Ministerio Público solicita a la JNJ el acta de nulidad de resolución sobre el caso Benavides
Fiscalía exige documento oficial tras controversia por intento de reincorporación El Ministerio Público ha solicitado formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la remisión del acta de resolución mediante la cual se habría declarado nula la sanción que inhabilitaba a Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema. Esta solicitud ocurre en medio de la creciente controversia generada por el intento de la exfiscal de la Nación de reincorporarse a sus funciones pese a las dudas sobre la legalidad del proceso. La petición fue formulada por la fiscal suprema Delia Espinoza, actual titular del despacho de la Fiscalía de la Nación, con el objetivo de esclarecer si la reposición de Benavides cuenta con respaldo legal válido y debidamente aprobado por el pleno de la JNJ. Dudas sobre la existencia de un pronunciamiento formal El pedido se fundamenta en la necesidad de confirmar si efectivamente existe una resolución debidamente firmada, publicada y notificada que sustente la anulación de la sanción impuesta a Patricia Benavides, quien fue apartada del cargo por presuntas infracciones graves en el ejercicio de sus funciones. Hasta el momento, persiste incertidumbre respecto a si la decisión de nulidad fue adoptada conforme a los procedimientos regulares, ya que trascendió que algunos miembros del pleno de la JNJ habrían firmado un documento fuera de sesión y sin conocer plenamente su contenido, lo que comprometería la validez del acto jurídico. Contexto de tensión entre órganos del sistema de justicia Este nuevo episodio refleja el clima de tensión institucional que se vive entre la Fiscalía y la JNJ, en medio de un caso que ha puesto en tela de juicio la estabilidad del sistema judicial. La falta de transparencia en la emisión de la resolución y la actuación discrecional de algunos funcionarios de la JNJ han sido señaladas por expertos como factores que agravan la crisis de confianza en el aparato estatal. Por su parte, la fiscal Espinoza ha sido enfática al señalar que toda actuación vinculada a la reincorporación de Benavides debe estar sujeta a la legalidad y al respeto del debido proceso. Implicancias legales y administrativas La entrega del acta solicitada será clave para determinar si se incurrió en irregularidades administrativas o si hubo usurpación de funciones. De comprobarse la inexistencia o invalidez del documento, el intento de Patricia Benavides por retornar a su cargo podría ser declarado nulo, lo que abriría la puerta a nuevas sanciones y responsabilidades para los funcionarios implicados en la supuesta aprobación. Mientras tanto, diversas organizaciones jurídicas y de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de claridad en las decisiones de la JNJ, exigiendo mayor transparencia, acceso a la información pública y responsabilidad institucional.
Gobierno ofrece recompensa de S/1 millón para capturar a cabecillas del crimen organizado
Ejecutivo refuerza estrategia de seguridad con incentivos por información clave La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció una medida excepcional como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado en el país. Se trata de una recompensa económica de hasta un millón de soles a quienes proporcionen información certera que permita ubicar y capturar a cabecillas de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Esta iniciativa, impulsada por el jefe del Gabinete Ministerial durante su reciente presentación ante el Congreso de la República, se enmarca en la política de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y representa una acción directa frente al avance de redes criminales que operan en distintas regiones del país. Foco en líderes de bandas criminales y mafias organizadas La medida está dirigida específicamente a lograr la detención de individuos que ocupan posiciones de liderazgo dentro de estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y otras modalidades de crimen organizado. El objetivo es debilitar el mando operativo de estas redes, atacando su núcleo de dirección y financiamiento. Según lo anunciado por la PCM, la información proporcionada será manejada bajo estricta confidencialidad, y quienes colaboren con datos útiles podrán acceder a la recompensa sin necesidad de revelar su identidad públicamente. Respuesta directa a la crisis de inseguridad El anuncio responde al diagnóstico compartido por diversas autoridades que alertan sobre el creciente nivel de violencia y la sofisticación de las organizaciones criminales en el país. Desde el Ejecutivo se ha reconocido que la lucha contra el crimen no puede depender únicamente de las intervenciones policiales, por lo que se busca involucrar activamente a la ciudadanía en la generación de inteligencia útil para el Estado. El primer ministro remarcó que la seguridad nacional es una prioridad del gobierno, y que esta medida forma parte de un paquete de acciones más amplio que incluye fortalecimiento de la Policía Nacional, reformas normativas y cooperación interinstitucional. Reacciones y perspectivas La propuesta ha sido recibida con expectativas positivas por parte de algunos sectores, aunque también ha generado llamados a garantizar que la implementación de la recompensa no se preste a falsos testimonios ni represalias. Especialistas en seguridad señalan que esta herramienta puede ser efectiva si se combina con un sistema robusto de evaluación, verificación de datos y protección a los colaboradores. Asimismo, se espera que el Ministerio del Interior, en coordinación con la PCM, publique próximamente la lista de personas más buscadas, así como los canales oficiales para el envío de información.
