Caso ‘Cócteles’: nueva acusación contra Keiko Fujimori reaviva debate político y fiscal
Ministerio Público reactiva proceso contra lideresa de Fuerza PopularEl Ministerio Público ha reactivado formalmente el proceso judicial contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en el marco del conocido caso ‘Cócteles’. Esta investigación, que aborda presuntos aportes irregulares durante las campañas electorales de 2011 y 2016, ha retornado a la fase intermedia con una nueva acusación impulsada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. La acusación renovada incluye cargos por presunto lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, involucrando también a varios allegados y exdirigentes de Fuerza Popular. Acusaciones políticas y críticas al fiscal PérezEl retorno del caso al foco público ha sido interpretado por algunas figuras del entorno político como una “cortina de humo”, especialmente en relación con la falta de avances en esclarecer el asesinato del empresario Carlos Budián, crimen que ha generado inquietud en diversos sectores. El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el abogado Erasmo Reyna han señalado directamente al fiscal José Domingo Pérez, acusándolo de actuar con motivaciones políticas y de mantener supuestos vínculos funcionales con los intereses de la empresa Odebrecht. Según sus declaraciones, la nueva ofensiva judicial contra Fujimori tendría como objetivo desviar la atención de temas sensibles que involucran a otros actores del poder económico. Contexto judicial del caso ‘Cócteles’El caso ‘Cócteles’ ha sido una de las investigaciones más mediáticas en los últimos años, debido al perfil de los involucrados y la conexión con la red de sobornos revelada por Odebrecht. En este expediente, se cuestiona la legalidad de los aportes recibidos por el partido fujimorista, que no habrían sido reportados ante la ONPE ni sustentados con documentación financiera adecuada. Pese a la prolongación del proceso y múltiples recursos legales presentados por la defensa de Fujimori, el Ministerio Público insiste en que existen suficientes elementos para llevar el caso a juicio oral. La decisión de reimpulsar el expediente ocurre además en un momento de fuerte debate político sobre la independencia del sistema judicial. Impacto político y reaccionesDesde Fuerza Popular se ha denunciado una “persecución sistemática” contra su lideresa, mientras que sectores críticos al fujimorismo respaldan la continuidad del caso como parte de la lucha contra la impunidad en el país. En paralelo, la opinión pública se muestra dividida ante lo que percibe como un proceso judicial politizado, donde los tiempos procesales coinciden con momentos clave de coyuntura nacional. En regiones como Huacho, donde existe una marcada expectativa sobre el rumbo del sistema de justicia y su capacidad para sancionar a figuras de alto poder político, el avance de este caso genera un seguimiento constante entre la ciudadanía.
Rosangella Barbarán arremete contra el fiscal José Domingo Pérez en medio de polémicas judiciales
Declaraciones de la congresistaLa parlamentaria Rosangella Barbarán, integrante de la bancada Fuerza Popular, ha lanzado duras críticas contra el fiscal José Domingo Pérez, a quien acusó de actuar sin límites en sus declaraciones y decisiones fiscales. En un pronunciamiento público, la legisladora calificó al fiscal como un “demente”, cuestionando su conducta en el marco de la investigación sobre la muerte de José Miguel Castro y la reciente acusación fiscal contra Keiko Fujimori. Las afirmaciones de Barbarán se dieron en un contexto de alta tensión política y judicial, donde las investigaciones del Ministerio Público relacionadas al caso Lava Jato vuelven a ocupar el centro del debate nacional. Contexto del conflictoEl fiscal Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha sido blanco de críticas por sus recientes declaraciones sobre la muerte del exgerente municipal José Miguel Castro, quien se encontraba implicado en investigaciones por corrupción. Paralelamente, se conoció que el Ministerio Público formalizó una nueva acusación fiscal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, lo que habría motivado la respuesta airada de Barbarán. La congresista consideró que Pérez estaría actuando con un sesgo político, señalando que sus declaraciones “cruzan líneas que ningún fiscal debería traspasar”. También acusó al magistrado de manipular la opinión pública a través de los medios, en un intento –según sus palabras– de “intimidar” a actores políticos adversos. Reacciones y clima políticoLas expresiones de Barbarán han generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras simpatizantes del fujimorismo respaldan la crítica y piden sanciones contra el fiscal, desde sectores que apoyan la lucha anticorrupción se advierte sobre un intento de desacreditar el trabajo del Ministerio Público. Analistas coinciden en que este nuevo episodio revela una vez más el enfrentamiento entre figuras del Congreso y operadores del sistema judicial involucrados en casos de alto impacto político. La tensión se agudiza en un escenario donde la ciudadanía exige celeridad y transparencia en los procesos vinculados a presuntos actos de corrupción. El caso Lava Jato y sus derivacionesEl caso Lava Jato continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes del país, con implicancias directas en líderes políticos de diversos partidos. Keiko Fujimori enfrenta acusaciones por presunto lavado de activos, y el avance del Ministerio Público en ese expediente ha generado un continuo conflicto entre la Fiscalía y el fujimorismo. En este contexto, las acusaciones verbales desde el Congreso contra fiscales como José Domingo Pérez no solo tensan la relación entre poderes del Estado, sino que también podrían tener repercusiones en la percepción pública sobre la imparcialidad y fortaleza de las instituciones.
