Allanan vivienda del Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo
La Policía Nacional del Perú en coordinación con el Ministerio Público allanó esta madrugada la vivienda del Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo, y más de 20 inmuebles, como parte de un operativo contra la presunta organización criminal «Los socios del Callao». Según la investigación fiscal, la referida organización criminal estaría vinculada a supuestos delitos de colusión agravada, en vista que sus integrantes habrían direccionado irregularmente procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao. De acuerdo a las investigaciones esta organización integrada por funcionarios públicos habría direccionado decenas de contrataciones públicas para evitar los procesos de selección establecidos. Efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional realizaron el allanamiento y trascendió que se desconoce el paradero del gobernador regional contra quien se habría dispuesto detención preliminar. Tras el operativo el abogado de la autoridad regional, Humberto Abanto, señaló que el allanamiento es una decisión vaga porque no se han encontrado elementos que aporten a la investigación. El letrado también señaló que no se les ha notificado de la existencia de la carpeta fiscal de la investigación. (FIN)HTC/CVC
Acción Popular queda fuera de las Elecciones 2026 tras anularse sus primarias
El escenario político de las Elecciones 2026 en Perú ha dado un giro inesperado con la exclusión de Acción Popular del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las primarias internas del partido, y con ello, toda su participación en la contienda por la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. El hecho ha dejado a la tradicional organización fuera de carrera y desató un amplio debate sobre la integridad del sistema partidario y los mecanismos de fiscalización electoral. El caso tomó fuerza a raíz de un hecho concreto: tras la elección de delegados internos celebrada el 30 de noviembre, la presidenta del tribunal electoral del partido alteró los resultados de forma unilateral. Según explicó el experto en materia municipal, José Manuel Villalobos, “la presidenta del órgano electoral de Acción Popular cambió a 28 delegados que habían sido elegidos legítimamente y puso en su lugar a personas que no fueron votadas por los afiliados”. Esta decisión contaminó el proceso desde su origen, viciando todas las etapas posteriores de la primaria partidaria. La gravedad de la situación quedó registrada en informes previos. El propio JNE, a través de la Dirección de Fiscalización, había advertido de la irregularidad aún antes del 30 de noviembre. “El jurado ya había tomado conocimiento de este fraude en proceso y no podía convalidarlo”, sostuvo Villalobos. Así, el pleno del JNE, en su comunicado oficial, fundamentó la nulidad haciendo énfasis en la existencia de vicios sustanciales, concepto que confirma un grave quiebre en la transparencia y legalidad del proceso. Villalobos no dudó en calificar lo ocurrido como fraude. “El fraude se configura porque la presidenta del tribunal cambió los resultados de la elección de delegados. Veintiocho personas que no fueron elegidas participaron el 7 de diciembre, alteraron el resultado y viciaron la votación”, explicó el experto. El efecto dominó fue total: todos los actos posteriores, desde la designación de la plancha presidencial hasta las listas para el Legislativo y el Parlamento Andino, quedaron anulados por arrastre. Para algunos sectores, la expulsión de la presidenta responsable e incluso los pedidos internos de “dar por zanjado” el asunto resultaban suficientes. Sin embargo, Villalobos aclaró que solo la máxima instancia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, podía resolver el desenlace, y que el organismo actuó conforme a la ley. “El jurado ha hecho respetar la legalidad electoral, esa es su misión constitucional”, afirmó. La decisión del JNE tiene efectos contundentes. Acción Popular ha quedado inhabilitada para participar en las elecciones generales de 2026. “No van a tener candidato presidencial, ni listas para el Senado, la Cámara de Diputados, ni el Parlamento Andino”, explicó Villalobos. La resolución afecta a todos los niveles de la elección general porque la nulidad abarca el proceso completo de primarias, no sólo la cabeza de lista. Ningún afiliado podrá postular bajo las siglas del partido en los comicios nacionales de 2026. Solo podrá participar en las elecciones municipales y regionales El documento del Jurado Nacional de Elecciones especifica que, tras invalidarse el procedimiento, el