Revelan apoyo previo del ministro Jorge Montero a mineros artesanales y ampliación del REINFO
Contenido de las conversaciones filtradas Una reciente revelación ha puesto bajo la lupa al actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, luego de que se difundiera el contenido de un chat grupal donde, antes de asumir funciones en el Ejecutivo, expresó abiertamente su respaldo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El grupo de conversación estaba conformado principalmente por mineros artesanales y pequeños productores del sector extractivo informal. Postura previa al nombramiento En los mensajes difundidos, Montero no solo defendía la necesidad de prolongar el proceso del REINFO, sino que también cuestionaba las decisiones del Ejecutivo respecto al tratamiento de la minería artesanal. Estas opiniones, formuladas cuando aún no ocupaba el cargo ministerial, han generado controversia debido a su aparente contradicción con la postura oficial del Gobierno en torno al ordenamiento y fiscalización de la actividad minera informal. Implicancias políticas y cuestionamientos Las revelaciones han levantado dudas entre diversos sectores políticos y sociales, particularmente sobre la imparcialidad del ministro frente a las demandas de los mineros informales. Algunos analistas consideran que esta cercanía previa con actores del rubro podría influir en la dirección de sus decisiones como titular del Ministerio de Energía y Minas, especialmente en un contexto en que se debate la eficacia del REINFO y su rol en la formalización del sector. Respuesta del Ministerio y el ministro Hasta el momento, el ministro Montero ha respondido señalando que sus anteriores opiniones fueron emitidas en calidad de técnico y que su gestión se rige por los lineamientos del Gobierno. También aclaró que su actual trabajo busca un equilibrio entre la formalización responsable, la protección ambiental y el respeto al Estado de derecho, reiterando su compromiso con una política minera sostenible e inclusiva.
Ministro Jorge Montero aclara conversaciones con mineros: “Se trata de un chat temático técnico”
Contexto del pronunciamiento El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se pronunció públicamente para aclarar las recientes publicaciones que involucran su participación en conversaciones con representantes del sector minero. Según explicó, dichas comunicaciones se realizaron en el marco de un «chat temático» donde participan profesionales, técnicos y especialistas vinculados a la minería artesanal y de pequeña escala. Detalles de la aclaración Montero precisó que este espacio digital no constituye un canal oficial de diálogo con organizaciones mineras ni un medio para acuerdos políticos o sindicales. Afirmó que su presencia en ese foro tiene como objetivo compartir información técnica y recoger aportes de personas involucradas en el rubro. Asimismo, remarcó que los intercambios allí desarrollados se enmarcan en la legalidad y transparencia que exige su cargo como ministro. Reacciones frente a las sospechas La aclaración del titular del MINEM surge tras cuestionamientos que sugerían una supuesta coordinación informal con mineros que actualmente protagonizan protestas contra medidas del Ejecutivo, como la regulación del proceso de formalización. En respuesta, Montero descartó cualquier intención de favorecer intereses particulares y subrayó el compromiso de su cartera con una política minera responsable, ordenada y con enfoque territorial. La importancia del diálogo técnico En su pronunciamiento, el ministro destacó que espacios de intercambio temático como este permiten un acercamiento real con actores del sector, sin que ello implique comprometer decisiones políticas. También reafirmó que el proceso de diálogo formal con gremios mineros continúa su curso por los canales institucionales establecidos, bajo la conducción del Ejecutivo.
Oficina de Juan José Santiváñez genera cuestionamientos por elevado gasto salarial
Presupuesto en la mira La oficina del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, actualmente adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha sido objeto de fuertes críticas tras revelarse que su funcionamiento representa un gasto aproximado de S/900,000 anuales en remuneraciones. Esta cifra ha generado preocupación debido a que contrasta con la información oficial previamente proporcionada por la PCM, que aseguraba que dicha oficina contaba con solo dos asesores. Contradicciones en cifras oficiales Según versiones oficiales, el equipo de Santiváñez estaría conformado únicamente por un asesor de la modalidad de Fortalecimiento de la Administración General (FAG) y un asesor técnico. Sin embargo, una reciente investigación periodística ha revelado que en realidad laboran más personas, cuyos sueldos superan, en varios casos, los S/15,000 mensuales. Estos datos han dejado al descubierto una notoria falta de transparencia en la comunicación oficial sobre la estructura de personal. Funcionamiento de la oficina La oficina, creada tras la salida de Santiváñez del Ministerio del Interior, continúa operando dentro del aparato estatal, aunque sin una función claramente definida ante la opinión pública. Su elevado costo de operación ha suscitado interrogantes sobre su pertinencia y eficiencia, especialmente en un contexto nacional de ajustes presupuestarios y exigencias ciudadanas por una gestión pública más austera y efectiva. Reacciones y posibles consecuencias Este caso ha encendido el debate en el ámbito político, donde se demanda una revisión inmediata de la estructura y presupuesto de oficinas similares dentro del Ejecutivo. Sectores de la oposición han solicitado explicaciones claras y una auditoría de los recursos asignados. Por su parte, desde el Gobierno aún no se han brindado declaraciones que aclaren por completo el número de trabajadores y la justificación técnica para mantener dicha unidad operativa con altos salarios.