Presuntas contrataciones irregulares en el Congreso comprometen a militantes de APP
Madre e hija figuran como trabajadoras parlamentarias pese a restricciones legales Una nueva denuncia ha puesto en el centro del debate público al Congreso de la República, luego de revelarse la contratación simultánea de una madre y su hija, ambas militantes del partido Alianza para el Progreso (APP), en cargos del Poder Legislativo. La situación genera cuestionamientos debido a que contravendría disposiciones legales que prohíben el ingreso de personas con vínculos familiares en ciertas circunstancias dentro de la administración estatal. La joven, profesional en odontología, fue asignada a funciones administrativas en una comisión parlamentaria, pese a no contar con experiencia comprobada en el área. Su madre, por su parte, mantiene estrechos vínculos con la congresista Rosío Torres, con quien actualmente es investigada por el presunto recorte de sueldos a trabajadores del despacho, en el conocido caso ‘mochasueldo’. Alerta sobre posibles actos de nepotismo El caso ha encendido las alertas sobre la presunta vulneración del principio de meritocracia en las contrataciones del Congreso. La coincidencia entre el vínculo familiar, la militancia partidaria y la asignación de cargos sin transparencia ni convocatoria pública ha motivado críticas por parte de especialistas en gestión pública y organizaciones civiles. La Ley de Contrataciones del Estado y otras normas vigentes prohíben expresamente la contratación de familiares directos en condiciones que puedan configurar un conflicto de intereses, especialmente si existe una relación directa o indirecta con el congresista que auspicia o facilita la contratación. Rosío Torres nuevamente bajo la lupa judicial Esta nueva revelación agrava la situación judicial de la parlamentaria Rosío Torres, quien enfrenta una investigación preliminar por el presunto recorte sistemático de los sueldos de sus trabajadores, a cambio de mantenerlos en sus puestos. La Fiscalía busca determinar si las contrataciones vinculadas a militantes de APP responden a un patrón de favorecimiento político o encubrimiento de actividades irregulares. Diversas voces han exigido que se inicien acciones inmediatas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, de confirmarse las infracciones a la normativa legal vigente. Preocupación por la ética en la función pública La contratación de personas ligadas familiar y políticamente a investigadas por corrupción representa un nuevo golpe a la imagen del Congreso, y evidencia las persistentes prácticas de clientelismo y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Organizaciones de la sociedad civil demandan mayor vigilancia y control externo sobre los procesos de selección de personal en el Parlamento, así como la implementación de medidas que fortalezcan la integridad institucional.
