Encuentran tesis de María Acuña y se detectan altos niveles de similitud con trabajos previos

1. Hallazgo y antecedentes Las tesis de maestría (2015) y doctorado (en Gestión Pública y Gobernabilidad) de la congresista María Grimanesa Acuña Peralta, que la Universidad César Vallejo (UCV) declaró extraviadas tras un huaico en 2017, fueron localizadas recientemente en sus archivos internos. Hubo sospechas de que la versión oficial que los documentos se habían perdido por el fenómeno de El Niño no era verídica. 2. Resultados del análisis de Turnitin 3. Opinión de expertos académicos Especialistas en integridad académica, como el profesor César Higa (PUCP), señalaron que los niveles detectados no pueden considerarse coincidencias accidentales: cuando “ideas, párrafos y estructuras idénticas” aparecen sin citar fuentes, se trata de plagio. Agregó que la universidad debe exigir explicaciones y aplicar sanciones según corresponda. 4. Reacción de María Acuña y la UCV 5. Repercusiones institucionales
Gobierno convoca mesa técnica este lunes y rechaza diálogo con mineros ilegales, señala Dina Boluarte

Contexto y motivo de la convocatoria El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha programado para este lunes 14 de julio a las 11:00 a.m. una mesa técnica interinstitucional. El encuentro, que se realizará en Palacio de Gobierno, busca revisar y coordinar el proceso de formalización minera en el país, especialmente de los 31 560 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) Participantes oficiales Fueron invitados altos representantes del Estado y del sector minero, entre ellos: Agenda del encuentro Se han definido tres ejes principales de debate técnico: Posición oficial frente a la minería ilegal La presidenta Boluarte ha sido enfática al señalar que su gobierno descartará cualquier diálogo con actividades ilícitas. En su pronunciamiento, subrayó que “no habrá pactos, acuerdos ni diálogo con los mineros ilegales” y que estas protestas han recurrido a la violencia y bloqueos, lo cual ha resultado en daños humanos y económicos. Además, añadió que no tolerará “grupos extremistas” vinculados a estas acciones, que han provocado muertes y heridos Balance sobre impacto y cifras El Ejecutivo afirma que la minería ilegal ha costado al país más de S/ 7 500 millones en pérdidas fiscales, además de causar graves impactos en el ambiente, como la contaminación con mercurio, y generar problemas sociales como explotación laboral, trata de personas y trabajo infantil Críticas y perspectivas del sector minorista Pese al enfoque oficial, organizaciones vinculadas a la pequeña y artesanal minería —especialmente en Puno— han denunciado que las medidas podrían favorecer a la gran minería y criminalizar a los trabajadores artesanales. Solicitan ampliar los plazos de formalización y aprobar una ley que reconozca sus condiciones laborales y acceso al mercado formal.
Alcalde de Pataz exige erradicar la minería ilegal y esclarecer crímenes vinculados a esta actividad

Pronunciamiento firme contra la minería ilegal El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariño, lanzó un contundente llamado al Gobierno Central para que se tomen acciones urgentes y definitivas contra la minería ilegal en su jurisdicción. En declaraciones recientes, el burgomaestre expresó su rechazo rotundo a esta actividad ilícita que —según indicó— no solo daña el medio ambiente, sino que también ha desencadenado una escalada de violencia en la región. “Yo apuesto porque se sepulte, se termine y se extermine la minería ilegal”, enfatizó Mariño, subrayando que la situación ha desbordado los límites del control local y requiere una respuesta articulada del Estado. Investigación sobre asesinatos y mafias mineras El alcalde solicitó que se investigue con profundidad los crímenes ocurridos en zonas mineras, muchos de los cuales estarían vinculados a redes criminales que operan alrededor de la extracción ilegal de oro. Asimismo, pidió que se examine el papel de las empresas que operan en el área y que, según algunos sectores, podrían estar relacionadas directa o indirectamente con estos actos de violencia. La autoridad edil hizo especial hincapié en la necesidad de esclarecer recientes asesinatos, los cuales generan temor en la población y podrían estar siendo utilizados como mecanismos de control por parte de mafias mineras. Formalización minera como solución estructural A pesar de su postura contra la minería ilegal, Mariño reconoció el rol de los pequeños mineros artesanales que buscan formalizarse. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo para que garantice un proceso de formalización “real, viable y transparente”, que permita diferenciar claramente entre quienes cumplen con los requisitos legales y quienes se amparan en la informalidad para operar al margen de la ley. Señaló que es indispensable establecer una política integral que combine erradicación, fiscalización y alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la actividad extractiva. Demanda de presencia estatal Finalmente, el alcalde de Pataz exigió mayor presencia del Estado en su provincia, no solo mediante acciones policiales y militares, sino también a través de inversión pública, servicios básicos y programas sociales. A su juicio, la ausencia del Estado ha permitido el crecimiento de la minería ilegal y de la criminalidad asociada a ella.
Ministro del Ambiente Juan Carlos Castro realizará visita oficial a Europa del 12 al 18 de julio