JNJ inicia investigación preliminar contra Delia Espinoza por no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación
Contexto del caso La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha abierto una investigación preliminar contra la fiscal suprema Delia Espinoza, actual encargada interina del Ministerio Público, por presuntamente haber incumplido una resolución judicial que ordenaba la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Esta medida se da en medio de un clima de alta tensión institucional y con implicancias directas en la autonomía del sistema de justicia peruano. Decisión del Poder Judicial Cabe recordar que, a pesar de que el Poder Judicial ordenó la restitución de Benavides, dicha orden quedó sin efecto tras una nueva disposición judicial que confirmó su suspensión por un periodo de dos años. Esta suspensión está relacionada con la investigación en curso que afronta Benavides por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, lo que complicó aún más el escenario jurídico y administrativo dentro del Ministerio Público. Plazo para descargos Como parte del proceso abierto por la JNJ, Delia Espinoza tiene un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos y justificar las razones que la llevaron a no reponer a Patricia Benavides, pese al mandato judicial inicial. La investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que aún no se han determinado sanciones ni responsabilidades formales. Implicancias institucionales La apertura de este proceso evidencia las tensiones entre distintos órganos del Estado, en particular entre el Poder Judicial y los entes autónomos como la JNJ y el Ministerio Público. Asimismo, plantea cuestionamientos sobre los límites de las decisiones judiciales en relación con los procesos internos de las instituciones autónomas y sobre el rol de quienes las lideran temporalmente.
Presidenta Boluarte reafirma compromiso con la reactivación económica y destrabe de proyectos estratégicos
Gobierno impulsa modernización del agro y dinamización de inversiones Durante una reciente presentación pública, la presidenta de la República, Dina Boluarte, destacó los avances del Ejecutivo en la reactivación económica nacional, subrayando el destrabe de importantes proyectos emblemáticos que, hasta hace poco, se encontraban paralizados por obstáculos administrativos, legales o sociales. La mandataria aseguró que el Gobierno tiene un rumbo claro: modernizar el país, fortalecer el agro nacional y atraer nuevas inversiones, dejando de lado distracciones políticas que obstaculicen ese objetivo. Ejes estratégicos: transformación productiva y competitividad rural Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la apuesta por el desarrollo del agro, considerado por el Gobierno como una herramienta clave para reducir brechas sociales, impulsar el empleo y asegurar la seguridad alimentaria del país. Según la jefa de Estado, se están articulando esfuerzos para dotar de competitividad al campo peruano, con mejoras en infraestructura hidráulica, conectividad rural y acceso al financiamiento para pequeños y medianos productores. Asimismo, se viene trabajando en la modernización de cadenas productivas, el fortalecimiento de la asociatividad y la promoción de la agroexportación con valor agregado, como parte de una visión integral para transformar el sector agrícola y hacerlo sostenible a largo plazo. Destrabe de megaproyectos y estabilidad política como motor del crecimiento Boluarte resaltó que uno de los pilares de la recuperación económica es el destrabe de proyectos de gran impacto nacional, los cuales permitirán dinamizar la economía regional, generar empleo y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos. Entre ellos se incluyen iniciativas en sectores como infraestructura vial, energía, minería y transporte, que representan oportunidades para impulsar el desarrollo descentralizado. En ese contexto, la presidenta hizo un llamado a las fuerzas políticas a consolidar la estabilidad institucional, ya que el clima de gobernabilidad es fundamental para recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Afirmó que “nada ni nadie” hará que el Ejecutivo desvíe su atención del objetivo central de reactivar la economía del país. Un llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto En su mensaje, Boluarte exhortó a las autoridades regionales, locales y a la ciudadanía a sumar esfuerzos en este proceso de transformación. Subrayó que la reactivación económica no puede ser una tarea aislada del Gobierno central, sino una causa común entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, especialmente en un contexto donde el país busca recuperarse de los impactos acumulados de la pandemia, los conflictos sociales y la desaceleración internacional.