Oficial Mayor del Congreso restringe declaraciones de trabajadores a la prensa
Nueva directiva interna limita comunicación con medios de comunicación El Congreso de la República ha emitido una nueva disposición interna que ha generado controversia y preocupación entre trabajadores y sectores defensores de la transparencia. El Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, ha ordenado que ningún trabajador del Congreso podrá brindar declaraciones a la prensa sin una autorización expresa, amparándose en el Reglamento Interno de Trabajo de la institución. La medida fue comunicada formalmente a través de una circular que establece la prohibición general de emitir declaraciones, opiniones o información relacionada con las actividades del Parlamento, salvo autorización específica de la Oficina de Comunicaciones o del propio Oficial Mayor. Justificación institucional: preservar la confidencialidad Desde la administración parlamentaria se sostiene que esta medida busca proteger la confidencialidad de los procesos internos y garantizar la unidad de los mensajes institucionales. Se alega que es necesario mantener un canal de comunicación oficial, especialmente en un contexto político sensible, donde cualquier información malinterpretada podría afectar la imagen del Congreso o generar confusión en la ciudadanía. Sin embargo, no se ha precisado si esta disposición es de carácter temporal o permanente, ni cuáles serían las sanciones para los trabajadores que la infrinjan. Reacciones divididas frente a la medida La decisión ha despertado críticas en diversos sectores, quienes advierten que esta restricción podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos. Algunos analistas consideran que esta medida puede ser vista como un intento de blindaje institucional en momentos en que se incrementa la fiscalización de la opinión pública y los medios de comunicación sobre el accionar del Parlamento. Por otro lado, algunos defensores de la medida consideran que es razonable establecer límites comunicacionales al personal administrativo, en la medida que representan a una entidad del Estado y manejan información de interés nacional. Transparencia en cuestión La restricción llega en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas. Diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que limitar el acceso a fuentes dentro del Congreso podría afectar el derecho de la ciudadanía a estar informada de lo que ocurre dentro de la primera institución del Estado. Se espera que en los próximos días, representantes de los gremios de trabajadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronuncien al respecto, solicitando precisiones o incluso la revisión de la medida adoptada.
Pedro Castillo cuestiona al Ministerio Público y denuncia exposición de secretos de Estado en juicio en su contra
Expresidente plantea objeciones durante audiencia judicial Durante la audiencia realizada este martes, el expresidente Pedro Castillo manifestó una firme oposición al desarrollo del juicio que se le sigue por presuntos delitos cometidos durante su mandato. En su intervención, Castillo acusó al Ministerio Público de haber incluido en el expediente judicial información clasificada relacionada con la seguridad del Estado peruano. Según el exmandatario, entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran datos altamente sensibles pertenecientes al Ejército y la Policía Nacional, los cuales, a su juicio, no deberían ser ventilados en un proceso público. Añadió que la utilización de estos documentos representa un riesgo para la seguridad nacional y una falta de responsabilidad por parte de las autoridades fiscales. Denuncia por uso indebido de información reservada Castillo advirtió que la Fiscalía habría traído al juicio documentos que contienen secretos operacionales y estratégicos del Estado, sin que exista una justificación clara para su inclusión en el proceso. Esta denuncia se suma a una larga serie de críticas que el exmandatario ha formulado contra el sistema de justicia, al que acusa de actuar con parcialidad y con motivaciones políticas. La defensa legal de Castillo solicitó al tribunal que se evalúe la legalidad del uso de dicha documentación, e incluso planteó la posibilidad de declarar nulo parte del proceso si se comprueba que se vulneraron normas sobre el manejo de información confidencial. Ministerio Público mantiene su posición A pesar de los cuestionamientos, los fiscales a cargo del caso sostienen que los documentos incluidos fueron obtenidos legalmente y forman parte del conjunto probatorio que respalda las acusaciones contra Castillo. Argumentan que estos elementos son esenciales para demostrar presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, especialmente en lo que respecta al uso indebido de recursos del Estado y la supuesta injerencia en instituciones clave. Hasta el momento, el Poder Judicial no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia del expresidente, aunque se espera que el tribunal evalúe las observaciones presentadas por la defensa en las próximas audiencias. Un proceso seguido con atención nacional El juicio a Pedro Castillo continúa siendo uno de los casos más mediáticos y controversiales del país, por su relevancia política y por el impacto que podría tener sobre la percepción de la justicia en el Perú. La denuncia sobre el uso de información sensible agrega una nueva capa de complejidad a un proceso que ya enfrenta múltiples cuestionamientos por parte de diversas instituciones y sectores de la opinión pública.
