Carlos Hernández, presidente del Parlacen, destaca el modelo Bukele como estrategia de recuperación del Estado en El Salvador
Seguridad, justicia y control estatal: pilares de un nuevo enfoque regional Durante una reciente declaración pública, Carlos Hernández, presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), destacó los resultados del modelo de seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, calificándolo como una estrategia que ha logrado recuperar el control del Estado, garantizar el orden público y restituir la dignidad de miles de víctimas de la violencia. Según Hernández, la lucha contra las pandillas no ha sido solamente un tema de seguridad ciudadana, sino una profunda reconstrucción institucional, donde se prioriza el principio de autoridad y la aplicación firme de la ley. El caso salvadoreño ha captado la atención internacional por sus resultados inmediatos en la reducción de la criminalidad, aunque también ha generado debates por el uso de medidas excepcionales. El modelo Bukele: entre el orden y la controversia El denominado «modelo Bukele» ha estado marcado por una política de seguridad integral, basada en tres pilares: orden, cárcel y poder del Estado. Esto ha implicado la implementación de un régimen de excepción, la construcción de megacárceles, y una intensificación de operativos militares y policiales contra estructuras criminales como la MS-13 y Barrio 18. En palabras de Hernández, este modelo no solo ha permitido una drástica caída en las tasas de homicidio, sino que también ha devuelto la confianza de la población en las instituciones. Sin embargo, reconoció que es fundamental que estos logros vayan acompañados de garantías de derechos humanos y supervisión democrática. Debate regional sobre seguridad y democracia Las declaraciones de Carlos Hernández se dan en un contexto donde diversos países de América Latina enfrentan desafíos similares relacionados con el crimen organizado, la violencia urbana y la fragilidad institucional. En ese marco, el enfoque salvadoreño ha despertado interés como posible modelo replicable, pero también ha sido objeto de cuestionamientos por organismos internacionales de derechos humanos. Especialistas señalan que, si bien la contundencia en la lucha contra la criminalidad es necesaria, se debe asegurar que esta no derive en abusos de poder, detenciones arbitrarias o debilitamiento del estado de derecho. La clave, según analistas, está en encontrar un equilibrio entre firmeza institucional y respeto a los derechos fundamentales.
Caso Qali Warma: dictan 36 meses de prisión preventiva a funcionario investigado por corrupción en Cajamarca
Poder Judicial toma medida ante presuntos actos de corrupción en programa social El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra un especialista alimentario de la Unidad Territorial de Cajamarca del Programa Qali Warma, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio. Esta decisión forma parte de un proceso más amplio que busca esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar en dicha región. El imputado, cuya identidad ha sido reservada por disposición judicial, es sindicado como parte de una red delictiva que habría favorecido a proveedores a cambio de beneficios económicos, afectando la transparencia del proceso de adjudicación y comprometiendo la calidad del servicio dirigido a miles de escolares en situación de vulnerabilidad. Antecedentes del caso y gravedad de los hechos La medida preventiva fue impuesta tras una evaluación detallada de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, que incluyen registros de conversaciones, movimientos financieros y declaraciones de colaboradores eficaces. El juez del caso determinó que existen indicios suficientes de participación del imputado en una red organizada que operaba al interior del programa estatal, creado para garantizar alimentación gratuita y segura a estudiantes de escuelas públicas. Los delitos investigados se agravan por el carácter social del programa Qali Warma, orientado a mejorar la nutrición infantil y reducir las brechas de acceso en zonas de pobreza. Las presuntas irregularidades no solo constituyen delitos contra la administración pública, sino que también afectan directamente a la niñez peruana, principal beneficiaria del servicio. Medidas contra la corrupción en programas sociales El caso ha generado preocupación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión dentro de los programas sociales administrados por el Estado. Diversos actores han exigido una auditoría amplia en todas las unidades territoriales de Qali Warma y una revisión de los procedimientos de contratación de proveedores. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ente rector del programa, ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones y ha anunciado medidas administrativas para evitar la repetición de estos hechos.