Ministerio de Defensa aclara que reglamento sobre símbolos patrios sigue en etapa de consulta pública
Norma busca fortalecer el respeto por los emblemas nacionales El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que el proyecto de reglamento sobre el uso y protección de los símbolos patrios del Perú aún se encuentra en fase de consulta pública, desmintiendo versiones que afirmaban su aprobación definitiva. La propuesta normativa tiene como objetivo reforzar el respeto y correcto uso de los emblemas nacionales, como la bandera, el escudo y el himno, promoviendo su valoración como elementos fundamentales de la identidad y soberanía nacional. Este reglamento ha sido elaborado por un comité técnico intersectorial que reúne a representantes de distintas instituciones del Estado, y actualmente está abierto a recibir comentarios, sugerencias y aportes ciudadanos hasta el próximo 26 de julio, a través de los canales oficiales del ministerio. Alcances del reglamento propuesto El texto preliminar de la norma propone precisiones sobre la correcta exhibición y tratamiento de los símbolos patrios tanto en espacios públicos como privados, así como en ceremonias oficiales y actos protocolares. También contempla sanciones por uso indebido o falta de respeto hacia estos símbolos, sin que ello vulnere el derecho a la libre expresión. Entre los puntos en evaluación destacan: Participación ciudadana como eje del proceso El Mindef reiteró que este proceso no es unilateral ni cerrado, y que la consulta pública busca fortalecer el consenso ciudadano sobre el significado y la protección de los emblemas nacionales. Asimismo, se invita a los ciudadanos, organizaciones civiles, instituciones educativas y especialistas a emitir sus opiniones y sugerencias para enriquecer el contenido final del reglamento. La entidad aclaró que, una vez concluido el periodo de consulta, se evaluarán los aportes recibidos antes de emitir una versión definitiva del documento que será aprobado mediante norma legal correspondiente. Importancia de los símbolos patrios en el contexto actual En el marco del aniversario patrio, el Mindef subrayó la necesidad de promover una cultura de respeto y unión en torno a los símbolos que representan la historia, la lucha y la identidad del Perú. En ese sentido, la actualización del reglamento responde a una necesidad de adecuar su uso a los nuevos escenarios sociales, culturales y tecnológicos, sin perder el valor histórico y cívico que representan.
Ministro del Interior critica liberación de presunto cabecilla criminal: “Nadie quiere asumir responsabilidades”
Polémica por liberación de integrante de organización criminal El ministro del Interior, Carlos Malaver, expresó su profunda preocupación por la reciente liberación de Jhon Cruz Arce, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, una de las más peligrosas del norte del país. En declaraciones públicas, el titular del Mininter cuestionó que las instituciones involucradas en el proceso judicial «se tiran la pelota» y evaden su responsabilidad en una decisión que pone en riesgo la seguridad ciudadana. La excarcelación de Cruz Arce ha generado indignación tanto en la opinión pública como en diversos sectores del Estado, debido a que se trata de un individuo con antecedentes por extorsión, sicariato y otros delitos graves vinculados al crimen organizado. Posible corrupción e irregularidades en el proceso Malaver no descartó que en el caso haya existido algún acto de corrupción o manipulación institucional, lo que agrava la percepción de impunidad en el sistema de justicia. Aunque evitó señalar directamente a un responsable, fue enfático al indicar que se debe investigar a fondo el procedimiento que permitió la salida de un individuo que, según inteligencia policial, mantiene vínculos activos con actividades delictivas. «Lo que ha ocurrido no puede normalizarse. No se trata solo de una falla, sino de una situación que podría estar encubriendo intereses oscuros dentro del propio sistema judicial o fiscal», declaró el ministro. Impacto en la lucha contra el crimen organizado La liberación de un presunto líder criminal representa un duro golpe para la labor policial, especialmente en un momento en el que el país enfrenta el fortalecimiento de diversas bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el tráfico ilegal. Según fuentes del Ministerio del Interior, las investigaciones contra ‘Los Pulpos’ han avanzado significativamente en los últimos años, y la captura de sus principales operadores era considerada una prioridad nacional. Este tipo de decisiones judiciales, señaló Malaver, afectan la moral de las fuerzas del orden y generan un mensaje de impunidad que alienta a las organizaciones delictivas a continuar operando con violencia e intimidación. Llamado a la reforma y coordinación interinstitucional El ministro hizo un llamado a que los órganos del Estado involucrados en la lucha contra el crimen —Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional— trabajen de forma más coordinada, transparente y comprometida con la seguridad del país. Además, solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura y a las instancias de control realizar las evaluaciones correspondientes sobre quienes intervinieron en el proceso que permitió la excarcelación de Cruz Arce. Finalmente, reiteró que el Ministerio del Interior continuará fortaleciendo sus estrategias contra el crimen organizado, pero pidió que el esfuerzo policial no se vea desdibujado por decisiones que carecen de justificación ante la gravedad de los delitos investigados.