Fiscal José Domingo Pérez es investigado por declarar a la prensa sobre caso Lava Jato
Inicio de nueva investigación disciplinariaLa Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha iniciado un nuevo proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. La medida fue dispuesta por la jefa de la entidad, la fiscal suprema Marita Barreto Fernández Jerí, y se sustenta en recientes declaraciones que el magistrado brindó a los medios de comunicación respecto al asesinato del exfuncionario municipal José Miguel Castro, vinculado a las investigaciones por corrupción en el caso Odebrecht. Este nuevo procedimiento se suma a una serie de acciones disciplinarias previas que ha enfrentado el fiscal Pérez, lo que ha generado preocupación entre sectores que advierten un intento de censura o presión institucional sobre funcionarios del sistema anticorrupción. Contexto de las declaraciones y controversiaEl fiscal José Domingo Pérez había expresado públicamente su preocupación por la seguridad de los actores involucrados en casos de corrupción de alto perfil, tras conocerse el fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, quien fue clave en las investigaciones del caso Lava Jato. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia sobre los riesgos que corren quienes colaboran o conocen información sensible dentro de procesos emblemáticos. A raíz de estas declaraciones, la Autoridad Nacional de Control abrió una indagación por una presunta infracción a los principios de reserva y deber funcional, argumentando que el fiscal habría vulnerado normas internas del Ministerio Público al opinar sobre un proceso en curso. Reacciones institucionales y socialesDistintas voces del ámbito político y judicial han manifestado su inquietud por lo que consideran una señal de debilitamiento de la independencia del Ministerio Público. Desde organizaciones defensoras de la legalidad hasta algunos sectores ciudadanos, se teme que la apertura de estas investigaciones disciplinarias se convierta en una herramienta de silenciamiento contra fiscales incómodos al poder o involucrados en casos sensibles. En contraparte, desde el interior del Ministerio Público se ha insistido en la necesidad de que todos los fiscales respeten los protocolos de comunicación institucional y no comprometan con sus opiniones el curso de los procesos judiciales. Implicancias para la lucha contra la corrupciónEste nuevo episodio pone nuevamente en tensión el equilibrio entre la libertad de expresión de los magistrados y la responsabilidad funcional que deben guardar en sus actuaciones públicas. Para muchos analistas, se trata de un nuevo capítulo en la creciente confrontación interna que vive el Ministerio Público, especialmente en el marco de las investigaciones por corrupción política y empresarial más importantes del país. En ciudades como Huacho, donde se sigue con atención el curso de estos procesos por su impacto nacional, el caso ha encendido las alarmas sobre la posible interferencia en el trabajo de fiscales que han liderado investigaciones emblemáticas durante los últimos años.
Gobierno oficializa aumento de sueldo para la presidenta Dina Boluarte: percibirá más de S/35 mil mensuales
Contexto y medida oficialEl Poder Ejecutivo ha formalizado el incremento de la remuneración mensual de la presidenta de la República, Dina Boluarte, estableciéndola en S/35.568. Esta decisión fue oficializada mediante un decreto supremo publicado recientemente, el cual lleva la firma de la propia mandataria y del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. El documento establece que el nuevo monto corresponde a una actualización de la escala salarial en el marco de una reforma de ingresos para los altos funcionarios del Estado. La medida entra en vigencia de forma inmediata, y con ella, la presidenta supera en ingresos a otros funcionarios públicos, incluidos ministros y congresistas. Justificación del EjecutivoSegún el contenido del decreto, la modificación se ampara en criterios de “equidad y adecuación remunerativa” frente a cargos de similar responsabilidad y complejidad en el aparato estatal. El Ejecutivo argumenta que el salario presidencial no había sido actualizado desde gestiones anteriores, y que esta medida responde a una política de “ordenamiento del servicio civil”. Además, se precisa que el reajuste busca alinear la compensación presidencial con estándares de proporcionalidad respecto al nivel de responsabilidad institucional, con el objetivo de preservar la meritocracia en los altos niveles de gobierno. Reacciones y contexto políticoLa oficialización de este aumento ocurre en un contexto marcado por críticas al Gobierno por temas de gestión y percepción de desconexión con las prioridades ciudadanas, en especial considerando la situación económica que afecta a millones de peruanos. Diversos sectores ya han manifestado su preocupación por el impacto político de este reajuste salarial, en momentos donde el debate público exige mayor austeridad desde el Estado. Cabe señalar que el aumento presidencial se suma a otros recientes ajustes dentro de la estructura salarial del Ejecutivo, lo cual genera expectativa sobre eventuales cambios en la política de remuneraciones públicas en general.