Presidente de la JNJ en el centro de la polémica por presuntas irregularidades en acta sobre Patricia Benavides
Hechos recientes comprometen la transparencia institucional Una nueva controversia envuelve a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras revelaciones que involucran directamente a su presidente, Gino Ríos Pita. Según información difundida, el titular del organismo habría ocultado deliberadamente el acta vinculada al caso de la fiscal Patricia Benavides, en medio de un clima de creciente tensión institucional. El escándalo tomó mayor dimensión tras el testimonio de uno de los integrantes de la JNJ, quien afirmó haber firmado el documento en circunstancias inusuales, específicamente dentro de un ascensor. Esta declaración ha puesto en entredicho la legalidad del procedimiento, dado que el acta no contenía ninguna disposición sobre la reposición de Benavides como fiscal de la Nación, tema que generó confusión y conflictos entre las autoridades del Ministerio Público en los últimos días. Falta de claridad en el contenido del acta La existencia de un documento incompleto y con ambigüedades ha incrementado las dudas respecto a la transparencia en la toma de decisiones dentro de la JNJ. El mencionado acta no especifica claramente una reposición oficial de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, a pesar de que esta interpretación fue inicialmente difundida en algunos medios y círculos políticos. A esto se suma la aparente negativa del presidente de la JNJ a publicar oficialmente el acta, lo que alimenta las sospechas sobre posibles irregularidades en el procedimiento seguido por el pleno del organismo. Las decisiones adoptadas en espacios informales o sin el debido procedimiento vulneran principios esenciales de legalidad y publicidad en la función pública. Reacciones y consecuencias institucionales Este nuevo episodio agudiza la crisis en el sistema de justicia peruano, en un momento donde ya existían tensiones por la tentativa de Benavides de retomar su cargo. Las acciones del presidente Ríos Pita podrían desencadenar investigaciones internas o incluso procesos legales, dado el impacto institucional que genera la opacidad en actos administrativos de alta relevancia. Diversos sectores han solicitado una pronta aclaración de los hechos y la publicación completa del acta, así como la identificación de los responsables de cualquier intento de manipulación documental. La Junta Nacional de Justicia, en tanto organismo garante de la idoneidad y conducta de magistrados y fiscales, enfrenta ahora el reto de demostrar su integridad frente a la opinión pública. Contexto de inestabilidad jurídica y política Este hecho se suma a la serie de eventos que han marcado una grave crisis en el Ministerio Público, incluyendo intentos de toma de poder, sesiones extraordinarias de fiscales supremos y denuncias de presiones políticas. La institucionalidad del país se encuentra en un momento delicado, donde la legitimidad de los actos de las autoridades está bajo constante escrutinio. La necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los órganos del sistema de justicia resulta ahora más urgente que nunca, para garantizar que hechos como este no se repitan ni afecten la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del Perú.
Mineros informales anuncian marcha hacia el Minem y evalúan incursionar en la política nacional
Reclamo por ampliación del Reinfo motiva movilización Este jueves, representantes de diversos gremios de la minería informal llevarán a cabo una movilización hacia la sede del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima, con el objetivo de exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo creado por el Estado para promover la legalización progresiva de la actividad minera de pequeña escala en el país. Los mineros argumentan que, ante la falta de una política clara y plazos más realistas para completar su proceso de formalización, miles de trabajadores del sector quedarían fuera del marco legal, arriesgando no solo su sustento, sino también su seguridad jurídica y operativa. Movilización con tintes políticos Más allá de la protesta puntual, expertos advierten que este tipo de manifestaciones podrían marcar el inicio de una campaña más amplia con aspiraciones políticas. Según diversos analistas, los gremios mineros estarían evaluando convertirse en una fuerza organizada con representación política directa en próximas elecciones, en busca de influir en las decisiones legislativas que afectan su sector. Esta posibilidad ya se deja entrever en el discurso de algunos líderes mineros, quienes han comenzado a plantear públicamente la necesidad de que su sector tenga “voz propia” en el Congreso de la República. El Reinfo y la formalización en debate El Reinfo ha sido una herramienta temporal diseñada para registrar a los mineros en proceso de formalización, permitiéndoles continuar con sus actividades mientras cumplen requisitos legales y técnicos. No obstante, las prórrogas otorgadas en los últimos años han sido objeto de debate: mientras el Estado busca cerrar el ciclo de informalidad, los gremios demandan mayores facilidades, señalando trabas burocráticas, altos costos y ausencia de acompañamiento técnico. El vencimiento de los plazos del Reinfo sin una solución clara ha encendido las alarmas en varias regiones del país donde la minería informal es una fuente vital de empleo, especialmente en zonas andinas y amazónicas. Impacto y riesgos de la confrontación El anuncio de la marcha genera preocupación por el posible bloqueo de vías, alteración del orden público o enfrentamientos. En ese contexto, el Ministerio del Interior ha informado que tomará las medidas necesarias para resguardar la seguridad durante la movilización. Mientras tanto, en el ámbito político, diversos sectores del Congreso se han mostrado divididos respecto a la posibilidad de una nueva ampliación del Reinfo. Por su parte, el Minem no ha emitido un pronunciamiento oficial previo a la protesta, aunque se espera que convoque a una mesa de diálogo en los próximos días.