Ministro del Interior afirma que transporte formal no se sumará al paro convocado para Fiestas Patrias
Autoridades descartan adhesión del sector formal a movilización del 27 y 28 de julio El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró este jueves que el transporte formal no acatará el paro nacional convocado para los días 27 y 28 de julio, fechas en las que se celebran las Fiestas Patrias en todo el país. Según precisó, los gremios formales del rubro han manifestado su rechazo a participar en dicha medida de fuerza, lo que permitiría garantizar la continuidad del servicio y la libre circulación durante el feriado largo. El pronunciamiento del ministro busca llevar tranquilidad a la ciudadanía, en especial ante el temor de posibles paralizaciones que afecten el desplazamiento de personas y mercancías en una de las fechas más importantes del calendario nacional. Incertidumbre en sectores informales del transporte No obstante, Malaver reconoció que existe incertidumbre respecto a la participación de sectores informales, como taxistas independientes, colectiveros, transporte urbano e interurbano no regulado y carga pesada. En estos casos, el Gobierno no ha recibido una confirmación clara sobre su adhesión o rechazo al paro convocado, lo que mantiene el riesgo de interrupciones focalizadas en diversas regiones. El ministro enfatizó que la labor de inteligencia policial y monitoreo preventivo se encuentra activa, con el objetivo de anticipar cualquier tipo de bloqueo o alteración del orden público que pudiera derivarse de movilizaciones no autorizadas. Medidas de seguridad y garantía del orden Ante la eventual convocatoria de protestas o paros que afecten la infraestructura vial o la prestación de servicios esenciales, el Ministerio del Interior ha dispuesto el despliegue de efectivos policiales a nivel nacional para garantizar el libre tránsito, el orden público y la seguridad ciudadana. Se espera una presencia reforzada en terminales, carreteras y puntos críticos identificados previamente por las autoridades. Asimismo, se ha exhortado a los ciudadanos y a los operadores de transporte a no dejarse influenciar por convocatorias que no cuenten con respaldo legal ni objetivos claros, y se ha reiterado que todo acto de violencia o sabotaje será sancionado conforme a ley. Llamado a la calma y responsabilidad El Ejecutivo hizo un llamado al diálogo con los sectores disconformes, insistiendo en que las vías legales e institucionales están abiertas para canalizar cualquier reclamo. La prioridad del Gobierno, sostuvo Malaver, es mantener la paz social durante los actos oficiales y celebraciones por el aniversario patrio, al tiempo que se asegura el normal funcionamiento de las actividades económicas y el transporte de bienes.