Comisión de la Mujer del Congreso aprueba elevar a 16 años la edad mínima para el consentimiento sexual
Proyecto busca mayor protección para adolescentes frente a abusos La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley N.° 8335, que propone establecer los 16 años como edad mínima legal para el consentimiento sexual en el Perú. La medida, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, busca fortalecer la protección de adolescentes ante situaciones de explotación o abuso por parte de adultos. Actualmente, la legislación peruana reconoce los 14 años como edad mínima para que una persona pueda tener relaciones sexuales con consentimiento, lo cual ha sido duramente cuestionado por diversos sectores sociales y jurídicos que consideran insuficiente dicha edad para garantizar una verdadera autonomía y madurez en la toma de decisiones sexuales. Una reforma legal con impacto en la protección infantil Con esta iniciativa, el Congreso busca adecuar la normativa nacional a estándares internacionales de protección de la infancia, que recomiendan elevar el umbral mínimo de edad para evitar que personas adultas se aprovechen de la vulnerabilidad emocional, psicológica o económica de adolescentes. La propuesta legal establece que toda relación sexual entre un adulto y un menor de 16 años será considerada delito de violación sexual, independientemente de si existió o no consentimiento explícito del menor. Esta modificación endurecería las penas aplicables y reforzaría la capacidad del Estado para actuar frente a situaciones de abuso encubierto bajo figuras de aparente consentimiento. Reacciones diversas en el ámbito político y social La aprobación del dictamen en comisión ha generado reacciones mixtas. Por un lado, colectivos de defensa de derechos de la niñez han respaldado la iniciativa como un paso necesario hacia la protección integral de adolescentes. Por otro lado, algunos sectores han advertido sobre la necesidad de acompañar esta medida con programas educativos que promuevan una educación sexual integral y adecuada a las distintas etapas del desarrollo. Asimismo, se ha planteado el riesgo de que la norma pueda ser malinterpretada o aplicada de forma injusta en casos entre adolescentes de edades similares, por lo que se espera que en el debate en el Pleno se incluya un enfoque de proporcionalidad y contexto. El camino legislativo continúa Tras su aprobación en la Comisión de la Mujer, el dictamen deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso, donde se decidirá su aprobación definitiva. De ser aprobado, se modificaría el Código Penal para reflejar el nuevo estándar de protección. La congresista Jáuregui ha reiterado que esta propuesta no busca criminalizar la vida sexual de los adolescentes, sino protegerlos frente a relaciones desiguales y potencialmente abusivas con adultos.
Congreso aprueba en primera instancia ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP: implicancias y controversias
Iniciativa legislativa genera fuerte debate sobre derechos humanos y justicia transicional El Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone otorgar amnistía a militares y policías involucrados en hechos vinculados al conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y el año 2000. Esta decisión ha sido calificada como un paso significativo en la discusión sobre la memoria histórica y el tratamiento jurídico de los crímenes cometidos en dicho periodo. La medida incluye a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados o condenados por delitos cometidos en operativos contrasubversivos, aun cuando estos casos estén relacionados con violaciones a los derechos humanos. La norma aún requiere una segunda votación para su aprobación definitiva. Alcance del proyecto de ley El dictamen aprobado abarca delitos presuntamente cometidos durante acciones militares o policiales en el marco de la lucha contra el terrorismo, durante dos décadas marcadas por la violencia interna. Bajo esta ley, quedarían sin efecto procesos judiciales, investigaciones fiscales o sentencias firmes que involucren a agentes del Estado en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes. El texto legal establece que se trataría de un acto de amnistía general, invocando la necesidad de “reconocer el sacrificio de las fuerzas del orden” durante una época crítica para la seguridad nacional. No obstante, la aprobación ha generado una amplia polémica en sectores defensores de los derechos humanos. Reacciones divididas entre sectores políticos y civiles Mientras un sector del Parlamento ha defendido la propuesta como un acto de justicia hacia quienes combatieron el terrorismo, otras voces han alertado que la medida podría vulnerar tratados internacionales suscritos por el Perú, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Diversas organizaciones nacionales e internacionales, como instituciones de derechos humanos y representantes de víctimas del conflicto interno, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la amnistía impida la sanción de delitos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía según estándares internacionales. Posibles impactos legales e institucionales De aprobarse en segunda votación, la norma podría generar cuestionamientos constitucionales y eventuales procesos ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sancionado previamente al Estado peruano por casos de impunidad. Además, se pondría en entredicho el principio de justicia transicional, considerado esencial para consolidar la paz y la reparación en sociedades que han atravesado episodios de violencia política. Expertos advierten que una amnistía de este tipo también afectaría la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público en su labor de investigar crímenes graves.
