Consejo Regional de Loreto logra más de 240 acuerdos a través del diálogo y la concertación
Ejemplo de gobernabilidad regional El Consejo Regional de Loreto concluyó una importante jornada de trabajo con la aprobación de más de 240 acuerdos centrados en el desarrollo territorial, la mejora de servicios públicos y la promoción de infraestructura estratégica. Estas decisiones fueron el resultado de sesiones de diálogo entre autoridades regionales, locales y diversos actores sociales, evidenciando una dinámica de consenso y responsabilidad institucional. Acuerdos clave para el desarrollo Entre los acuerdos más relevantes destaca la propuesta para elevar el tope de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), herramienta que ha permitido dinamizar la ejecución de proyectos en zonas de difícil acceso y con limitada presencia del Estado. Este planteamiento busca atraer mayor participación del sector privado en obras de impacto social en la región amazónica. Otro punto central fue el compromiso de gestionar la rehabilitación del aeródromo de Juanjuí, considerado fundamental para mejorar la conectividad aérea entre San Martín, Loreto y otras regiones del nororiente peruano. La mejora de esta infraestructura representa una oportunidad para fortalecer el comercio, el turismo y el acceso a servicios en zonas aisladas. Participación activa y enfoque descentralizado Las sesiones del consejo se caracterizaron por una participación amplia y representativa, en la que alcaldes, consejeros regionales, líderes indígenas, representantes del sector empresarial y la sociedad civil presentaron sus propuestas y preocupaciones. La metodología empleada permitió identificar prioridades comunes y generar compromisos viables con plazos definidos. El enfoque descentralizado del Consejo Regional refuerza el modelo de gobernanza territorial y permite que las decisiones respondan a las realidades locales, evitando imposiciones unilaterales y fomentando el trabajo conjunto entre distintos niveles de gobierno. Impacto en la ciudadanía Los acuerdos adoptados buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos loretanos, abordando temas como salud, educación, transporte, saneamiento, reactivación económica y conservación ambiental. Asimismo, se acordó fortalecer la fiscalización de los proyectos públicos para asegurar su correcta ejecución y sostenibilidad.
Comando Unificado incauta arsenal de guerra y explosivos en operación contra redes criminales en Pataz
Acción conjunta contra el crimen organizado En un operativo de alto impacto ejecutado en la provincia de Pataz, región La Libertad, el Comando Unificado conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional logró incautar un importante arsenal de guerra y material explosivo presuntamente utilizado por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras actividades delictivas. La operación, denominada “Calcuchimac”, forma parte de la estrategia integral para recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad. Resultados de la Operación Calcuchimac Durante la intervención, las autoridades lograron decomisar armamento de largo alcance, municiones de diverso calibre, explosivos industriales y otros implementos de uso militar. El material incautado estaba oculto en áreas de difícil acceso, lo que evidencia la planificación y logística avanzada de estas redes ilícitas. Además del arsenal, se identificaron campamentos clandestinos y rutas utilizadas para el traslado de armas y explosivos, elementos que serán incorporados a las investigaciones en curso para desarticular las estructuras operativas de estas organizaciones. Respuesta del Estado y medidas de seguridad El Comando Unificado informó que la operación fue posible gracias al trabajo de inteligencia y al despliegue coordinado de unidades especializadas, en cumplimiento del estado de emergencia vigente en Pataz. Este despliegue busca garantizar la seguridad de la población, frenar el avance de la criminalidad organizada y restablecer el orden en una zona golpeada por la violencia. Asimismo, se indicó que las acciones de control continuarán, con especial énfasis en la vigilancia de actividades mineras ilegales, muchas de las cuales estarían siendo utilizadas como fachada por grupos armados. Impacto en la región y reacción local La población de Pataz ha expresado respaldo a las acciones de seguridad, aunque también se mantiene en alerta ante posibles represalias de estos grupos. Autoridades regionales y locales han solicitado al gobierno central que se mantenga el apoyo militar y policial, al considerar que la situación requiere una intervención sostenida y estructural.
