Municipalidad de Paccho alerta por activación de quebradas tras intensas lluvias

El alcalde Fidel Humberto Claros Torres, de la Municipalidad Distrital de Paccho, informó a la población que, debido a las fuertes precipitaciones registradas en la zona, se han activado las quebradas de El Molino, Pacchotingo y Picunche. Ante esta situación, la autoridad edil exhortó a los transportistas y conductores en general a tomar precauciones y utilizar rutas alternativas para evitar accidentes o contratiempos en el tránsito. Recomendaciones para la población La comuna distrital recomienda a los conductores de vehículos particulares y públicos: El alcalde Claros Torres reiteró que la seguridad de los ciudadanos es prioridad y pidió a la comunidad mantenerse alerta frente a posibles nuevas emergencias ocasionadas por las lluvias.
Adulto mayor – depositario de la memoria de la sociedad y sabiduría de la vida

El adulto mayor es templo de sabiduría y raíz de la familia. En su voz habita la memoria de la sociedad, en su mirada, la propuesta de vida que nos sostiene. Reconocerlos no es caridad, es justicia, compromiso y gratitud. Ellos son verdad cercana, faro de esperanza, y puente hacia un futuro humano y solidario. Sentido profundo que la vida es para trascender, reconciliado, con carga liviana y suave. El adulto mayor no es únicamente una etapa biológica; es un símbolo vivo de la vida que encarna la fuente inspiradora de las familias, es memoria colectiva y un templo de sabiduría que la sociedad necesita reconocer y valorar, para trascender en los tiempos y referenciar. En ellos se encarna la experiencia acumulada, la resiliencia frente a las adversidades, resistencia y la capacidad de transmitir valores que sostienen la vida familiar y comunitaria. Reconocer su papel es un compromiso ético y estratégico para el desarrollo humano. Muchos viven en soledad, invisibilizados, con pensiones insuficientes y sin acceso a servicios básicos. La salud que se les brinda suele ser fragmentada, enfocada solo en lo físico, dejando de lado lo emocional y lo espiritual. Y lo más doloroso: la visión de la familia y de la sociedad muchas veces los reduce a una carga, olvidando que son fuente de sabiduría y resiliencia. Esta situación nos interpela. Nos exige repensar el rol de los gobiernos subnacionales, del sector salud, las familias, la acción pastoral de la iglesia como veladora de la vida y la trascendencia de ella. No basta con programas asistenciales aislados. Necesitamos políticas públicas integrales que reconozcan el derecho de los adultos mayores a una vida plena. Una pastoral donde prime la vida de los hijos de Dios, así como el cuidado de la tierra. Entonces, la realidad actual de ellos no es el fin mismo de la vida. Es una consecuencia del modelo social y la perpetuación de formas de actuar en desechar la vida, tal como desea este modelo, en un abordaje de desprecio en toda la línea de vida de los ciudadanos mayores. El aumento de la población adulta mayor plantea retos en salud, economía y de cohesión social, para que la misma sea mas profunda y con un alto sentido para todos los integrantes del grupo familiar. Para los que trabajan con ellos, nos señalan que esta vida adulta ha descubierto la verdad o están próximos a ella; asimismo dicen que su experiencia y memoria histórica rara vez se integran en políticas públicas o proyectos comunitarios. Si tan sólo se pudiera escuchar sus testimonios sobre lo andado muchos errores se podrían evitar para todo lo que es la línea de vida. Muchos, se ahorrarían 50 años de errores. Y, la verdad sería un pan cotidiano del día. Así tendríamos una comunidad más sólida, estable, coherente, firme, convencidos que la vida es una experiencia que vale la pena y, por tanto, la trascendencia de la vida estaría en el centro del hogar. Las sociedades fuertes, con menos daño en su centro de desarrollo existe la capacidad ética de darle valor, y es por ello que estiman la vida y la tierra. Estimulan la convivencia pues de ella se producirá una mejor versión de las capacidades humanas, sobre todo aproximaciones a la verdad de la vida. ¿Qué hacer con la vida? Tener un programa de vida. Toda familia tiene que reconocer que tiene una misión, llegar los más próximo a la verdad de la vida, ser feliz, disfrutarla, apreciar el valor de la belleza y la existencia de los demás ciudadanos. Construida desde los pasos de fuentes mismas