Perú hace llamado a la paz en Medio Oriente y activa protocolos de apoyo consular
Pronunciamiento oficial frente a escalada de tensiones El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha exhortado a los actores involucrados en el conflicto del Medio Oriente a evitar nuevas acciones bélicas y priorizar el diálogo diplomático como única vía legítima para la resolución de diferencias. En un contexto marcado por la creciente tensión en esa región, el país reafirmó su compromiso con los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y la protección de la vida humana. El pronunciamiento se produce en respuesta al reciente incremento de enfrentamientos armados entre diversas fuerzas en la zona, lo que ha generado preocupación por una posible expansión del conflicto y sus consecuencias para la estabilidad global. Embajadas peruanas en alerta preventiva Como parte de su política de prevención y asistencia, el Estado peruano ha dispuesto que sus embajadas y consulados en países del Medio Oriente se mantengan en estado de alerta. Estas oficinas consulares tienen la responsabilidad de brindar apoyo a los ciudadanos peruanos que residan, trabajen o se encuentren de tránsito en esas zonas de riesgo. Se ha reforzado el monitoreo constante de la situación geopolítica en la región, y las autoridades han pedido a los connacionales mantener contacto con las sedes diplomáticas más cercanas y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las mismas. Enfoque en la solución pacífica de conflictos El Perú ha reiterado su adhesión a los valores de paz, diálogo y cooperación internacional como pilares fundamentales de su política exterior. En línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el gobierno nacional ha hecho un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para detener el avance de la violencia y reactivar los mecanismos multilaterales de mediación. La Cancillería también ha instado a que se priorice la protección de la población civil en todo contexto de confrontación, subrayando la importancia del respeto al derecho internacional humanitario. Compromiso con la seguridad regional y global Perú, como miembro de la comunidad internacional, manifiesta su preocupación por el impacto que los conflictos armados generan no solo en las regiones directamente involucradas, sino también en la estabilidad del sistema internacional. A través de su diplomacia, busca contribuir a la construcción de un escenario donde las controversias sean resueltas mediante el entendimiento mutuo y la cooperación multilateral.
