Tagle) expresó su agradecimiento al gobierno japonés por esta decisión, resaltando que el gesto simboliza un alto nivel de confianza y amistad entre ambas naciones. Facilidades y oportunidades para los peruanos La eliminación de la visa abre nuevas oportunidades para los peruanos interesados en conocer Japón, participar en intercambios comerciales, asistir a eventos internacionales o fortalecer los lazos familiares y culturales con la comunidad japonesa. Entre los principales beneficios destacan: Requisitos y recomendaciones Aunque ya no se requerirá visa, los viajeros peruanos deberán cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias japonesas, tales como: Se recomienda a los ciudadanos informarse con anticipación y verificar las condiciones específicas de ingreso ante la embajada de Japón o en canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Congreso propone resguardar la identidad de denunciantes frente a amenazas del crimen organizado
Propuesta legislativa para reforzar la protección ciudadana En respuesta al aumento de casos vinculados a sicariato, extorsión y represalias contra quienes denuncian actos delictivos, el Congreso de la República ha presentado una iniciativa legal que busca establecer medidas más estrictas para proteger la identidad de los denunciantes. La propuesta legislativa, en trámite ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, plantea una reforma sustancial en los protocolos de reserva de información personal. Un contexto de creciente inseguridad El avance del crimen organizado en diversas regiones del país ha generado un entorno de temor entre los ciudadanos que intentan colaborar con las autoridades. Las amenazas, atentados y actos de violencia contra personas que han proporcionado información sobre actividades ilícitas evidencian la necesidad de contar con mecanismos efectivos de protección. Esta situación afecta no solo a víctimas directas, sino también a testigos, funcionarios públicos y ciudadanos comprometidos con la legalidad. Puntos clave de la propuesta La iniciativa contempla una serie de disposiciones orientadas a garantizar que los datos de identidad de los denunciantes permanezcan en estricta confidencialidad durante todo el proceso de investigación y judicialización. Entre los principales elementos destacan: Importancia de esta reforma Esta propuesta representa un paso importante para fortalecer el Estado de derecho y la participación ciudadana en la lucha contra la criminalidad. La posibilidad de denunciar sin temor a represalias es un componente esencial para que el sistema de justicia funcione de manera efectiva y cuente con el respaldo de la población. A su vez, la ley podría fomentar una cultura de denuncia en sectores donde el silencio ha sido impuesto por el miedo. Proteger al denunciante no solo es un acto de justicia, sino una estrategia clave en la erradicación de redes delictivas que operan con impunidad.
Contraloría alerta sobre inoperatividad de más de 7,600 fusiles adquiridos por el Gobierno
Hallazgos en reciente informe de control La Contraloría General de la República ha emitido una seria advertencia respecto a un lote de armamento recientemente adquirido por el Gobierno para reforzar a la Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata de más de 7,600 fusiles de asalto de última generación, los cuales se encuentran actualmente inoperativos debido a la falta de municiones compatibles. Esta situación fue detectada en una auditoría a los procesos de adquisición y logística del armamento policial. Detalles del armamento adquirido Los fusiles fueron adquiridos con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden frente a amenazas del crimen organizado y actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal. Sin embargo, a pesar de contar con equipamiento de alta tecnología, el armamento permanece almacenado y sin uso, al no haberse garantizado la provisión simultánea de las municiones requeridas. La falta de planificación integral en el proceso de compra ha generado un desfase logístico que impide que estas armas cumplan su función estratégica en materia de seguridad ciudadana. Impacto en la seguridad y uso de recursos públicos Este caso pone en evidencia una deficiencia significativa en la gestión pública relacionada con adquisiciones críticas. La inversión realizada —de considerable magnitud económica— no está generando valor operativo en la actualidad. Entre los impactos identificados destacan: Recomendaciones y medidas esperadas La Contraloría ha exhortado al Ejecutivo y a las entidades competentes a tomar acciones inmediatas para resolver esta situación. Se espera que se agilicen los procesos para la adquisición de las municiones correspondientes o, en su defecto, se realicen las gestiones necesarias para asegurar su fabricación local o importación en el corto plazo. Asimismo, se recomienda implementar mecanismos de control y seguimiento más rigurosos en futuras compras del sector Defensa y Seguridad, priorizando criterios de operatividad, compatibilidad técnica y eficiencia presupuestal.
Proponen eliminar la ATU y devolver el control del transporte urbano a municipalidades de Lima y Callao
Iniciativa legislativa en debate En el Congreso de la República, se ha presentado un proyecto de ley que plantea la derogación del marco legal que dio origen a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa legislativa, impulsada por la parlamentaria Patricia Chirinos, propone restituir las competencias sobre la gestión del transporte urbano a las municipalidades metropolitanas de Lima y del Callao. ¿Qué es la ATU y por qué se busca su eliminación? La ATU fue creada en 2018 como un organismo técnico especializado encargado de planificar, regular y supervisar el transporte terrestre en Lima y Callao, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir la informalidad y promover un sistema de movilidad más integrado y moderno. Sin embargo, la propuesta legislativa cuestiona la efectividad de esta entidad, alegando centralismo, duplicidad de funciones y una creciente burocracia. Se argumenta que el modelo de la ATU ha impedido a las autoridades locales ejercer un control directo sobre el transporte público en sus respectivas jurisdicciones. Posibles implicancias de la propuesta De aprobarse esta ley, las funciones de planificación, regulación y fiscalización del transporte urbano retornarían a las municipalidades, lo que representaría un giro radical en la política de movilidad urbana metropolitana. Las implicancias más relevantes incluyen: Reacciones y debate político Diversos sectores políticos y expertos en movilidad urbana han manifestado preocupación frente a esta propuesta. Se destaca la necesidad de evaluar con rigurosidad técnica las consecuencias de modificar la actual institucionalidad del transporte. Mientras algunos respaldan el retorno de competencias a los gobiernos locales, otros alertan sobre un posible retroceso en los avances logrados en planificación del transporte metropolitano.
Advierten graves riesgos en predictamen del Congreso sobre nueva Ley MAPE
Contexto legislativo actual En medio del debate sobre la formalización de la minería en pequeña escala, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha elaborado un predictamen que busca dar forma a la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE). Esta propuesta pretende reemplazar el marco legal actual que rige al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente desde 2012. Una nueva versión del Reinfo Especialistas y actores del sector han advertido que este predictamen, lejos de representar un avance en la regulación de la minería informal, constituye un intento de recrear un nuevo Reinfo bajo otro nombre. El documento legislativo incluye disposiciones que extenderían nuevamente los plazos para que los mineros informales accedan a un proceso de formalización, sin establecer controles ni exigencias técnicas claras. Esto generaría una situación de alta permisividad, fomentando la expansión de operaciones mineras sin supervisión ambiental ni laboral adecuada, con consecuencias negativas tanto para las comunidades como para los ecosistemas. Riesgos identificados El predictamen contempla la creación de un nuevo padrón, denominado Renapmat (Registro Nacional de Productores Mineros Artesanales y en Pequeña Escala), con características similares al antiguo Reinfo. Según observaciones técnicas, este nuevo sistema no establece filtros reales para diferenciar entre mineros artesanales legítimos y actores vinculados a la minería ilegal o al crimen organizado. Los principales riesgos identificados incluyen: Llamado a la reflexión institucional Desde diversas instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil, se ha exhortado al Congreso a no aprobar el predictamen en su forma actual. Se propone, en cambio, un enfoque más riguroso, que promueva una verdadera formalización minera: sostenible, con criterios técnicos, y alineada con las metas nacionales de lucha contra la minería ilegal y la protección del medio ambiente.