Consejo Nacional de Educación inicia diálogo nacional para definir la ruta estratégica del sector educativo
Un proceso participativo para construir el futuro de la educación El Consejo Nacional de Educación (CNE) ha dado inicio a un amplio proceso de diálogo con actores del sistema educativo y de la sociedad civil, con el propósito de trazar una nueva ruta estratégica para el desarrollo de la educación peruana. Esta iniciativa busca articular visiones, propuestas y compromisos para diseñar políticas sostenibles que garanticen una educación de calidad, inclusiva y con enfoque territorial. La educación como prioridad de Estado El CNE, como órgano consultivo del Ministerio de Educación, impulsa esta convocatoria nacional en un contexto de desafíos estructurales para el sistema educativo, agravados por las brechas de aprendizaje, el déficit de infraestructura y la desigualdad en el acceso a recursos pedagógicos. La propuesta de este nuevo enfoque estratégico busca posicionar a la educación como una prioridad de Estado, con metas claras hacia el bicentenario y más allá. A través de este proceso, se busca recoger aportes de docentes, estudiantes, especialistas, autoridades regionales, representantes indígenas, sector privado y organizaciones sociales. La participación descentralizada será clave para atender las distintas realidades que enfrenta el país, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales. Componentes claves de la nueva estrategia Entre los ejes preliminares identificados por el Consejo se encuentran: Este proceso de diálogo será progresivo, y se espera que sus conclusiones sirvan de base para la formulación de un nuevo Proyecto Educativo Nacional que oriente las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Un llamado a todos los actores educativos El Consejo Nacional de Educación ha invitado a todos los sectores a participar activamente en este proceso de consulta y propuesta. La transformación educativa no es tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida entre instituciones, familias, docentes, estudiantes y sociedad en general.
Cuestionan designación de hermanas en el Congreso vinculadas a APP sin cumplir perfil técnico
Controversia por contrataciones en el Parlamento Un nuevo caso de presunto favorecimiento político ha salido a la luz en el Congreso de la República. Se trata de la contratación de las hermanas Diana y Estefany Dávila, quienes han sido designadas en puestos administrativos pese a no contar con el perfil profesional requerido para sus respectivas funciones. Ambas fueron ubicadas en áreas clave del Legislativo, presuntamente con el respaldo del partido Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por César Acuña. Perfiles profesionales no alineados con las funciones Diana Dávila desempeña funciones en la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Sin embargo, su formación académica incluye estudios técnicos en banca y moda, sin experiencia o capacitación específica en comunicación institucional, relaciones públicas o medios. Por otro lado, su hermana Estefany Dávila ha sido asignada al Área de Administración de Bienes, pese a tener estudios únicamente en negocios internacionales y sin formación demostrable en gestión patrimonial del Estado. Estas designaciones han generado cuestionamientos sobre los criterios aplicados para las contrataciones dentro del Parlamento y han reavivado las denuncias por presunto clientelismo y uso de influencias políticas para acceder a cargos públicos. Alianza para el Progreso bajo la lupa La vinculación de las hermanas con APP ha sido uno de los puntos centrales en el debate público. Diversos analistas y opositores políticos han señalado que este caso refleja una práctica recurrente dentro de ciertos grupos parlamentarios: ubicar a personas allegadas en posiciones estratégicas, priorizando la lealtad política sobre la idoneidad profesional. El hecho ha generado malestar en un contexto donde el Congreso ha sido duramente criticado por su falta de transparencia, gasto excesivo y baja productividad legislativa. Preocupación por meritocracia en el servicio público Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso meritocrático al servicio público. Organismos de la sociedad civil han insistido en que el Estado debe establecer controles más rigurosos para asegurar que los trabajadores del aparato público cuenten con formación técnica adecuada y experiencia relacionada con sus funciones. De no corregirse estas prácticas, advierten, se socava la eficiencia institucional, se afecta la confianza ciudadana y se profundiza la percepción de que las instituciones públicas pueden ser utilizadas con fines partidarios.