Ernesto Blume: JNJ debería procesar a jueza Delia Espinoza por desacato a resolución
El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció de manera enfática sobre el reciente desacato por parte de la jueza suprema Delia Espinoza frente a una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), calificando el hecho como grave y preocupante para el Estado de derecho. Se cuestiona a magistrada por desacato institucional El pronunciamiento de Blume se refiere a la negativa de Espinoza y de la Sala Plena de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) de acatar una disposición de la JNJ, la cual ordenaba acciones administrativas específicas. Según el jurista, esta actitud constituye un acto de rebeldía institucional que pone en cuestión el respeto a los principios de legalidad y jerarquía normativa. Blume remarcó que el desacato a decisiones firmes de órganos constitucionales como la JNJ debilita la arquitectura del sistema de justicia y podría sentar un peligroso precedente de desobediencia por parte de altos magistrados. Posibles consecuencias y responsabilidad disciplinaria Ante este escenario, Blume manifestó que la JNJ debe evaluar el inicio de un proceso disciplinario contra Espinoza por presunto incumplimiento funcional. Señaló que la falta de respuesta adecuada frente a una actitud como esta comprometería la autoridad de la JNJ y erosionaría la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la administración de justicia. Además, se cuestionó si otros miembros del sistema judicial habrían avalado una postura similar, lo cual, de confirmarse, reflejaría un quiebre en la subordinación institucional entre los órganos que conforman el sistema de justicia. Contexto de tensiones en el aparato judicial Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre distintos órganos del sistema judicial y constitucional del país, donde se ha vuelto frecuente la confrontación entre poderes del Estado y órganos autónomos. La ciudadanía y diversos especialistas exigen que se impongan reglas claras de responsabilidad y respeto al marco constitucional vigente.
Congreso cita al ministro de Economía por incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte
La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, para que explique los fundamentos técnicos y legales que respaldan el reciente incremento de la remuneración de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que ahora supera los S/ 35,000 mensuales. Motivo de la citación y preocupación parlamentaria La decisión de convocar al titular del MEF surge tras conocerse que el salario presidencial fue elevado mediante una norma administrativa que ha generado críticas desde diversas bancadas, incluyendo voces que cuestionan la oportunidad y la justificación del incremento, considerando el actual contexto económico que afronta el país. La Comisión busca esclarecer si existió un procedimiento adecuado, si se cumplieron las normas presupuestales y si hubo participación directa del Ministerio de Economía en la aprobación de esta medida. También se indagará si otros altos funcionarios del Ejecutivo habrían recibido beneficios similares. Contexto político y repercusión social El aumento de la remuneración presidencial ha generado polémica no solo en el Congreso, sino también entre sectores de la ciudadanía, especialmente en medio de las dificultades económicas que enfrenta la mayoría de peruanos, con altos niveles de informalidad, desempleo y un encarecimiento sostenido del costo de vida. Parlamentarios de distintas bancadas han cuestionado la «falta de sensibilidad política» del Ejecutivo y demandan mayor transparencia en el uso de recursos públicos. Algunos incluso han solicitado revisar y anular la disposición que autoriza dicho incremento. Postura del Ejecutivo y próximos pasos Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido una declaración oficial amplia sobre la polémica, aunque se presume que el ministro Arista responderá detalladamente ante la Comisión en los próximos días. De no encontrar justificación suficiente, algunos congresistas evalúan presentar una moción de interpelación o recomendar una sanción política. La citación al ministro se suma a otros cuestionamientos recientes hacia el gobierno de Boluarte, reforzando el clima de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Fiscalía presenta nueva acusación contra Keiko Fujimori y solicita 35 años de prisión
