La Fiscalía de Brasil decidió suspender temporalmente su colaboración con el Ministerio Público del Perú en el marco del caso Lava Jato, tras aceptar la queja presentada por exdirectivos de la constructora brasileña OAS. La medida fue dispuesta por la fiscal Anamara Osório Silva, de la secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil.
Según informaron medios brasileños, los exdirectivos denunciaron que las autoridades peruanas incumplieron los acuerdos de delación premiada, vulnerando la inmunidad pactada y el principio de especialidad, al denunciarlos en Lima por los mismos hechos que confesaron en Brasil. Uno de ellos alegó incluso haber sido procesado por presunto lavado de activos, pese a contar con protección legal en el marco del acuerdo.
La decisión afecta directamente las investigaciones del proyecto Línea Amarilla, obra adjudicada a OAS en la capital peruana y en la que se presume existieron pagos ilícitos a funcionarios municipales. La Procuraduría brasileña sostuvo que Perú debe respetar los beneficios legales concedidos a los colaboradores mientras use pruebas derivadas de sus confesiones.
De momento, la suspensión de cooperación se mantendrá “hasta tanto se reciban aclaraciones suficientes” por parte de las autoridades peruanas. Voceros de la Procuraduría explicaron que, de garantizarse que no se procesará a los exdirectivos por los hechos admitidos, la asistencia podría restablecerse.
Perú es el país con mayor número de implicados en el caso Lava Jato, con tres expresidentes involucrados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Toledo y Humala ya fueron sentenciados, mientras que Kuczynski permanece bajo arresto domiciliario. También está procesada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, cuyo juicio oral podría adelantarse por solicitud del fiscal José Domingo Pérez.
