Gremios de transportistas en Perú han convocado un paro nacional para el miercoles 14 de mayo, en respuesta al aumento de la violencia y criminalidad en varias regiones del país.
Frente al preocupante incremento de la violencia en el país —con frecuentes casos de asesinatos y extorsiones— los gremios de transportistas han confirmado la realización de un paro nacional este miércoles 14 de mayo. Diversas asociaciones participarán en movilizaciones en todo el país para manifestar su rechazo a la inseguridad que afecta tanto al sector transporte como a la población en general. Uno de los hechos más recientes que ha puesto en evidencia esta crisis es el secuestro y asesinato de 13 mineros en la localidad de Pataz, en la región La Libertad, cuyos cuerpos fueron hallados en el interior de un socavón.
En un comunicado, el gremio de transportistas del Perú expresó: “Con el asesinato de 13 trabajadores mineros, queda una vez más demostrada la complicidad e ineficiencia de quienes hoy controlan el poder. No enfrentan ni tienen voluntad de enfrentar a las bandas criminales, al sicariato ni a las redes delictivas vinculadas a economías ilegales”.
El paro ha sido convocado por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, la Confederación de Mototaxistas del Perú, el Comité de Lucha de Empresarios de Gamarra, y el Movimiento de Ciudadanos por la Vida. También se sumarán comerciantes de zonas como Gamarra y Mesa Redonda, además de bodegueros, boticarios, amas de casa, estudiantes y otros ciudadanos organizados. Todos exigen respuestas urgentes ante la creciente inseguridad y el deterioro del orden público.
A raíz del crimen de los 13 mineros, diferentes colectivos ciudadanos también han mostrado su solidaridad con las familias afectadas, calificando el hecho como una “atroz masacre”. Denuncian que el Estado ha fallado en enfrentar al crimen organizado y las economías ilegales, que actúan con impunidad en varias regiones. En respuesta, estas organizaciones también convocan al Paro Cívico Nacional del 14 de mayo, con demandas que incluyen reformas estructurales, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el rechazo a cualquier iniciativa de reelección del Congreso.