partido no puede reponer ni subsanar lo que ya fue irreparable. El calendario avanza y solo resta formalizar la competencia entre las treinta y seis organizaciones políticas que han presentado listas válidas para la presidencia; treinta y ocho para el Congreso en Senado y Diputados. Ante la gravedad de la infracción, la posibilidad de recomponer la participación para estos comicios es imposible. Villalobos fue claro: “Ni Barnechea ni nadie podrá ser candidato presidencial por Acción Popular en estas elecciones”. La exclusión abarca a toda la agrupación en la contienda nacional y, por tanto, reduce la oferta electoral para el electorado peruano, que históricamente ha visto a Acción Popular como una de las fuerzas protagonistas del sistema democrático. Sin embargo, el futuro partidario no está completamente cerrado ni cancelado. La resolución del JNE contempla que Acción Popular sí podrá recuperar su derecho a participar en los procesos regionales y municipales. Según Villalobos, “tienen todo el tiempo necesario para recomponerse, reordenar sus normas y poder participar correctamente de las elecciones regionales y municipales a celebrarse después de las generales”. En mayo del próximo año deberán llevar a cabo unas nuevas elecciones primarias, esta vez observando estrictamente la normativa, para elegir a sus representantes para los comicios regionales y locales. En ese contexto, el plazo clave es el 7 de enero, fecha límite para que los partidos políticos perfeccionen sus estatutos y reglamentos internos ante cualquier observación. Acción Popular tendrá la oportunidad de ajustar sus normas y demostrar que puede volver a cumplir las reglas.
POLITICA, HACER POLITICA Y ETICA
Contexto La política peruana está sufriendo una crisis que debe ser entendida, con laurgencia de mirar los acontecimientos del país que involucran la perspectivade vida de todos los ciudadanos de la patria. Los actos políticos queobservamos día a día no se han gestado ahora y sí son consecuencias de cómose ha concebido la política en el país. Una urgencia que tiene que ver con lahistoria del presente, con los pasos dados en la ida del país para comprendercómo se ha perdido el curso conductor de la ética, y que se permitecomprender cómo se ha descompuesto la conducta humana hacia misma. Hoyen día podemos hablar de política y ello nos lleva a su función natural queestructura un modelo de vida y que su resultado esperado es la experienciade bienestar para todo ciudadano; hacer política es cómo noscomprendemos, en esa interrelación humana genuina que nos disponepróximos, coparticipes de un mismo destino en todas las formas de vida en losespacios, con las capacidades propias y una visión de la vida y la tierra; todaconstrucción humana tiene un base sobre la que se puede sustentar el actohumano para con otro, y eso nos da las fuentes propias de quienes escribieronla vida, y ello tiene que ver que toda inspiración humana es sobre pilares devalores, que luego explican nuestras propias condiciones humanas en la vida. La política La política hoy es un campo donde impera el poder sin el sentido mayor delcontenido de lo que es política como premisa formativa, el sentido de forjaruna sociedad y el sentido prospectivo de la misma para las condicioneshumanas todas. La acción del presente modelo democrático esta en modo delincuencia queestá tomada y conducida por sociópatas, cuyo patrón de comportamiento esvivir de la forma más descarnada posible, degenerando la condición humanade la sociedad peruana y de los demás para facultarse el dominio, dispuestosa arrasar a quien creen en su oponente posible. Lo lamentable es que por losresultados de la gesta antisocial del modelo es que ha corrido como plaga atodos los sectores de la sociedad la toma de los poderes independientes,convencer a los medios de comunicación a no ser críticos y pasar a sercomparsas del modelo antisocial, han generado leyes que normalice elmodelo delincuencial, ha convertido al TC en un estandarte defensor de estemodelo constitucional ilegítimo y de paso refrendar el nivel delincuencial dela academia peruana. Este modelo democrático es significativo en la medidaque nos muestra que existe un daño en el ADN de la política. Este modelo político cuenta con notables esfuerzos para normalizarlo en laciudadanía viciando todos sus actos, convenciendo que no es posible alcanzarotro nivel de vida por derecho de ser cohabitante de este país, no hay unaestructura de estado que promueva el capital humano. La sociedad necesitaconvencerse que su destino será precario si sigue estas consignas de estellamado modelo democrático. No tiene la perspectiva