En el marco del emblemático Caso Cócteles, el Ministerio Público ha presentado una nueva acusación formal contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, solicitando una pena de 35 años de prisión por presuntos delitos vinculados al financiamiento irregular de sus campañas presidenciales. Acusación fiscal y fundamentos jurídicos La Fiscalía de Lavado de Activos acusa a Keiko Fujimori de liderar una presunta organización criminal dentro de su partido, la cual habría ocultado millonarios aportes de origen ilícito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Los delitos imputados incluyen lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Según el requerimiento fiscal, la excandidata presidencial habría recibido dinero no declarado de grandes conglomerados empresariales, como parte de una supuesta red para encubrir el origen real de estos fondos bajo la fachada de aportes voluntarios y actividades sociales, conocidos como “cócteles”. Imputaciones a su entorno político y empresarial La nueva acusación no solo involucra a Keiko Fujimori, sino también a más de 40 personas entre exdirigentes de Fuerza Popular, empresarios y asesores. Entre los señalados se encuentran nombres clave de su entorno político que, según el Ministerio Público, habrían desempeñado roles funcionales para facilitar la canalización de fondos irregulares, ocultar documentos y coordinar versiones falsas ante las autoridades. Implicancias políticas y respuesta de la defensa Esta acusación se presenta en un contexto político sensible, a meses de definirse las candidaturas para las próximas elecciones generales. La defensa legal de Fujimori ha rechazado los cargos, calificando el pedido fiscal como «excesivo y carente de sustento probatorio», y ha reiterado que su clienta ha colaborado con todas las diligencias judiciales. Asimismo, desde Fuerza Popular se sostiene que esta nueva acusación forma parte de una supuesta persecución política, mientras la opinión pública mantiene dividido el debate sobre la vigencia del liderazgo fujimorista frente a este proceso penal. Próximos pasos judiciales El Poder Judicial deberá evaluar si admite o no la acusación para iniciar el juicio oral correspondiente. De ser aceptada, este proceso se convertiría en uno de los juicios más emblemáticos de los últimos años, con una figura política de alta visibilidad enfrentando una pena que podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción en el Perú.
Pedro Castillo enfrenta nuevo tramo de juicio oral por intento de golpe de Estado
AUDIENCIA CLAVE EN EL PODER JUDICIAL Este jueves 3 de julio, el Poder Judicial reanudó el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado por su intento de disolver el Congreso de la República en diciembre de 2022, acción que desencadenó una crisis política y su inmediata vacancia. La audiencia forma parte del proceso judicial en curso por el presunto delito de rebelión y conspiración, cargos que también alcanzan a varios de sus exministros, incluidos Betssy Chávez y Aníbal Torres. LOS HECHOS QUE DESENCADENARON EL PROCESO El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció de manera sorpresiva el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un gobierno de emergencia, medida considerada inconstitucional por las instituciones democráticas del país. La reacción fue inmediata: el Congreso adelantó su sesión plenaria, aprobó su vacancia por “incapacidad moral permanente” y las Fuerzas Armadas se desmarcaron del mensaje presidencial, permitiendo su captura y posterior encarcelamiento. IMPUTACIONES Y RESPONSABILIDADES El Ministerio Público sostiene que Pedro Castillo habría intentado quebrantar el orden constitucional al utilizar su cargo para imponer un régimen autoritario. Según las investigaciones, contó con el respaldo directo de la entonces primera ministra Betssy Chávez, el exjefe del Gabinete Aníbal Torres y otros altos funcionarios, quienes habrían coordinado la lectura y difusión del mensaje golpista. En esta nueva etapa del juicio, el tribunal evalúa pruebas documentales, videos y testimonios clave que buscan confirmar la existencia de una acción concertada desde el Ejecutivo para alterar el régimen democrático vigente. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS Pedro Castillo permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel por rebelión, delito que implica haber intentado alzarse en armas contra el Estado. Por su parte, Betssy Chávez también enfrenta prisión preventiva y se encuentra a la espera de resoluciones complementarias del Poder Judicial. Las audiencias han despertado gran atención pública y mediática, al tratarse de un hecho sin precedentes en la historia reciente del Perú: un presidente en ejercicio intentando romper el orden constitucional mediante un autogolpe.