María Acuña niega invasión de terreno en Surco, pero no presenta documentación de respaldo
Conflicto entre legisladora y alcalde de Surco La congresista María Acuña, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), se encuentra en el centro de una controversia tras haber sido señalada por el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, de presuntamente estar involucrada en una invasión de terrenos en dicho distrito. La parlamentaria ha rechazado tajantemente la acusación, aunque hasta el momento no ha presentado documentos que acrediten su propiedad o tenencia legítima sobre el predio en cuestión. Posturas enfrentadas Durante una reciente declaración pública, la legisladora negó cualquier acto de ocupación ilegal e instó al alcalde a dejar de hacer “escándalos mediáticos” y enfocarse en resolver los problemas que afectan a los vecinos de Surco. En respuesta, el alcalde Bruce reafirmó su denuncia, insistiendo en que los hechos están debidamente registrados por la municipalidad y que su función como autoridad es defender el orden urbano y la legalidad. Ausencia de pruebas y tensión política Lo que ha generado mayor atención mediática es que, pese a su defensa pública, Acuña no ha mostrado hasta ahora ningún documento legal que respalde su versión. La falta de títulos o registros sobre el terreno abre dudas sobre la legitimidad de su ocupación, lo que ha sido aprovechado por sus críticos para cuestionar su actuar como funcionaria pública. Este conflicto ha escalado al plano político, ya que se desarrolla en medio de rumores sobre una posible candidatura de Carlos Bruce a la Alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales, lo que podría estar motivando una mayor exposición pública del caso. Preocupación ciudadana y demandas de transparencia Vecinos del distrito y representantes de colectivos civiles han expresado su preocupación por la presunta irregularidad y han solicitado a ambas partes que actúen con transparencia, presenten pruebas concretas y eviten convertir un asunto legal en una confrontación política. La ciudadanía demanda claridad sobre el uso y la ocupación del espacio público, especialmente cuando involucra a representantes del Congreso.
Especialista advierte sobre riesgos legales y éticos en «donaciones amicales» desde el Congreso
Advertencia sobre prácticas irregulares El constitucionalista y experto en asuntos parlamentarios, Rodolfo Reyna, ha encendido las alertas sobre una práctica que podría comprometer la ética pública y la transparencia en el Congreso de la República: las denominadas “donaciones amicales”. Según el especialista, se trataría de ayudas económicas realizadas por parlamentarios o a través de sus oficinas a personas de su entorno cercano, lo que podría configurar conflictos de interés o incluso actos de favorecimiento indebido. Cuestionamientos al uso de recursos Reyna expresó su preocupación sobre el uso de fondos o canales institucionales con fines aparentemente personales, enfatizando que, aunque se presenten como actos solidarios, estas acciones podrían esconder relaciones de poder o intercambio de favores. En este contexto, llamó a revisar el marco normativo que regula las actividades extracongresales de los parlamentarios, así como los mecanismos de fiscalización del uso de recursos públicos. Implicancias legales y éticas Desde el punto de vista jurídico, se advierte que este tipo de acciones podría vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el buen uso de la función pública y la prohibición de generar beneficios particulares a partir del cargo. Además, podrían abrir la puerta a investigaciones por presunto tráfico de influencias o malversación, si se comprobara que hubo recursos públicos involucrados o un interés político detrás de los actos. Llamado a la transparencia y regulación El experto recomendó establecer criterios claros en el Congreso para evitar ambigüedades que permitan este tipo de prácticas, incluyendo normas más estrictas sobre las relaciones entre funcionarios y ciudadanos vinculados a su entorno personal. Asimismo, resaltó la importancia de una supervisión más activa por parte de los órganos de control interno y externos, como la Contraloría General de la República. Relevancia institucional La advertencia llega en un momento de creciente escrutinio público sobre el comportamiento de los representantes parlamentarios y refuerza el llamado ciudadano a fortalecer la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de la función legislativa. La confianza en el Congreso —ya severamente erosionada por múltiples escándalos— requiere acciones concretas para prevenir nuevos cuestionamientos.
INPE inicia proceso disciplinario contra Betssy Chávez por inasistencia a audiencia judicial
Antecedente judicial La situación legal de la excongresista y ex primera ministra Betssy Chávez continúa agravándose. En el marco del juicio oral que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha iniciado un proceso disciplinario en su contra por negarse a participar en una reciente audiencia judicial. Hecho reportado Chávez, actualmente recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, fue convocada a una audiencia virtual como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, la procesada no accedió a conectarse desde el establecimiento penitenciario, alegando motivos personales y cuestionando, a través de su defensa, la imparcialidad del proceso. Acciones del INPE Ante este comportamiento, el INPE activó el protocolo interno y dio inicio a un proceso disciplinario por una presunta falta de cooperación con la administración de justicia. La institución señaló que el respeto a la programación judicial es obligatorio para todas las internas, sin excepción, y que se adoptarán las medidas necesarias conforme al reglamento penitenciario vigente. Reacciones y repercusiones La inasistencia de Chávez ha sido interpretada por diversas voces políticas como un acto de desacato y como una estrategia dilatoria. Por su parte, su defensa legal sostiene que no se están garantizando los derechos fundamentales de su patrocinada, y ha solicitado garantías para un juicio justo. Mientras tanto, la opinión pública se mantiene dividida. Algunos sectores exigen celeridad en el proceso y sanciones ejemplares en caso de hallarse responsabilidad, mientras que otros observan con preocupación el desarrollo del juicio por la carga política que rodea al caso. Panorama legal de Chávez Betssy Chávez se encuentra procesada junto a otros exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, en una causa que investiga su rol durante los hechos que precedieron el fallido intento de disolución del Congreso. El Poder Judicial ha determinado que existían indicios suficientes para abrir un juicio oral en su contra, lo que actualmente mantiene su libertad restringida y en calidad de procesada penal.