de abrir los ojos, notiene alma humana posible que pueda dar cuenta de las razones del por quééstas condiciones de vida para el país y los millones de ciudadanos afincadosen nuestras regiones que sufren cronicidad de dolor por la vida toda. A estar en la ola electoral, en este modelo democrático cruel, no existefundamento humano que pueda sustentar este modo de comprender lapolítica, y ya observamos cómo la agenda no es una propuesta con sentidohumano, sino que el esfuerzo está en afincar el desastre de cómo se entiendela política. No existe un ápice de rubor en esta clase política. Allí vemos rostrosque, a pesar de haber recibido cárcel, sentencias, denunciados, serorganizaciones políticas criminales por las razones de su militancia, todoscrean que tienen razones justificadas para sentirse aptos para una nuevaelección. Eso es una muestra que la política está viviendo de sus miserias. Hacer política Si hay un cambio en el ADN de la política, por el grupo de sociópatas queocupa, gestiona y decide en el país, entonces las referencias del hacer política,en función al concepto original no existe en la práctica y que estar en algúnnivel del estado no es generar condiciones de mejores condiciones de vidapara todos, en el concepto de desarrollo, la ecología de la misma, la visiónsocial cristina, la ergonomía política, humanista. Esta parte es sustanciosa en la medida que si la política está bien orientada yel acuerdo es generar mejores condiciones de vida, dar valor a los espaciosexistenciales del ciudadano, propiciar ingeniería de desarrollo de los talentosciudadanos y generar los acuerdos es entonces que el hacer política esconstruir una prospectiva país donde el ciudadano va a expresar sus mejoresconductas y a expresar en todas las libertades humanas el sentirse bien, darcuenta de la vida, fundamentar la existencia con la riqueza de sus actos,sentirse emocionalmente saludable en toda forma de sus emociones,pensamientos, conductas y creación de su propia identidad de clan en susregiones de vivencia. Hacer política no es pensar en obras frías, que depredan la tierra,descomponen su energía, la convierten en un lugar de dolor, sufrimientos,lágrimas, gritos del alma que deciden callar por temor, silenciar hasta suspropios silencios. Encontrar que la capacidad intelectual del ser humano espara esto es frustrante. Que se justifique el horror en la gestión de la políticaquiere decir que el modelo meritocrático no es el que nos han vendido sino esmás trampa del mismo modelo democrático sociópata. No hay ser humano que pueda resistir la forma cómo se pueda justificar elhecho de hacer política. La comprensión es que el futuro es incierto para volvera un modo razonable de pensar otra vez cómo hacer política. La ambición hacontaminado todo. No es posible encontrar un espacio para oxigenar la vidadel país. El impacto del modelo es que ha logrado una agenda carrilera, un modelo sinvínculos de modo que la inteligencia de la meritocracia se entretiene conmodelo panfletario para entretener con programas donde el objetivo esacrecentar brechas que debe ser intersectoriales, silenciar toda voz que lleguea la conciencia que las cosas no están cómo debe ser. Poner en valor las capacidades humanas es una agenda interrelacional,integrada, relacional, de vertientes complementarias, en otras palabras, la vidadebe enriquecerse en la medida que seamos capaces de exponer nuestraslecturas,
JNE libra de responsabilidad a Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) eximió de toda responsabilidad al presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, por el uso de una cámara del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial. Como se recuerda, en primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo determinó que Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral porque tenía el «deber superior e inexcusable» de supervisar que ningún bien del Estado sea usado con fines proselitistas. Sin embargo, el tribunal que preside Roberto Burneo discrepa de esta conclusión. Para empezar, el pleno del JNE establece que la omisión de una autoridad pública sí puede generar un favorecimiento o perjuicio a una organización política. No obstante, esto, dicen, no se cumple en el caso de Fernando Rospigliosi. Los magistrados sostienen que “el deber de cautelar que la cámara del Congreso no sea sustraída de su esfera patrimonial ni utilizada para fines distintos a los institucionales” no se le puede atribuir a Rospigliosi, sino a la Oficialía Mayor. “Ello obedece a que la Oficialía Mayor rinde cuentas ante la Presidencia (del Congreso) respecto de la marcha y resultados