Autorización oficial para misión internacional Mediante la Resolución Suprema Nº 157-2025-PCM, el Gobierno peruano autorizó el viaje del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, a tres países europeos: España, Alemania y Suiza. La visita oficial se desarrollará entre el 12 y el 18 de julio y tiene como objetivo fortalecer los vínculos de cooperación ambiental e impulsar acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad. Agenda orientada a la cooperación climática Durante su estadía, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam) participará en reuniones con autoridades gubernamentales, organismos internacionales y entidades multilaterales relacionadas con el cambio climático, la gestión de recursos naturales y la transición energética. Asimismo, se prevé que el ministro aborde temas clave como el financiamiento climático, la biodiversidad, las políticas de economía circular y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el marco del Acuerdo de París. Importancia del viaje para la agenda ambiental nacional El viaje representa una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo del Perú en la región andina en temas ambientales y reforzar su posicionamiento como país comprometido con el desarrollo sostenible. Además, permite establecer alianzas técnicas y financieras con países europeos que han mostrado interés en apoyar programas de conservación y mitigación de los efectos del cambio climático en América Latina. Desde el Ministerio del Ambiente se ha indicado que esta gira contribuirá a recoger experiencias exitosas en gestión ambiental que podrían aplicarse en el contexto nacional, especialmente en áreas como reforestación, tratamiento de residuos y transición energética. Continuidad de funciones durante la ausencia Durante la ausencia del ministro Castro, el despacho del Ministerio del Ambiente quedará encargado a un funcionario designado, garantizando la continuidad de las labores institucionales. Esta medida se encuentra contemplada en los procedimientos de gestión del Poder Ejecutivo cuando se realizan misiones oficiales en el exterior.
Brasil evaluará factibilidad del tren bioceánico y luego iniciará diálogo con Perú

Avances en el proyecto ferroviario interoceánico El proyecto del tren bioceánico, una ambiciosa iniciativa que busca unir el océano Atlántico con el Pacífico mediante una vía ferroviaria transcontinental, ha vuelto a tomar impulso tras los recientes acuerdos entre Brasil y China. Según declaraciones del excanciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, el Gobierno brasileño ha iniciado estudios técnicos en su territorio para analizar la viabilidad del tramo correspondiente en su país. Esperan resultados antes de contacto con Perú Rodríguez Cuadros informó que, una vez concluidos estos estudios de factibilidad en suelo brasileño, el Ejecutivo de ese país establecerá comunicación formal con el Gobierno del Perú para evaluar la posible conexión del trazado ferroviario con puertos peruanos en el litoral pacífico. El excanciller explicó que Brasil está tomando un enfoque técnico previo a cualquier negociación bilateral, con el fin de garantizar que el proyecto sea económicamente viable y estratégicamente beneficioso para las partes involucradas. Importancia estratégica para Sudamérica El tren bioceánico es visto como una oportunidad histórica para integrar comercial y logísticamente a América del Sur, permitiendo el transporte de mercancías desde el Atlántico hasta el Pacífico sin depender exclusivamente de rutas marítimas tradicionales. Su construcción podría reducir significativamente los tiempos y costos del comercio exterior, abriendo nuevas posibilidades para las exportaciones peruanas hacia Asia y otros mercados internacionales. China, como socio estratégico en esta iniciativa, ha mostrado un fuerte interés en financiar parte del proyecto, lo que añade un componente geopolítico relevante al desarrollo de esta megaobra de infraestructura. Perú a la expectativa de una propuesta formal Por ahora, el Perú se mantiene a la espera de que Brasil culmine sus estudios internos para iniciar negociaciones más concretas sobre el trazado y el financiamiento de la conexión ferroviaria con territorio nacional. Las autoridades peruanas han expresado en diversas oportunidades su disposición a participar en el proyecto, siempre que se garantice su rentabilidad, sostenibilidad ambiental y beneficio directo para las regiones involucradas.
Midagri garantiza abastecimiento en Lima pese a bloqueos: “El país tiene stock suficiente”