Gobierno anuncia fortalecimiento del nuevo sistema de alimentación escolar con productos autóctonos
Reforma en la asistencia alimentaria para estudiantes El Gobierno de Perú ha dado a conocer que fortalecerá el Sistema de Alimentación Escolar (SAE), implementado para garantizar una nutrición adecuada a los estudiantes de las escuelas públicas a nivel nacional. Como parte de esta reforma, se incluirán en las raciones escolares productos autóctonos como cuyes, truchas, frutas y verduras locales, con el objetivo de promover una alimentación más saludable y sostenible. Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los menús, sino también fomentar el consumo de productos regionales que forman parte de la dieta tradicional peruana, contribuyendo a la diversificación y a la valorización de la agricultura local. Objetivos del fortalecimiento del programa El fortalecimiento del programa tiene como principales objetivos mejorar la salud y el rendimiento académico de los estudiantes mediante una alimentación equilibrada, que les proporcione los nutrientes esenciales para su desarrollo. Además, se espera incentivar la producción y el consumo de alimentos autóctonos en las comunidades, lo que también impulsaría la economía local y la seguridad alimentaria en diversas regiones del país. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, supervisará la implementación de este programa en las instituciones educativas, buscando asegurar que los productos sean frescos, nutritivos y accesibles para los estudiantes de diferentes zonas del país. Beneficios para productores y estudiantes El programa tiene el potencial de beneficiar tanto a los estudiantes como a los productores locales. Por un lado, los estudiantes recibirán alimentos más frescos y saludables, adaptados a sus necesidades nutricionales. Por otro lado, los productores de cuyes, truchas, frutas y verduras locales se verán favorecidos al acceder a un mercado más estable, lo que podría generar un aumento en la demanda de sus productos. Con esta medida, el Gobierno también busca reducir la dependencia de productos importados, promoviendo un sistema más autosuficiente y sostenible. Impacto esperado en la comunidad educativa El impacto de esta iniciativa no solo se mide en términos de la mejora de la nutrición, sino también en el aprendizaje y el bienestar general de los estudiantes. Una alimentación adecuada tiene un efecto directo en el rendimiento académico y en la capacidad de concentración de los niños y adolescentes, factores esenciales para su desarrollo integral. Además, la inclusión de productos autóctonos en los menús escolares permitirá a los estudiantes conocer y valorar la riqueza gastronómica de su país, promoviendo un sentido de identidad y orgullo cultural.
Congresista Alejandro Muñante critica a la Junta de Fiscales Supremos por desacatar resolución de la JNJ
Pronunciamiento ante la crisis del Ministerio Público El congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, expresó duras críticas contra la Junta de Fiscales Supremos, acusándola de actuar “por encima de la ley” al desconocer una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En su declaración, el legislador afirmó que no existe una pugna legítima por la titularidad del Ministerio Público, sino un desacato abierto a la autoridad competente encargada de designar y sancionar a los altos funcionarios del sistema fiscal. Las declaraciones de Muñante se producen en medio de una compleja situación institucional, tras la decisión de la JNJ de suspender de manera preventiva a la fiscal Patricia Benavides, medida que fue ignorada por la Junta de Fiscales Supremos, la cual insiste en mantenerla como titular del Ministerio Público. Acusaciones de desobediencia institucional Muñante señaló que la actitud de la Junta de Fiscales Supremos constituye un acto de desobediencia institucional que vulnera el principio de jerarquía legal. Afirmó que la JNJ, como órgano constitucional autónomo, tiene la facultad de investigar y sancionar a los fiscales supremos, y que su resolución debería ser acatada sin cuestionamientos. El congresista advirtió que el desacato de esta resolución representa un grave precedente en el sistema judicial y podría interpretarse como una rebelión interna en el Ministerio Público, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Contexto de la crisis fiscal La tensión entre la JNJ y la Junta de Fiscales Supremos se intensificó tras el proceso disciplinario contra Patricia Benavides, quien fue suspendida por presuntas faltas graves vinculadas al uso indebido de su cargo. Sin embargo, sus aliados dentro del Ministerio Público han sostenido que la medida carece de sustento legal y que la JNJ habría excedido sus atribuciones, generando una disputa abierta sobre quién ejerce realmente la titularidad de la Fiscalía de la Nación. La situación ha escalado hasta involucrar a otros poderes del Estado, provocando un escenario de incertidumbre jurídica y política. Llamado al respeto del orden constitucional En su mensaje, Muñante hizo un llamado a las instituciones del país a respetar el orden constitucional y la legalidad de las decisiones adoptadas por los órganos competentes. Subrayó que no se puede permitir que “autoridades de facto” se impongan sobre los mecanismos legales establecidos para la regulación del Ministerio Público. Asimismo, solicitó que el Congreso de la República fiscalice con mayor rigurosidad el cumplimiento de las normas por parte de los entes autónomos, para garantizar que el Estado de derecho no sea debilitado por conflictos internos entre sus funcionarios.