de las dependencias a su cargo, entre las cuales se encuentra la Dirección General de Administración, responsable de la gestión de los recursos humanos y del abastecimiento”, se lee. Sumado a esto, los magistrados del JNE concluyen que no se le puede a Fernando Rospigliosi una “supervisión permanente” de los bienes del Congreso porque “ello implicaría el descuido de sus funciones propias, máxime cuando existe un órgano específicamente encargado de tales responsabilidades”. Este es, como se mencionó, la Oficialía Mayor. Por estas razones, el Pleno del JNE declara fundada la apelación, revoca la decisión del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo y, en su lugar, determina que Rospigliosi no infringió el principio de neutralidad electoral. El JNE deja constancia de que su fallo a favor de Fernando Rospigliosi no alcanza a Jaime Abensur Pinasco, director general parlamentario encargado de la Oficialía Mayor cuando la cámara fue llevada al mitin fujimorista, y Daniel Constantino Luza Amésquita, trabajador que llevó la cámara del Congreso. Esto a raíz de que ninguno de los dos apeló el fallo deprimera instancia. Niega uso indebido de recursos El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, negó que Fuerza Popular haya incurrido en un uso indebido de recursos públicos durante un mitin en Trujillo, donde se utilizó una cámara del Congreso para registrar el evento partidario. El caso, que es evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y está bajo investigación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción, ha generado cuestionamientos sobre el manejo de bienes estatales en plena campaña electoral. Rospigliosi calificó el incidente como “un episodio aislado” y sostuvo que no existe un patrón de uso indebido de bienes del Parlamento. Además, señaló que algunos de los trabajadores cuestionados se encontraban con licencia y que otros realizaban tareas propias de su bancada, afirmando: “No están en la playa, no están en un bar, no están divirtiéndose, están haciendo un trabajo determinado”. El parlamentario también rechazó la versión de que existan “trabajadores fantasmas” en el Congreso, asegurando que la información difundida es incorrecta. Explicó que los empleados asistieron al local partidario para cumplir funciones políticas, probablemente por encargo de los congresistas de quienes dependen. Infobae
Pedro Castillo y Betssy Chávez se salvan de inhabilitación: Congreso no alcanzó votos requeridos
El Pleno del Congreso de la República decidió este miércoles 3 de diciembre no inhabilitar por 10 años de ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo y a su expremier Bettsy Chávez. Al no alcanzar los votos necesarios, la denuncia por el fallido golpe de Estado que intentó cometer el 7 de diciembre del 2022 fue archivada. Votación tras intenso debate Previó a la decisión que tomaron los legisladores, el exjefe de Estado se presentó de forma virtual y ofreció sus alegatos para que esta inhabilitación no proceda. Posteriormente, los parlamentarios de distintas bancadas ofrecieron sus argumentos para la posición a favor o en contra que tomarían en el momento de la votación. Tras el tiempo establecido para que los congresistas ejerzan su elección, se obtuvieron 42 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones. Para que la denuncia proceda se requería un mínimo de 68, por lo que se quedaron lejos de la cifra establecida. El primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presidió la sesión de este día, dio lectura a la resolución tras los resultados. Por norma del Congreso, esta pasará al archivo. La otra participe en el fallido atentado contra la institucionalidad de hace tres años, Betssy Chávez Chino, tampoco quedó inhabilitada, luego de que solo 51 parlamentarios votaran a favor, 22 en oposición y tres en contra. Al igual que con Castillo Terrones, el caso fue archivado, aunque esta vez leído por Waldemar Cerrón, tercer vicepresidente. Antes de la elección, se le permitió a la expremier defenderse, pero al encontrarse asilada en la embajada de México, la palabra la tomó su defensa legal. La polémica la protagonizó el abogado Raúl Noblecilla, quien tras soltar algunos calificativos contra los legisladores, fue retirado del hemiciclo por parte del presidente del Congreso. Pedro y Castillo y Betssy Chávez podrán seguir ejerciendo cargos públicos, luego de que no se alcanzar los votos necesarios para ser inhabilitados por 10 años por parte del Congreso de la República. Este pedido era por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 que ejecutó el exmandatario y su primera ministra.