Tren impulsado por la gestión de López Aliaga sufre descarrilamiento en su primer día de operaciones
Inicio accidentado del servicio ferroviario El proyecto ferroviario promovido por la Municipalidad de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, tuvo un inicio inesperado y accidentado. En su primer día de funcionamiento, una de las unidades del tren turístico y cultural se descarriló a la altura del Parque de la Muralla, generando alarma entre los presentes y cuestionamientos sobre la seguridad del sistema. Detalles del incidente El descarrilamiento ocurrió durante una de las primeras rutas inaugurales. Según testigos, uno de los coches se desvió de los rieles sin provocar daños personales ni lesiones graves, aunque sí generó un retraso en las operaciones y la intervención inmediata del personal técnico. El incidente llevó a una suspensión momentánea del servicio para realizar las evaluaciones necesarias del material rodante y la infraestructura. Reacciones y cuestionamientos El hecho ha generado críticas desde distintos sectores, que ya venían cuestionando la implementación de este proyecto. Especialistas en transporte urbano han señalado la necesidad de contar con pruebas rigurosas antes de inaugurar un sistema de esta naturaleza, además de cumplir con todos los protocolos de seguridad ferroviaria. Asimismo, ciudadanos y autoridades locales expresaron preocupación por el uso de infraestructura urbana para un sistema que, consideran, aún no está debidamente acondicionado ni fiscalizado. Respuesta del municipio La Municipalidad de Lima emitió un pronunciamiento asegurando que se tomarán las medidas correctivas correspondientes y que el incidente será investigado a fondo. Se comprometieron, además, a garantizar que todas las unidades del tren cumplan con los estándares técnicos y de seguridad requeridos antes de retomar la operación de forma regular. Impacto en la opinión pública El descarrilamiento del tren ha puesto en tela de juicio la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto que fue anunciado como uno de los emblemas de la actual gestión edil. La ciudadanía se encuentra a la expectativa de conocer los resultados de las investigaciones y de saber si este nuevo sistema podrá ofrecer una alternativa turística segura y eficiente.
Congreso declara procedente denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza
Contexto político y judicial En un nuevo episodio de tensión entre el Congreso de la República y el Ministerio Público, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza. Esta decisión marca el inicio de un proceso que podría culminar en la inhabilitación de la magistrada, quien actualmente forma parte de la Junta de Fiscales Supremos. Cargos imputados La denuncia, impulsada por el partido Renovación Popular, atribuye a Espinoza presuntos delitos de cohecho, encubrimiento personal e infracción a varios artículos de la Constitución Política del Perú. El documento fue presentado en el marco de investigaciones y actuaciones recientes de la fiscal que han generado incomodidad en ciertos sectores del Congreso, lo que ha generado acusaciones de una posible motivación política tras la denuncia. Reacciones y consecuencias Diversos sectores del ámbito político y judicial han manifestado su preocupación por lo que consideran una ofensiva legislativa orientada a debilitar la autonomía del Ministerio Público. La medida ha sido calificada como parte de una escalada de presiones y represalias contra fiscales que vienen asumiendo posiciones críticas frente al poder político. Con esta decisión, Delia Espinoza deberá afrontar una investigación a cargo de una comisión parlamentaria que evaluará el fondo del caso. De hallarse responsabilidad, el Congreso podría inhabilitarla de la función pública hasta por 10 años, una acción que tendría serias repercusiones institucionales y en la estructura del sistema de justicia peruano. Impacto institucional El caso de Delia Espinoza se suma a una serie de procesos similares impulsados desde el Legislativo contra altos funcionarios del sistema judicial y organismos autónomos, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional por la independencia de poderes en el país. En este contexto, el desarrollo del proceso será observado de cerca por la opinión pública, gremios jurídicos y organismos de derechos humanos.