de los antepasados que enriquecen la existencia al conformarse nuevos lazos para caminar construyéndose. ¿Qué hacer con los adultos mayores? Darles el lugar en la vida familiar. Integrarlos en proyectos de la familia. Entender su etapa de vida. Generar las condiciones del autocuidado y atención necesaria para seguir inspirando la vida. Estrechar los lazos intergeneracionales de modo que exista en la familia transmisión segura de valores y saberes. Crear espacio de escucha como parte de fortalecer la memoria activa de la familia, integrarlos como consejeros, hacerlos vivir en su dimensión sustantiva, de forma que siempre esté como un mediador cultural de la familia y comunidad. A nivel de la comunidad, es necesario que existan políticas públicas con espacios para producir encuentros, dinámicas de memoria y estima, reforzando con ello su sentido de valor, utilidad y pertenencia. Fomentar los círculos de apoyo sobre la base logros, resiliencia y legado; idear grupos que transformen la soledad en alegría, encuentro y diálogo de saberes. En el marco de lo espiritual, la afirmación del cuidado de la vida, ser el puente de transmisión de fe, esperanza, revisión de vida, gratitud y trascendencia del acto humano; fomentar en ellos las prácticas que fortalezcan la paz interior y la reconciliación con la historia personal, la vida es liviana no es una carga, para trascender hay que ir livianos de corazón. Las iniciativas de trabajo de agentes comunitarios solidarios deben ser reconocidos y apoyados. La política territorial desde lo público debe reconocer y exponer su prioridad sobre la vida y generar partidas que vayan al centro del problema humano, resolver la distancia entre el abandono total, desidia gubernamental sobre el valor de la vida y sus ciudadanos mayores. Ellos son actores estratégicos de saberes de la vida en muchas dimensiones de ella. Las instituciones educativas deben incorporarlos como agentes libres de ser educadores comunitarios de la memoria activa de la comunidad. Las familias, deben construir con esa memoria una propuesta de vida, reconocer e integrar el valor intercultural en la conformación de nuevas familias, aprender de ellos los lazos más sólidos para hacer una vida integrada, comprometida y con prospectiva a ser y alcanzar la felicidad desde sus decisiones. Las teorías del bienestar nos recuerdan que la seguridad, la pertenencia, la autoestima y la autorrealización son necesidades universales. La OMS nos habla del envejecimiento activo, donde participación, salud, seguridad, bienestar, felicidad son pilares de los derechos de todos.
Confirman condena de más de 30 años a responsables del caso Nicolini

El Ministerio Público anunció una decisión judicial sin precedentes en la historia del país tras confirmarse la sentencia por esclavitud laboral relacionada con la tragedia de la Galería Nicolini. En diciembre de 2025, la justicia ratificó la condena de 32 años de prisión efectiva para Vilma Zeña Santamaría, tras desestimar su recurso de apelación. Esta resolución deja en firme su responsabilidad penal junto a la de Jonny Coico Sirlopú, quien ya cumple una pena de 35 años de cárcel por los mismos hechos. La investigación, liderada por la Fiscalía contra la Trata de Personas, acreditó que las condiciones en las que laboraban los dos jóvenes fallecidos en junio de 2017 constituían explotación laboral extrema. Las víctimas realizaban sus tareas en ambientes precarios construidos en los aires del centro comercial, donde permanecían bajo encierro forzado y sin rutas de escape. Durante el siniestro, la imposibilidad de salir de estos espacios improvisados provocó que los trabajadores quedaran atrapados entre las llamas. Según indicó la fiscalía, el caso de la Galería Nicolini mostró un nivel de crueldad sistémica, ya que los jóvenes laboraban en contenedores sin ventilación y eran asegurados desde el exterior para impedir su salida. La fiscalía logró demostrar que estas condiciones encajaban perfectamente en el tipo penal de esclavitud laboral, utilizando normativas internacionales para sustentar la acusación. El caso generó una gran conmoción nacional, especialmente tras las imágenes transmitidas en vivo por Canal N durante la emergencia. Como parte de la sentencia ratificada, se ha establecido una reparación civil histórica para las familias afectadas. Los condenados deberán pagar montos de S/ 479 000 y S/ 459 000 a