MEF anuncia aumento de sueldo de Dina Boluarte a S/35,568 al mes
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que fija una nueva compensación económica para la presidenta Dina Boluarte, cuyo sueldo pasará de 16.000 a 35.568 soles mensuales. En una rueda de prensa, el titular del MEF explicó que la medida se basa en una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que formalizó un acuerdo de directorio para establecer una metodología comparativa. “Se ha establecido una metodología que hace una revisión de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina”, detalló. La norma será publicada en el diario oficial El Peruano en las próximas horas y “entrará en vigencia al día siguiente”. Según el ministro, el análisis también consideró los ingresos más altos dentro del Ejecutivo. “Tomando esto como referencia (…), se ha hecho un promedio ponderado. Resultado de ello, surge el valor que ha sido aprobado el día de hoy en un decreto supremo de 35,568 soles mensuales”, continuó. El anuncio ocurre cuando Boluarte registra solo un 3 % de aprobación a nivel nacional, la cifra más baja en más de cuatro décadas, según una encuesta de Datum Internacional para el diario El Comercio. Y un mes después de que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, asegurara que este aumento no formaba parte de la agenda del Ejecutivo. “Lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión, y todavía el Ejecutivo, por lo menos desde mi gestión, no estamos asumiendo esto como parte de la agenda”, subrayó entonces. El nuevo salario de Boluarte representa casi treinta veces el salario mínimo (1,130 soles). Los últimos presidentes de Perú —Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) — recibían una remuneración de 15,600 soles. Pérez Reyes añadió que la medida busca corregir una decisión tomada en el pasado y establecer una remuneración adecuada para quien ocupe la jefatura del Estado. “El expresidente García decidió reducir los salarios de importantes funcionarios públicos. Humala, en 2015, subió sueldos a ministros y viceministros, y ahora se está corrigiendo el sueldo de la Presidencia, que servirá para quien en julio del próximo año ejerza el cargo”, afirmó. Por su parte, Arana también respaldó la medida y llamó a dejar de lado los cuestionamientos sobre el tema. “No se debe hacer demagogia ni escarnio. La institución presidencial y la Presidencia es la más alta función de un cargo estatal. Solo un juez supremo gana más (que la presidenta). No se trata de un nombre en particular, sino que a partir de ahora el cargo le corresponde una retribución de acuerdo a su función”, sostuvo. A inicios de mayo, el MEF elaboró un informe que propone aumentar en 122 % el sueldo de Boluarte, baso precisamente en una metodología técnica y está alineada con los lineamientos de la Oficina General de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ante la difusión del informe en ese momento, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó la propuesta por considerarla inoportuna en el contexto actual. “No creo que estemos en un escenario adecuado, ni hablar”, declaró. También pidió a las autoridades mayor empatía con la ciudadanía: “Le pediría a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros y los ministros que tengan más tino, más empatía con la población”. Gutiérrez afirmó que existen otras prioridades urgentes, como la lucha contra la inseguridad y la protección de la niñez. “Hablar del aumento de sueldo sería lo peor que se puede hacer”, concluyó.
Locomotoras y coches llegan al Callao: Alcalde de Lima buscará acuerdo clave con el MTC
Modernización del transporte ferroviario Un nuevo lote de locomotoras y coches ferroviarios ya se encuentra en ruta hacia el puerto del Callao, como parte de un proyecto de ampliación y modernización del transporte urbano e interurbano en Lima Metropolitana. Estas unidades, provenientes del extranjero, están destinadas a mejorar el sistema de movilidad y reforzar la infraestructura ferroviaria en la capital. Gestión municipal en acción Ante este importante arribo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado que se reunirá próximamente con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de llegar a un acuerdo estratégico que beneficie directamente a los limeños. La cita tendrá como eje central la coordinación para integrar estas unidades en planes que promuevan un sistema ferroviario eficiente, sostenible y al servicio del crecimiento urbano. Objetivo del encuentro La reunión entre el burgomaestre y el titular del MTC tiene como propósito definir el destino, uso y administración de las nuevas unidades ferroviarias. López Aliaga busca asegurar que estos recursos no sean relegados ni redirigidos a otras regiones sin planificación, sino que sirvan directamente a las necesidades de la capital, donde la congestión vehicular y los problemas de transporte requieren soluciones urgentes. Impacto esperado para Lima Metropolitana Con la llegada de este material rodante, se espera potenciar proyectos como el Tren de Cercanías o la extensión de redes de transporte rápido, lo que podría generar un cambio estructural en la conectividad de Lima y zonas periféricas. También se contempla la posibilidad de establecer nuevas rutas que integren provincias costeras cercanas, facilitando la movilidad de trabajadores, estudiantes y comerciantes. Desafíos y coordinación institucional Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de la coordinación efectiva entre el gobierno central y la administración municipal, así como de la asignación adecuada de presupuesto, estudios técnicos y el respeto a los marcos normativos vigentes. La articulación entre ambos niveles de gobierno será esencial para evitar demoras y garantizar que las locomotoras y coches sean utilizados en beneficio directo de la población.