Ministro asegura continuidad en la cadena de suministros El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, descartó cualquier posibilidad de desabastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados de Lima, a pesar de los recientes bloqueos de carreteras registrados en diversas regiones del país. Según indicó, el Gobierno cuenta con las reservas suficientes para garantizar la distribución de alimentos y bienes esenciales. Situación bajo control, pero con advertencias Durante una declaración oficial, el ministro Manero precisó que, si bien existen dificultades logísticas generadas por las protestas de mineros artesanales, el sistema de abastecimiento nacional se mantiene estable gracias al stock disponible y la planificación de rutas alternativas. No obstante, alertó que, de prolongarse las interrupciones en las vías de comunicación, podrían generarse retrasos en algunos puntos de distribución. Exhortación a mineros a cesar bloqueos El titular del Midagri hizo un llamado directo a los mineros informales que continúan bloqueando importantes carreteras del país, exhortándolos a deponer estas acciones de protesta que afectan a miles de ciudadanos. Reiteró que el Gobierno está dispuesto al diálogo, pero pidió que este se desarrolle sin recurrir a medidas de presión que comprometan la estabilidad del transporte y el acceso a alimentos. Garantías para las regiones y vigilancia del mercado Manero afirmó también que el monitoreo del abastecimiento no se limita a Lima, sino que incluye diversas ciudades y regiones del interior del país. En ese sentido, informó que se han activado mecanismos de vigilancia comercial para prevenir especulaciones y alzas injustificadas en los precios de productos esenciales. Asimismo, enfatizó que el Estado se encuentra coordinando con otros sectores para asegurar que los productos agrícolas lleguen a sus destinos sin mayores contratiempos.
Pedro Castillo alerta sobre amenazas de muerte contra Betssy Chávez en penal de Chorrillos

Graves advertencias desde el penal de Barbadillo El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, denunció públicamente que la ex primera ministra Betssy Chávez estaría recibiendo amenazas de muerte dentro del Penal de Mujeres de Chorrillos. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, expresó su preocupación por la seguridad e integridad de Chávez, indicando que su vida “corre peligro” si no se adoptan medidas urgentes de protección. Señalamientos sobre condiciones carcelarias Castillo respaldó las recientes denuncias realizadas por la propia Betssy Chávez, quien habría reportado cobros ilegales por el acceso a celdas, restricciones selectivas a las visitas y una presunta estructura de hostigamiento hacia determinadas internas. Según lo manifestado por el exmandatario, estas prácticas constituyen actos de corrupción y vulneran derechos fundamentales. El expresidente exigió a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al sistema de justicia garantizar la integridad física y emocional de la exjefa del Gabinete, advirtiendo que cualquier atentado contra su vida recaería en responsabilidad del Estado. Reacciones y situación judicial La denuncia de Pedro Castillo se suma al complejo contexto legal en el que se encuentra Chávez, quien afronta cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su permanencia en el penal de Chorrillos ha sido marcada por tensiones internas y reclamos por tratos discriminatorios. Diversos sectores de la opinión pública y defensores de derechos humanos han solicitado que se investigue lo expuesto y se verifique la situación real dentro del centro penitenciario. También han llamado a evitar que este tipo de casos queden impunes o sean minimizados por su carácter político. Llamado a la vigilancia institucional Las declaraciones de Pedro Castillo reavivan el debate sobre la situación en los penales del país, especialmente en lo que respecta a las condiciones de seguridad de internas vinculadas a casos de alto perfil. En este sentido, se ha instado a las instituciones competentes a actuar con transparencia, firmeza y respeto a los derechos fundamentales.
Betssy Chávez denuncia abusos, cobros ilegales y maltratos dentro del Penal de Mujeres de Chorrillos