Presidenta Dina Boluarte evita responder pregunta de periodista peruana durante visita oficial en Francia
Tensión en medio de actividades diplomáticas Durante su reciente visita oficial a Francia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, protagonizó un momento tenso al negarse a responder la pregunta de una periodista peruana que intentó abordarla en un espacio público. El incidente ocurrió en el marco de su participación en actividades protocolares y encuentros bilaterales con autoridades europeas. “¿Estás grabando?”: la respuesta que marcó el momento Cuando la comunicadora se acercó para formular una consulta directa relacionada con temas de coyuntura nacional, la mandataria reaccionó con una expresión de sorpresa y cierta incomodidad: “¿Estás grabando?”, preguntó, antes de continuar su camino sin emitir una declaración. El hecho fue registrado en video y difundido rápidamente a través de plataformas digitales, generando múltiples reacciones tanto dentro como fuera del país. Críticas sobre la falta de apertura al diálogo con la prensa El comportamiento de la presidenta ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores periodísticos y de opinión pública, que consideran que se trató de una oportunidad perdida para mostrar apertura y rendición de cuentas, especialmente ante la comunidad internacional. En contraste, voceros del Ejecutivo han señalado que la mandataria se encontraba en un contexto no oficial y que no era el momento adecuado para responder preguntas políticas. Este episodio reaviva el debate sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, que ha sido motivo de preocupación desde el inicio de la gestión de Boluarte. Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa han llamado previamente la atención sobre la importancia de mantener canales abiertos de información entre el poder político y la ciudadanía. Un viaje con objetivos diplomáticos, pero también cuestionamientos Cabe señalar que la visita a Francia tenía como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en áreas como tecnología, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el incidente con la periodista ha desviado parcialmente la atención hacia temas internos no resueltos, como los cuestionamientos sobre la gestión presidencial y los recientes casos que involucran a miembros del Ejecutivo.
Congreso impulsará comisión para investigar la muerte del expresidente Alan García
Pleno del Congreso evaluará conformación de grupo especial En una decisión que marca un nuevo capítulo en la historia política del país, la Junta de Portavoces del Congreso de la República ha acordado incluir en la agenda del Pleno la creación de una comisión especial destinada a investigar las circunstancias que rodearon la muerte del expresidente Alan García Pérez. La iniciativa surge con el objetivo de esclarecer posibles responsabilidades vinculadas a su fallecimiento, ocurrido en abril de 2019. Un caso que aún genera interrogantes El fallecimiento de Alan García se produjo el 17 de abril de 2019, en su residencia en Miraflores, en momentos previos a su detención preliminar por parte de la Fiscalía, como parte de las investigaciones del caso Lava Jato. García, quien fue dos veces presidente del Perú, decidió quitarse la vida cuando la Policía se disponía a ejecutar una orden judicial en su contra por presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht. Aunque en su momento se llevaron a cabo indagaciones iniciales, la versión oficial sobre su suicidio no ha logrado disipar completamente las dudas en diversos sectores políticos y sociales, los cuales sostienen que pudo haberse producido una cadena de irregularidades en los procedimientos seguidos por las autoridades judiciales y policiales. Comisión buscará transparencia y esclarecimiento De conformarse, la comisión parlamentaria tendrá como misión recopilar información, revisar documentos oficiales, convocar a testigos y emitir un informe detallado que contribuya a comprender mejor los hechos previos, durante y posteriores al fallecimiento del exmandatario. Esta medida no solo se orienta a determinar posibles fallos o excesos en el operativo judicial, sino también a responder a la demanda de sectores que han exigido transparencia y justicia en torno a este suceso. Reacciones divididas en el ámbito político La propuesta ha generado opiniones divididas dentro del espectro político. Algunos parlamentarios consideran que esta comisión permitirá cerrar un capítulo pendiente con la verdad, mientras que otros advierten que podría tener fines políticos o generar un uso indebido de recursos legislativos. Pese a las discrepancias, el Congreso parece encaminado a debatir formalmente la creación de este grupo de trabajo en las próximas sesiones del Pleno, dando así un paso institucional hacia una revisión más profunda del caso.
Voto de confianza: Congreso acuerda debate de tres horas sin interrupciones ni tiempo extra
1. Contexto del acuerdo parlamentario La Junta de Portavoces del Congreso, presidida por la primera vicepresidenta Patricia Juárez, acordó por unanimidad que el debate sobre el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana Ysa tendrá una duración fija de tres horas, sin minutos adicionales ni interrupciones, en su sesión del jueves 12 de junio a las 09:00 hrs 2. Distribución del tiempo de intervención 3. Base normativa del procedimiento 4. Objetivo del acuerdo 5. Perspectiva institucional
Gobierno impulsa Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 para mejorar conectividad
1. Contexto y anuncio oficial El Premier Eduardo Arana anunció que el gobierno nacional promoverá la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, con el objetivo de avanzar hacia un país más integrado y competitivo. El lanzamiento oficial del plan se realizó el 9 de junio de 2025 2. Objetivos del plan 3. Apoyo técnico e inversión 4. Relevancia para la conectividad nacional 5. Implicancias para la población y economía