favor de los herederos legales de las dos víctimas mortales. Asimismo, se fijó un pago de S/ 20 000 destinado a los sobrevivientes del incendio, quienes también fueron víctimas de este sistema de explotación en el corazón comercial de la capital. ¿Por qué esta sentencia sienta un precedente en el Perú? Esta resolución constituye la primera condena confirmada por el delito de esclavitud laboral en el Perú, marcando un paso crucial en la protección de los derechos humanos y laborales. El Ministerio Público destacó que el fallo envía un mensaje claro contra las prácticas de explotación moderna y la trata de personas en centros comerciales. Además de la prisión, Coico y Zeña fueron inhabilitados para contratar con el Estado por el mismo periodo de sus respectivas condenas. La firmeza de la sentencia garantiza que los responsables cumplan la totalidad de sus penas sin posibilidad de nuevas apelaciones sobre el fondo del caso. Los familiares de los jóvenes fallecidos en la Galería Nicolini finalmente obtienen justicia tras más de ocho años de proceso judicial. Con este precedente, las autoridades esperan fortalecer la fiscalización en emporios comerciales para evitar que se repitan condiciones de trabajo que vulneren la libertad y la vida de los ciudadanos.
El Tribunal Constitucional anuló la ley que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años.

El Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 2/2026 mediante la cual declaró fundada en parte la demanda contra la Ley 32330, anulando varios de sus artículos. La norma permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario. La decisión dispone el archivo de todos los procesos penales iniciados en ese marco. ¿A quiénes afectaba la ley anulada por el Tribunal Constitucional? La norma alcanzaba a adolescentes imputados por delitos graves como terrorismo o feminicidio. Según el fallo del TC, este tratamiento violaba principios fundamentales como el interés superior del niño y la protección especial exigida por la Constitución y tratados internacionales. El tribunal determinó que estos casos deben ser procesados únicamente bajo el sistema penal juvenil. ¿Qué artículos del Código Penal fueron anulados? El TC declara inconstitucional el artículo 20.2 del Código Penal que exceptuaba a los adolescentes de la exención de responsabilidad penal. También eliminó la frase “entre dieciséis y” del artículo 22 y suprimió referencias similares en el Código de Ejecución Penal. Además, se anularon dos decretos supremos que modificaban el reglamento penitenciario. ¿Cuál será el efecto inmediato del fallo? La sentencia obliga al archivo y reconducción de los procesos penales abiertos contra adolescentes bajo la Ley 32330. Estas causas deberán pasar a juzgados de familia y fiscalías especializadas, donde se aplicará el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). También se ordena el traslado inmediato de adolescentes detenidos en cárceles de adultos a centros juveniles. ¿En qué se basó el TC para declarar la inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional fundamentó su fallo en que la ley vulneraba principios como la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el derecho a un trato diferenciado según la etapa de desarrollo. Se consideró que las cárceles comunes no son espacios aptos para la reeducación de menores y que exponerlos a esos entornos agrava la criminalidad juvenil. ¿Qué dijeron las instituciones que demandaron la ley? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones impulsaron la demanda de inconstitucionalidad. Argumentaron que la norma retrocedía en derechos fundamentales y desconocía la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que otorga primacía a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Cómo reaccionó el Congreso ante la decisión del TC? El Congreso de la República defendió la Ley 32330 como una medida frente a delitos graves cometidos por menores. Legisladores como Alejandro Muñante argumentaron que otros países aplican sanciones penales a adolescentes desde los 16 años. También se criticó la capacidad operativa del sistema de rehabilitación juvenil para responder a delitos complejos. ¿Qué opinan expertos y organizaciones civiles sobre el fallo? El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP participó en el proceso como amicus curiae, respaldando la demanda. La Defensoría del Pueblo también resaltó que programas como “Rompiendo Cadenas” buscan reducir la criminalidad juvenil con medidas socioeducativas. Estas organizaciones señalaron que el fallo es coherente con los estándares internacionales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 32330 que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años. El fallo anula artículos del Código Penal, del Código de Ejecución Penal y dos decretos supremos. La sentencia dispone el archivo de procesos y el traslado de menores detenidos en penales a centros juveniles. El TC ratificó que la edad mínima de imputabilidad penal en Perú es de 18 años. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público impulsaron la demanda. El Congreso defendió la ley como una herramienta para enfrentar delitos graves cometidos por menores
REGIÓN LIMA: SOLICITAN DECLARAR EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE LLUVIAS EN 117 DISTRITOS
La Gobernadora Regional de Lima elevó el documento al INDECI para que inicie el tramite ante la PCM, a fin de ejecutar medidas inmediatas y necesarias Frente a la alta probabilidad de ocurrencia de lluvias y peligros asociados (huaicos, desbordes e inundaciones), se solicita declarar en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas lluvias en 117 distritos de la región. La Gobernadora Regional de Lima elevó el documento al Indeci con la finalidad que inicie los trámites ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); toda vez que, el fenómeno natural superaría la capacidad de respuesta de la entidad regional, resultando necesario la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional. En esa linea la medida regiría en las localidades de Barranca, Paramonga, Pativilca y Supe (Barranca); Cajatambo, Copa, Gorgor, Huancapón y Manás (Cajatambo); Canta, Arahuay, Huamantanga, Huaros, Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quives (Canta); Calango, Imperial, Lunahuaná, Quilmaná, Santa Cruz de Flores, Asia, Coayllo, Mala, Pacarán, San Antonio y San Vicente (Cañete); Huaral, Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Aucallama, Ihuarí, Lampián, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y Veintisiete de Noviembre (Huaral) y Oyón, Andajes, Caujul, Cochamarca, Naván y Pachangara (Oyón). Además de Antioquía, Callahuanca, Carampoma, Chicla, Cuenca, Huachupampa, Huanza, Huarochirí, Lahuaytambo, Langa, Mariatana, Matucana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, San Antonio, San Bartolomé, San Damián, San Juan de Iris, San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San Mateo, San Mateo de Otao, San Pedro de Casta, San Pedro de Huancayre, San Pedro de Laraos, Sangallaya, Santa Eulalia, Santiago de Anchucaya, Santiago de Tuna, Santo Domingo de los Olleros y Surco (Huarochirí); Ámbar, Caleta de Carquín, Checra, Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María y Sayán (Huaura) y Alis, Yauyos, Allauca, Ayavirí, Azángaro, Cacra, Carania, Catahuasi, Chocos, Cochas, Colonia, Hongos, Huampara, Huancaya, Huangáscar, Huantán, Huañec, Laraos, Lincha, Madean, Miraflores, Omas, Putinza, Quinches, Quinocay, San Joaquín, San Pedro de Pilas, Tanta, Tauripampa, Tomas, Tupe, Viñac y Vitis (Yauyos).
Barranca: Admiten apelación contra sentencia que condenó a Joshua Huamán Jerez

Gran indignación viene generando la decisión del Poder Judicial de admitir el recurso de apelación presentado en el caso del asesinato de la enfermera Kimberli Maricielo Tapia Ortiz. El abogado de la familia, Dr. Gustavo Fuertes Montoya, expresó públicamente su rechazo a esta medida, señalando que, pese a la existencia de pruebas contundentes y testimonios, se ha dado trámite a la apelación contra la sentencia que condenó a Joshua Huamán Jerez a 30 años de prisión y al pago de S/ 250,000 como reparación civil. Según el pronunciamiento legal, la defensa del sentenciado —integrada por cinco abogados contratados por sus padres— continúa presentando recursos con el objetivo de revertir la condena, utilizando todas las vías legales disponibles. Ante esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante de la próxima audiencia de apelación y exigir que se ratifique la sentencia emitida en primera instancia. Diversos sectores advierten que permitir que el poder económico o influencias externas incidan en este proceso representaría un grave riesgo para la sociedad. Hoy fue Kimberli, mañana podría ser cualquier otra mujer.