Gobierno oficializa Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con horizonte al 2030
Introducción: El Gobierno del Perú ha oficializado la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) con proyección al año 2030. Esta estrategia busca transformar y fortalecer el ecosistema científico y tecnológico del país, con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, aumentar la competitividad y reducir brechas sociales a través del conocimiento, la investigación y la innovación. Ejes principales de la política: La nueva PNCTI establece una hoja de ruta clara que articula a diversos actores del sistema nacional de ciencia y tecnología, como universidades, centros de investigación, empresas, gobiernos regionales y el sector público. Entre sus principales objetivos destacan: La política contempla medidas específicas para integrar a regiones con menor desarrollo científico, con el fin de lograr una descentralización efectiva del conocimiento. Implementación y coordinación: La ejecución de esta política estará liderada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que tendrá la función de coordinar los planes estratégicos con los ministerios, universidades, gobiernos regionales y entidades del sector privado. Asimismo, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de la política y realizar ajustes cuando sea necesario, garantizando su continuidad y adaptación al contexto global. Importancia para el desarrollo nacional: La oficialización de la PNCTI representa un avance clave en la visión de un país más moderno, competitivo e inclusivo. La ciencia, la tecnología y la innovación son reconocidas como pilares fundamentales para enfrentar desafíos estructurales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la transformación digital, la salud pública y la productividad. Con esta política, se espera además que el Perú incremente su participación en redes internacionales de conocimiento y mejore su posición en rankings globales de innovación.
MEF autoriza segundo incremento de pensiones para retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Introducción: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha oficializado la aprobación del segundo tramo del reajuste de pensiones para los jubilados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta medida, que entra en vigencia desde julio de 2025, forma parte del proceso de armonización de haberes dispuesto por el Gobierno, con el objetivo de brindar mejores condiciones económicas a los efectivos en situación de retiro. Alcance de la medida: El incremento aprobado beneficiará a los pensionistas bajo el régimen del Decreto Ley N.° 19846, que incluye a oficiales y suboficiales de las FFAA y PNP en condición de retiro, así como a viudas y deudos que reciben pensiones derivadas. Con esta segunda actualización, se busca equiparar progresivamente los ingresos de este grupo con los niveles salariales actuales de los efectivos en actividad. El reajuste se aplicará de manera proporcional según el grado jerárquico del beneficiario, respetando los principios de equidad y sostenibilidad fiscal. Este avance representa un nuevo paso en el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo en materia previsional para los sectores uniformados. Sustento técnico y financiero: De acuerdo con el MEF, la medida cuenta con el respaldo presupuestal correspondiente y se ejecuta sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Los fondos provienen de los recursos ordinarios del Tesoro Público asignados al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, cuyas respectivas unidades ejecutoras serán responsables de implementar los pagos. Este incremento forma parte de una política gradual, cuyo primer tramo se inició en enero de 2024, y responde a las históricas demandas de los pensionistas del sector Defensa y Orden Interno, quienes por años reclamaron una nivelación justa de sus ingresos. Reacciones y perspectivas: La disposición ha sido recibida con aprobación por parte de asociaciones de pensionistas militares y policiales, quienes valoran el cumplimiento progresivo de los compromisos asumidos por el Estado. No obstante, algunas voces dentro del gremio han solicitado que se defina un cronograma claro para los futuros incrementos y que se evalúe una reforma integral del sistema previsional castrense. Por su parte, el Gobierno ha reafirmado su intención de seguir mejorando las condiciones económicas del personal retirado, reconociendo su trayectoria y servicio al país.
Ministro Jorge Montero afirma que el Gobierno mantendrá línea firme contra la minería ilegal
Introducción: El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, declaró públicamente que el Ejecutivo continuará enfrentando con firmeza las actividades de minería ilegal en el país. En su pronunciamiento, descartó cualquier tipo de acuerdo o acercamiento con los grupos que practican esta actividad al margen de la ley y ratificó el compromiso del Gobierno con la legalidad, la seguridad y la protección del medio ambiente. Declaraciones del titular del Minem: Durante una reciente intervención, Montero fue enfático al negar cualquier tipo de consenso con mineros ilegales. Aseguró que el Estado no cederá ante presiones de sectores que insisten en operar sin cumplir con los requisitos legales establecidos. “El Gobierno tiene una voluntad firme de combatir toda forma de minería ilegal”, señaló el ministro, al tiempo que reiteró que las operaciones de control y fiscalización seguirán ejecutándose en coordinación con otras entidades del Estado, como el Ministerio del Interior y las fuerzas del orden. Diferencia entre formalización y actividad ilegal: Montero también hizo una distinción clara entre los mineros en proceso de formalización —a quienes el Estado busca apoyar con asistencia técnica y legal— y quienes continúan operando en la ilegalidad, muchas veces ligados a delitos ambientales, trabajo infantil o redes delictivas. En ese sentido, reafirmó que el Ejecutivo está comprometido con la consolidación de una minería artesanal y de pequeña escala formalizada, segura y sostenible, sin dejar espacio para quienes no se adecuen a la normativa vigente. Contexto actual del sector minero: Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión en varias regiones del país, donde se han registrado protestas de grupos vinculados a la minería informal, en rechazo a operativos de interdicción y restricciones normativas. Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que no permitirá retrocesos en la lucha contra la ilegalidad, especialmente en zonas de alta conflictividad ambiental como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