Ejecutivo descarta negociar bajo presión: Gobierno rechaza condicionamientos de mineros artesanales
Firme postura ante protestas del sector minero El ministro del Interior, Carlos Malaver, declaró de manera contundente que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no permitirá ningún tipo de condicionamiento ni presión por parte de los mineros artesanales en protesta. Las declaraciones se dieron en el contexto de las recientes movilizaciones en diversas regiones del país, donde se han registrado amenazas de bloqueos de carreteras y acciones de fuerza como medidas para exigir cambios en el proceso de formalización minera. “Jamás aceptaremos negociar con amenazas”, fue la expresión con la que el titular del Mininter resumió la posición del Ejecutivo frente a un sector que, aunque representa una actividad económica importante en varias zonas del país, ha sido también señalado por operar en la informalidad o en condiciones ilegales. Contexto de la protesta minera Los mineros artesanales vienen reclamando mayores facilidades y garantías en el proceso de formalización, así como la prórroga de plazos establecidos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Las recientes decisiones del Gobierno, que limitan la extensión del registro, han generado descontento, especialmente en regiones como La Libertad, Puno, Madre de Dios y Arequipa, donde la minería artesanal es fuente de subsistencia para miles de familias. En respuesta, diversos gremios han amenazado con acciones de protesta, entre ellas el cierre de vías estratégicas y la paralización de actividades, lo cual ha generado preocupación por sus posibles efectos en la economía y la seguridad ciudadana. Gobierno insiste en orden y legalidad Desde el Ejecutivo se ha reiterado que el diálogo está abierto, pero solo en un clima de respeto y sin chantajes, recalcando que el orden público no está en discusión. La ministra de Energía y Minas también ha señalado en anteriores ocasiones que el proceso de formalización debe continuar con criterios técnicos, ambientales y legales, y no bajo presión. El Gobierno busca avanzar en una minería responsable y sostenible, diferenciando claramente entre los mineros en proceso de formalización y aquellos que aún operan en la ilegalidad. Las autoridades han recordado que existen canales institucionales para el diálogo, pero que no se aceptarán medidas que afecten la tranquilidad y movilidad del país. Tensión y expectativa en regiones mineras En diversas zonas mineras del país persiste un ambiente de tensión contenida, mientras los gremios evalúan nuevas acciones. Por su parte, las autoridades han dispuesto el refuerzo del control policial en puntos clave para evitar bloqueos y garantizar el libre tránsito. A pesar de la firme postura del Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad civil y autoridades regionales han pedido una salida dialogada, ante el riesgo de una escalada de conflictos sociales si no se atienden con prontitud las demandas del sector artesanal formalizado.
Bloque Magisterial del Congreso se disuelve tras renuncia de tres de sus integrantes
Fin de una bancada identificada con el sector educación La bancada del Bloque Magisterial, conformada inicialmente por congresistas de origen sindical y vinculados al gremio docente, ha dejado oficialmente de existir en el Congreso de la República. Esta decisión se produce tras la renuncia de tres de sus miembros, quienes optaron por integrarse a la bancada de Somos Perú, lo que redujo el número de integrantes por debajo del mínimo requerido para mantener la condición de grupo parlamentario. Con esta disolución, los congresistas restantes han pasado a la condición de no agrupados, perdiendo así los beneficios y prerrogativas que otorga el reglamento del Congreso a las bancadas formales, como el acceso a vocerías, participación en comisiones con voto y presupuesto logístico propio. Reacomodo político en el Legislativo La decisión de los exintegrantes de migrar a Somos Perú responde a una estrategia de reorganización interna en medio de un Congreso fragmentado y con varias bancadas debilitadas. Con este movimiento, Somos Perú fortalece su número de representantes, mientras que se profundiza la dispersión de congresistas no agrupados, que ahora superan la veintena. El Bloque Magisterial, fundado sobre la base del respaldo al expresidente Pedro Castillo y con una agenda educativa y gremialista, ya venía mostrando divisiones internas en los últimos meses, especialmente por las diferencias ideológicas y las posturas frente a reformas y alianzas con otros grupos políticos. Implicancias para la representación del sector educativo La disolución de esta bancada representa un retroceso para la representación directa del magisterio en el Congreso, ya que era uno de los pocos espacios con una agenda vinculada a las demandas del sector docente y la reforma educativa. Ahora, sus exintegrantes deberán continuar sus labores parlamentarias sin el respaldo orgánico de un grupo propio, lo que limita su capacidad de acción legislativa coordinada. Asimismo, este hecho pone en evidencia la inestabilidad de las bancadas en el actual Congreso, caracterizado por el transfuguismo, la fragmentación y la falta de cohesión ideológica en muchas agrupaciones. Panorama legislativo actual Con la disolución del Bloque Magisterial, se espera un nuevo reajuste en las comisiones parlamentarias y en los equilibrios de poder dentro del Legislativo. La tendencia hacia la reagrupación estratégica continúa, mientras el Congreso afronta una creciente deslegitimación ante la opinión pública por su escasa efectividad y los constantes escándalos de representación.