Municipalidad Provincial de Huarmey advierte riesgo de desborde del río y exhorta a OHLA y ANIN a acelerar trabajos en defensas ribereñas

La Municipalidad Provincial de Huarmey, a través de la Oficina de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, viene intensificando las inspecciones técnicas de las defensas ribereñas ante el incremento sostenido del caudal del río Huarmey, situación que genera seria preocupación por el riesgo de un posible desborde en diversos puntos críticos de la provincia. Las inspecciones se realizaron en los sectores de Cuz Cuz, Puente Huiña, Puente Mandinga, sector Dos de Mayo, Puente Los Árabes y el Puente de la Panamericana Norte, zonas consideradas altamente vulnerables por su cercanía a áreas pobladas, agrícolas e infraestructura estratégica. El responsable de Defensa Civil, Ing. Alexis Carrillo Sotelo, informó que se mantiene un monitoreo permanente del caudal, principalmente desde el puente Huiña, donde se ha evidenciado un aumento significativo del nivel del agua. Indicó que los reportes técnicos vienen siendo actualizados de forma constante para emitir alertas oportunas y prevenir afectaciones mayores. En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Huarmey expresa su preocupación y exhorta públicamente a la empresa OHLA y a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), responsables del proyecto de defensas ribereñas, a acelerar de manera urgente los trabajos pendientes, ya que la falta de intervención oportuna podría derivar en un eventual desborde del río, poniendo en riesgo la seguridad de la población y generando graves daños materiales. La comuna provincial señaló que ya se han priorizado los puntos críticos que requieren intervención inmediata y reiteró que la prevención es fundamental para reducir el impacto de posibles emergencias naturales. Finalmente, la Municipalidad Provincial de Huarmey reafirma su compromiso con la gestión preventiva del riesgo de desastres, haciendo un llamado a las entidades responsables para actuar con celeridad y responsabilidad frente a esta situación de riesgo latente.
Fiscalía Anticorrupción Detiene A Coronel Y Policías Denunciados Por Sembrar A Intervenido

Agentes de la Dirección contra la Corrupcion(Dircocor) y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ejecutaron un operativo simultáneo de allanamiento y detención preliminar contra seis efectivos de la Policía Nacional del Perú, entre ellos un coronel y un alférez, por su presunta implicancia en el delito de concusión. La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez, del Segundo Despacho Anticorrupción de Lima Norte, y se desarrolló de manera coordinada en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. Según la investigación fiscal, los efectivos habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, a quienes presuntamente despojaron de su vehículo, trasladaron en un patrullero y condujeron a una dependencia policial en San Martín de Porres, donde habrían intentado sembrarles sustancias ilícitas para justificar su detención. Ante la negativa de las víctimas, se habría producido una confrontación, tras lo cual el alférez Junior Mauricio, quien laboraba en la Depincri de SMP, habría sugerido “arreglar” la situación con el entonces comandante Mervin Sánchez, quien presuntamente solicitó S/ 3,000 para dejarlos en libertad. Posteriormente, uno de los agraviados formalizó la denuncia ante el Ministerio Público. Como parte del operativo, se detuvo al coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras, en el Complejo Policial Aramburú (Surquillo); mientras que el alférez Junior Mauricio fue intervenido en Chaclacayo. Asimismo, en la Depincri de San Martín de Porres, fueron detenidos los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León, procediéndose al allanamiento de casilleros, escritorios y ambientes internos. De manera paralela, se realizaron allanamientos en inmuebles vinculados a los investigados y el registro de dos vehículos presuntamente utilizados en la intervención irregular. Durante las diligencias se incautaron teléfonos celulares, USB, laptops, droga y otros elementos, los cuales serán incorporados a la investigación fiscal. El Ministerio Público informó que las diligencias continúan, a fin de determinar responsabilidades individuales y la posible existencia de una estructura delictiva al interior de la institución policial.
