En lo que va de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) separó en todo el país a 664 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves, labor que forma parte de las acciones adoptadas para garantizar entornos escolares seguros.
Del total, 568 son docentes y 96 son administrativos. Asimismo, 603 laboraban en instituciones educativas públicas y 61 en privadas.
De acuerdo con el Minedu, 91 personas (68 docentes y 23 administrativos) fueron separadas de manera definitiva tras recibir sentencia condenatoria firme. El delito más recurrente en estos casos fue la violación de la libertad sexual e indemnidad sexual, con 66 registros, seguido de delitos como terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas.
En tanto, se dispuso la separación preventiva de 573 personas (500 docentes y 73 administrativos) que enfrentan procesos judiciales en curso por delitos como violación sexual, terrorismo y apología del terrorismo, homicidio doloso, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores mediante medios digitales, conforme a la normativa vigente.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el sector mantiene una posición firme frente a cualquier conducta que atente contra la seguridad de la comunidad educativa y hace lo que sea necesario para salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes.
“Nuestra prioridad es proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros. No permitiremos que personas involucradas en delitos graves permanezcan en el sistema educativo”, afirmó.
