La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad (Equipo 2) logró que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como alias ‘Cuchillo’, quien se encuentra detenido en Colombia. Rodríguez es investigado por su presunta participación en delitos de organización criminal, sicariato, homicidio calificado y lavado de activos. Esta medida forma parte del proceso que permitirá formalizar su extradición al Perú para que enfrente a la justicia por su presunta responsabilidad en la masacre de 13 personas en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La medida fue obtenida por la fiscal Magdalena Cisterna Burga, titular de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, ante el Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Parcoy, el miércoles 21 de mayo. La decisión representa un paso importante para el proceso de extradición, que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público coordina con su par colombiana. En las próximas horas, el Ministerio Público presentará a las autoridades de Colombia la solicitud formal de detención preventiva con fines de extradición, en el marco del tratado bilateral vigente entre ambos países.
operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades colombianas. La Fiscalía sostiene que ‘Cuchillo’ lideraría una organización criminal implicada en el asesinato de 13 trabajadores mineros, dedicados a labores de seguridad en bocaminas de la provincia de Pataz, crimen que generó indignación nacional. La misma presidenta de la República, Dina Boluarte, lo señaló públicamente como el presunto autor intelectual de los asesinatos.
Pese a las graves imputaciones, Miguel Rodríguez niega rotundamente haber cometido los crímenes. En entrevistas ofrecidas a medios de comunicación como Cuarto Poder, asegura que fue incriminado injustamente y que abandonó el país por temor a represalias, tras la intervención policial en dos de sus propiedades en Casma, sin que entonces pesara sobre él una orden de captura. “Me están confundiendo con otra persona. Tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, afirmó.
Rodríguez también mencionó que ya cumplió anteriormente una pena de siete años de prisión y que no tiene intención de volver a la cárcel. Además, responsabilizó a “los grupos de poder como La Poderosa” y a los medios de comunicación de haber influido en su acusación. En su defensa, afirmó: “Yo nunca mandé a matar a nadie”.
Su imagen ha generado posiciones divididas en la opinión pública. Mientras la Fiscalía lo considera el cabecilla de una peligrosa organización criminal, vecinos y familiares destacan su lado “caritativo”. Según relataron algunos residentes de Casma, Rodríguez habría financiado obras como la construcción de una losa deportiva y la mejora de postas médicas, acciones que le ganaron el apodo de “El Pablo Escobar de Casma”, en referencia al tristemente célebre narcotraficante colombiano que también realizaba obras para ganarse el favor popular.
