Perú se aproxima a las elecciones generales de abril de 2026 en un contexto de profunda crisis política, institucional y ética. La figura del presidente interino José Jerí, hoy cuestionado por múltiples mociones de censura debido a reuniones no registradas con empresarios, es apenas la punta del iceberg de un sistema corroído por la corrupción y la impunidad.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha registrado más de 250 candidatos con antecedentes penales, muchos de ellos por delitos de corrupción, violencia familiar y fraude. Además de las candidaturas golondrinas que dejan ver la debilidad institucional y clientelista de los partidos, que da pie a una majadería antisocial definiendo el destino de millones de ciudadanos. La democracia peruana se encuentra en una encrucijada crítica. Este marco de andar legitimando a personajes que actúan en modo de infractores sociales debe llegar a su fin. Hay un costo ciudadano y sobre la arquitectura de los recursos del estado.

En ese contexto tenemos a una JNJ, destituyendo fiscales supremos en una clara disposición de contrarios y favoreciendo y limpiando el camino de la judicatura para un sector de la política nacional. Un presidente encargado del congreso denunciando a jueza por contradecir jurídicamente la ley anti ONGDs. En un contexto donde los privados desean a como dé lugar capturar PetroPerú, teniendo como soldados a un buen sector de medios de comunicación comentando sin sentido especializado del tema para favorecer nítidamente al poder de turno de los privados, y con un Colegio de Abogados y de Ingenieros expresando preocupación por el Decreto de Urgencia emitido por la actual presidente de turno sobre el proceso de privatización de la empresa nacional. Con un presidente encargado defendiendo lo que es indefendible en su negociación con el empresario chino y, con un total desacierto en el balance de su gestión frente a la ola de delincuencia organizada que azota el país, es una realidad que debe estar en la agenda de los ciudadanos del país que deseamos.

La calidad de los candidatos en estos años ha sido de carnaval. Aparición de tipos de candidatos sin formación, conservadores del modelo, avispados para mentir con propiedad exponiendo su identidad sin tapujos. Con libertad sobre sus delitos y aún en el ejercicio de sus funciones. Es decir, existe una necesidad de volver a la salud política para ser viables.

Rasgos estructurales

El país ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, una rotación inédita que refleja la fragilidad del sistema y a la vez de perfil malero, da pie a la instrumentalización de la vacancia presidencial como mecanismo de poder, los esquemas de delitos en los sectores del estado, el nivel de actuación de los poderes independientes para defender el modelo imperante.

El Congreso, lejos de ser un contrapeso democrático, se ha convertido en una instancia de contra gobierno, de órgano hipertrofiado que bloquea reformas estructurales, legisla en función de intereses particulares, cambia la constitución a su justa medida de sus necesidades de perpetuar las conductas del delito y pasar por altos las gamberradas del actual encargado de la presidencia.

La educación, en lugar de formar ciudadanos críticos y éticos, ha sido cooptada por modelos que reproducen prácticas corruptas y clientelares. A esto se suma la convivencia con redes empresariales mafiosas que ganan licitaciones públicas para luego abandonarlas, generando sobrecostos y paralización de proyectos esenciales para el desarrollo de las regiones.

Impacto social

Los hogares más vulnerables son los principales afectados por este modelo antisocial. La corrupción desvía recursos que deberían destinarse a salud, educación, programas sociales de asistencia, estructurar modelos de ingeniería de desarrollo regional.

La ciudadanía, desmotivada y desencantada, observa cómo las promesas, electorales a pesar que no representan la respuesta al actual modelo político se diluyen en medio de escándalos y traiciones. La inseguridad, el desempleo y el abandono estatal son el pan de cada día para millones de peruanos. El país no necesita intenciones políticas, requiere propuestas estructuradas, viables, institucionalidad y no una tira de candidatos que van de entre una y otra membresía electoral en cada proceso electoral.

Frente a este panorama desolador, es urgente un despertar ético de la ciudadanía. No basta con indignarse: es necesario actuar. Se deben cerrar los circuitos que alimentan la corrupción, sancionar con firmeza a quienes incumplen sus funciones y recuperar la educación como herramienta de transformación social. El fortalecimiento institucional debe ser una prioridad, blindando al sistema electoral y judicial frente a presiones políticas y mafiosas. Asimismo, es vital promover liderazgos alternativos, surgidos desde la sociedad civil, que propongan modelos de desarrollo inclusivo, sostenible y justo.

Perú no puede seguir siendo rehén de una clase política que ha perdido toda legitimidad. Las elecciones de 2026, tanto la nacional presidencial y congresal como la lección de los gobiernos subnacionales, deben ser una oportunidad para reconstruir el pacto democrático sobre nuevas bases: ética, justicia y participación ciudadana.

El futuro del país depende de ello. Los partidos, lejos de confundir a la población con el deseo de ser parte de la repartición de la torta deben ser tomados por ciudadanos de bien para sentir los pasos de la esperanza y transformación de esta realidad.