Congreso inhabilita por 10 años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza
El pleno del Congreso aprobó la inhabilitación por 10 años en la función pública a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien se le responsabiliza de infracción constitucional y diversos delitos por la aprobación de un reglamento interno del Ministerio Público que contraviene la Ley 32130. La representación nacional aprobó la resolución legislativa por 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. Esta votación se produjo luego de la reconsideración interpuesta por un grupo de congresistas. Como se recuerda, hace algunas horas el pleno aprobó la denuncia constitucional en contra de Delia Espinoza, aunque no alcanzó los votos necesarios para lograr su inhabilitación. La denuncia se presentó por congresistas de diversas bancadas ante la aprobación por Delia Espinoza de un reglamento en el Ministerio Público que contravenía la Ley 32130, que fortalece la investigación como función de la Policía Nacional del Perú, aprobada por el congreso y cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Dicha denuncia fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, en la que inicialmente también fueron comprendidos los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Avalos. Tras la aprobación de la inhabilitación por 10 años a la exfiscal de la Nación se presentó una reconsideración, pero esta no logró los votos necesarios. Asimismo, tampoco alcanzó los votos necesarios una reconsideración a la votación que aprobó una resolución legislativa que da lugar la denuncia penal contra Delia Espinoza, por infracción a la Constitución y diversos presuntos delitos.
Perú realizó sus elecciones primarias: una jornada clave rumbo a los comicios generales de 2026
El Perú celebró este domingo 30 de noviembre la primera jornada de elecciones primarias con miras a los comicios generales de 2026, en un proceso que involucró a los 39 partidos políticos inscritos ante los organismos electorales. La jornada transcurrió con normalidad y sin incidentes graves, según informaron las autoridades. De las organizaciones participantes, solo dos —el Partido Aprista Peruano (APRA) y Renovación Popular— optaron por la modalidad de voto directo entre sus afiliados. Las otras 37 agrupaciones realizaron elecciones mediante delegados, quienes deberán definir las candidaturas finales en una segunda fase prevista para el próximo 7 de diciembre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló la mayoría de mesas habilitadas para esta fecha, mientras que la Defensoría del Pueblo supervisó decenas de locales de votación en todo el país, verificando infraestructura, accesibilidad y cumplimiento de la normativa electoral. Más allá de algunos casos menores relacionados con el uso de prendas partidarias, no se reportaron mayores inconvenientes. El Partido Aprista Peruano fue el protagonista de la jornada al ser una de las pocas agrupaciones que celebró votación directa. Con más del 99 % de actas procesadas, la lista encabezada por Pitter Enrique Valderrama Peña obtuvo la primera ubicación, superando a las encabezadas por Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. La participación en el proceso aprista alcanzó el umbral mínimo requerido, garantizando la validez de los resultados. Para el 7 de diciembre se espera que los 37 partidos que eligieron delegados realicen su fase final de votación interna. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial de los resultados de las primarias deberá realizarse a más tardar el 15 de diciembre. Con esta etapa casi culminada, el país avanza hacia la definición completa de las candidaturas que competirán en las elecciones generales del 2026.
César Zapata Anunció su candidatura al gobierno regional de Lima.
Con un mensaje firme y esperanzador el ingeniero César Zapata oficializó su candidatura al Gobierno Regional de Lima por el partido Ahora Nación, organización liderada por el destacado exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau. Con el respaldo de un equipo sólido y de reconocidos profesionales, Ahora Nación irrumpe con fuerza en el escenario político de cara a las elecciones del 2026, llevando un mensaje de renovación, esperanza y compromiso real con cada provincia y cada distrito de nuestra región. La presentación oficial de César Zapata se realizó durante la emotiva inauguración del local distrital de Huaura, espacio que será motor y corazón de la candidatura de Omar Valera, candidato distrital que representa la energía y el impulso de un nuevo tiempo para el histórico distrito. El evento también reunió a figuras claves del proyecto político, entre ellos el Dr. Edgar Sánchez, candidato a diputado; Alfredo Zurita, candidato provincial de Huaura; y los candidatos distritales Miguel Díaz Nonato (Santa María), Juvenal Díaz (Hualmay) y Alicia Ríos (Végueta). Todos ellos unidos bajo un mismo propósito: construir una región Lima más justa, más productiva y con oportunidades reales para su gente. Hoy, Ahora Nación levanta la voz con esperanza. Hoy empieza a escribirse una nueva historia para nuestra región.
Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta y Toledo: Cuatro expresidentes del Perú cumplen condena en Barbadillo
Historia repetida. Este jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció su adelanto de sentencia por el caso ‘Golpe de Estado’, condenando a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión. De esta manera, el exlíder de Perú Libre en 2021, se convirtió oficialmente en el quinto expresidente condenado por el sistema de justicia peruano, por detrás de Alberto Fujimori (fallecido en 2024), Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, estos tres últimos recluidos en el penal de Barbadillo. De Chota a la cárcel En el caso del recientemente condenado exmandatario Castillo Terrones, tras llevarse a cabo una serie de audiencias desde marzo último, el Poder Judicial lo condenó a prisión por su intento de quebrantamiento del orden constitucional, el 7 de diciembre de 2022. Asimismo, deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados. La sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del exjefe de Estado. Además, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena. La tarde del miércoles 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘ Hospital de Moquegua’. Asimismo, la jueza Fernanda Ayasta dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los S/2.336.000, la cual deberá cubrir junto con los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. Y, el cumplimiento de 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900. En abril último, la jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011. Vale mencionar que, contra todos los sentenciados, incluyendo a Mario Julio Torres Aliaga e Ilan Heredia Alarcón, el juzgado les impuso el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles. Sin embargo, a las pocas horas que conocería el fallo judicial, la ex primera dama se exiliaría en Brasil, tras acusar «persecución política» por parte de las autoridades peruanas, partiendo al mencionado país fronterizo la madrugada del 16 de abril. Alejandro Toledo: Corrupción al más alto nivel en el Estado El primer sentenciado fue el también exlíder de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien supo su condena en octubre de 2024, cuando recibió 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso ‘Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3’, tras ser extraditado desde los Estados Unidos. Su segunda condena fue emitida el 3 de septiembre último. El Poder Judicial (PJ) le impuso 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, por el caso ‘Ecoteva’. Del mismo modo, podría recibir una tercera condena en los próximos meses, puesto que, el PJ solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición del expresidente, a fin de que pueda ser procesado por el caso ‘Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur’. De acuerdo con lo estimado por la Fiscalía, el exjefe de Estado entre 2001 y 2006, podría recibir una nueva sentencia condenatoria, la cual podría llegar hasta los 24 años y ocho meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Este 2025 ha sido el año de mayor vergüenza para la clase política peruana, en total los cuatro expresidentes han recibido al menos una sentencia, reflejando lo frágil que es la integridad y honestidad frente a la corrupción.
Pedro Castillo: condenan al expresidente por el intento de golpe de Estado
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a 11 años con 5 meses y 15 días, en la audiencia de adelanto de fallo de este jueves 25, a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Asimismo, los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres fue condenado a 6 años y 8 de meses también por el delito de conspiración para una rebelión. Sin embargo, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón fueron absueltos. Los sentenciados deberán abonar un pago solidario de S/12 000 000 en concepto de reparación civil. La Sala determinó que es un hecho probado que Betssy Chávez ayudó en la coordinación del ingreso de periodistas de IRTP (TV Perú) para la lectura del mensaje a la nación. También acreditó que la exministra fue quien realizó la convocatoria de los ministros Además, consideró que este mensaje fue «manifestación expresa de que Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución». También quedó probado que Castillo Terrones atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional, hecho que propició comunicados de rechazo de parte de entidades como el PJ, TC, ONPE, Reniec, JNE. Además, fue detenido en flagrancia delictiva, mientras intentaba trasladarse a la embajada de México y era vacado por permanente incapacidad moral por el Congreso. La Sala consignó que la desvinculación procesal del delito de rebelión es procedente al estar facultado por la norma y ser puesto en conocimiento por las partes durante el juicio. Por ello, argumentó: Pese a su notoria acometida criminal, los acusados Castillo, Torres, Chávez, Huerta no lograron reunir los medios materiales y personales suficientes para estimar el levantamiento de armas exigido para el delito de rebelión. (…) No es factible afirmar que finalmente lograron entrar en la fase ejecutiva del delito de rebelión.