¡Perú es clave! BTS confirma concierto en Perú y otros países de Latinoamérica
La noticia que muchos esperaban por fin es oficial: BTS aterrizará en Perú como parte de su gira mundial 2026–2027, y no para un solo show, sino dos conciertos en Lima que han puesto a todo el ARMY peruano (y a varios indecisos también) en modo celebración. Después de casi cuatro años desde su última gira como grupo completo – pausada por proyectos individuales y el servicio militar obligatorio – los siete integrantes de BTS están listos para regresar con un disco nuevo y una gira que promete ser épica. ¿Qué sabemos del concierto en Perú? Por el momento, está confirmado que Lima será una de las ciudades incluidas en la gira, lo que representa un hito para los seguidores peruanos, quienes durante años pidieron una fecha local. Aunque aún no se han revelado todos los detalles logísticos, como el escenario exacto o el inicio de la venta de entradas, la confirmación oficial bastó para que la emoción se apodere de los fans. Las especulaciones ya apuntan a escenarios de gran capacidad y a fechas que convertirían la visita del grupo en uno de los eventos musicales más importantes del año en el país. Mientras tanto, el ARMY peruano ya se prepara —emocional y económicamente— para lo que promete ser un concierto histórico. Latinoamérica en la mira de BTS Perú no será el único país de la región en recibir a BTS. La gira también contempla presentaciones en México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, consolidando una fuerte presencia del grupo en Latinoamérica. Este tramo del tour confirma el peso que tiene la región en la carrera global de la banda y responde a una base de fans que no ha dejado de crecer con los años. Redes en modo celebración Como era de esperarse, las redes sociales estallaron tras el anuncio. Memes, videos de reacciones, lágrimas virtuales y mensajes de incredulidad inundaron X, TikTok e Instagram. Para muchos fans, la llegada de BTS a Perú no es solo un concierto, sino la validación de años de apoyo, campañas y tendencias que hoy dan resultado. En resumen, BTS vuelve, Latinoamérica los espera y Perú hace historia. Solo queda estar atentos a los próximos anuncios y prepararse para cantar, gritar y, probablemente, llorar un poco. Porque sí: esta vez es real.
El Poder Judicial ordena el archivamiento definitivo del caso ‘Cócteles’ contra Keiko Fujimori y otros implicados de Fuerza Popular.

El Poder Judicial archivó definitivamente el caso Cocteles —por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y 14 investigados— al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Así lo establece la resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que dispone el cierre total del proceso penal seguido por presunto lavado de activos contra la candidata presidencial de Fuerza Popular. En el documento judicial se precisa que “se declara el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos con la agravante de Organización Criminal”, dejando sin efecto la imputación fiscal. El juzgado ordena además la cancelación de todas las restricciones impuestas durante la investigación. «Levántese todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto a la referida procesada”, señala la resolución publicada por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, en su cuenta de X. El PJ archivó definitivamente el caso contra Keiko Fujimori al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal. pic.twitter.com/WRe0gTxk39 — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) January 14, 2026 La decisión se hizo esperar, pero era solo cuestión de tiempo. En octubre del año pasado, casi diez años después de que la Fiscalía iniciara la investigación preliminar, el Tribunal Constitucional (TC) puso fin al denominado caso Cocteles. El TC dejó sin efecto la investigación y la acusación fiscal contra Keiko Fujimori por el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con Fuerza Popular. La sentencia del TC ordenó el archivo inmediato del expediente penal que involucraba a la candidata presidencial de FP y a otros 14 implicados por el delito de lavado de activos, al determinar que la investigación carecía de sustento jurídico y contravenía lo establecido en la Constitución. En diciembre se llevó a cabo la audiencia ante el juez Wilson Verástegui, quien evaluó la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la investigación por presuntos aportes ilícitos de campaña. Desde entonces, se aguardaba la decisión judicial, la cual finalmente fue dada a conocer este martes, poniendo un punto final a un proceso que se había extendido por casi una década