Graves acusaciones desde prisión Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros y actual interna en el Penal de Mujeres de Chorrillos, ha realizado una denuncia formal ante autoridades judiciales, señalando que estaría siendo víctima de actos de corrupción, cobros indebidos y diversas formas de maltrato al interior del establecimiento penitenciario. La exfuncionaria afirmó que estos hechos vulneran su dignidad personal y configuran situaciones de violencia estructural dentro del penal. Corrupción interna y maltratos denunciados Chávez aseguró que existen cobros arbitrarios o “cupos” exigidos por otras internas, así como presuntos casos de abuso de poder dentro de los pabellones, lo que estaría generando un ambiente hostil para su permanencia. A ello se suman denuncias de agresiones psicológicas y físicas, actos que, según lo declarado, son parte de una práctica sostenida que afecta no solo a ella, sino a otras mujeres privadas de libertad. Estas afirmaciones fueron planteadas ante magistrados encargados de revisar su situación jurídica, generando preocupación sobre las condiciones de trato que reciben algunas internas, especialmente aquellas con alta exposición mediática o antecedentes políticos. Llamado a la intervención institucional La ex primera ministra solicitó a las autoridades judiciales y penitenciarias investigar estos hechos con la debida seriedad y celeridad. Su denuncia ha vuelto a poner en el debate público las condiciones del sistema carcelario femenino en el país, así como la necesidad de garantizar un ambiente seguro, libre de violencia, discriminación o abuso de poder. Asimismo, ha pedido que se respete su integridad y se tomen medidas para evitar represalias dentro del penal tras sus declaraciones. Contexto judicial Betssy Chávez se encuentra recluida mientras enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Su actual condición como interna ha estado marcada por diversas controversias, y esta denuncia añade un nuevo episodio a la compleja situación política y legal que atraviesa.
Odebrecht reveló entrega de un millón de dólares en efectivo a exfuncionario de la Municipalidad de Lima

Contexto del caso Nuevas revelaciones en el marco del caso Lava Jato han puesto nuevamente en el centro de la atención a José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. Según investigaciones recientes, la empresa brasileña Odebrecht admitió haberle entregado la suma de un millón de dólares en efectivo, lo que refuerza las acusaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Delación de exejecutivos y dinero ilícito Dos exfuncionarios de Odebrecht, quienes colaboran con la justicia peruana, confirmaron que el dinero entregado a Castro tuvo como propósito asegurar la continuidad de contratos y proyectos de infraestructura en Lima. El monto habría sido parte de una operación ilícita destinada a financiar campañas políticas a cambio de favores administrativos. El dinero fue entregado directamente en efectivo, una modalidad que dificulta su trazabilidad y que, según los fiscales, forma parte de una red más amplia de corrupción que habría beneficiado a varios actores del entorno edil. Perspectivas judiciales y temor de condena La situación legal de José Miguel Castro se ha agravado considerablemente. De acuerdo con una hipótesis elaborada por las autoridades policiales, el exfuncionario estaría atravesando un período de angustia ante la posibilidad de recibir una sentencia de hasta 25 años de prisión. A esto se suma la situación de su cuñada, Daniela Maguiña Ugarte, acusada de haber participado en el lavado de dinero proveniente de Odebrecht, para quien la Fiscalía solicitaría una condena de 15 años. Ambos deberán enfrentar un juicio oral, programado para el próximo 23 de septiembre, donde se evaluarán las pruebas recabadas por el Ministerio Público y las confesiones de los exdirectivos de la constructora brasileña. Implicancias del caso Este nuevo capítulo en el caso Lava Jato evidencia la profundidad del vínculo entre grandes constructoras extranjeras y autoridades municipales. También pone en entredicho la integridad de la administración pública en la capital durante el periodo investigado. La justicia peruana tendrá ahora el desafío de resolver un proceso judicial con gran impacto político y mediático.
Controversial proyecto conocido como “ley mordaza” entra en segunda votación en la Comisión Permanente del Congreso

Iniciativa legislativa avanza en el Parlamento La Comisión Permanente del Congreso de la República inició el debate para la segunda votación del proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto a los delitos de calumnia y difamación. Conocida públicamente como “ley mordaza”, la propuesta legislativa ha generado gran controversia por el impacto que podría tener sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación. Cambios propuestos en la normativa penal El proyecto plantea aumentar las penas privativas de libertad para quienes incurran en calumnia o difamación, especialmente si se cometen a través de medios de comunicación o redes sociales. Además, introduce variaciones en los plazos para ejercer el derecho de rectificación por parte de los afectados, lo que, según sus críticos, restringiría la capacidad de los periodistas y ciudadanos para emitir opiniones sin temor a represalias legales. Preocupación por posible censura Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como gremios periodísticos, han advertido que esta norma podría constituir un retroceso en materia de libertades civiles. Señalan que el endurecimiento de sanciones podría ser utilizado como mecanismo de intimidación contra la prensa crítica y actores sociales que fiscalizan el poder político. Posturas encontradas en el Congreso Mientras un sector del Parlamento argumenta que la ley busca proteger la honra y reputación de las personas frente al uso indebido de la información, otros congresistas denuncian que se trata de un intento de silenciar voces incómodas en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones. La segunda votación será determinante para definir si la propuesta se convierte en ley o es devuelta para su revisión.