Desde hace 45 años, la derecha peruana ha vivido del Estado, emitiendo leyes en cada gobierno para acceder al centro económico productivo del país, es decir, a sus recursos.
La derecha nacional, que se autoproclama como la mejor y que ha implantado un sistema meritocrático dentro de este modelo de democracia, ha llegado a niveles delincuenciales en la relación de partidos y políticos involucrados en sospechas de inconductas en la escena nacional. Se sirve de un modelo excluyente y de privilegios.
El gran problema nacional es que tenemos una derecha que, de una u otra manera, siempre se las ha ingeniado para dirigir el país. Se infiltró en los ministerios y, durante campañas políticas en estos 45 años, ganó presidencias, utilizó medidas poco éticas para conseguir votos, con la finalidad de llegar al gobierno y decidir. Esta derecha cuenta con un cuadro de comunicadores formados en universidades, que actúan como serviles en lugar de ser conciencia ética ciudadana.
En el caso de Petroperú, la situación actual permite entender lo que hizo Fujimori en los años 90 y comprender la realidad productiva del país, que nos mantiene en un modelo de pobreza y exclusión pasiva que afecta a millones de ciudadanos en nuestras regiones.
En nuestro país no existe un modelo productivo. Nos preguntamos ¿qué modelo de desarrollo se sostiene de los minerales? ¿qué modelo político se desarrolla sobre la base de proyectos direccionados? ¿qué modelo nacional puede ser si los pobres sólo tienen acceso a vender en cualquier parte de una ciudad? ¿qué hacemos si la educación no forma mentalidad productiva con ingenio para diversificar y construir un modelo productivo que no sea la minería? ¿es esa la base de la pirámide productiva?
Un modelo de desarrollo productivo con enfoque de bienestar y desarrollo debería ser una estrategia económica y hacer productivo el capital ciudadano, que combine crecimiento sostenible con la mejora integral de la calidad de vida de la población, asegurando inclusión social, equidad y sostenibilidad ambiental. El ciudadano, desde su talento potenciado, debe ser el centro de la acción para sostener el andamiaje económico y alcanzar mejores condiciones de vida. Sin embargo, la educación ha sido manejada sin un sentido de vida nacional productiva orientada al desarrollo y bienestar.
En los 90, Fujimori afirmó que las empresas estatales eran un peso para el Estado y que generaban un forado económico en el presupuesto, sin beneficiar a los ciudadanos. Se vendieron casi todas, quedando solo Petroperú. En estos años, la empresa ha sido golpeada y mal manejada por los gobiernos de turno, pues es la única capaz de enriquecer aún más al grupo de poder. Se señala que debe venderse porque es un gasto, bajo el mismo diagnóstico de Fujimori. Sin embargo, muchas de las empresas vendidas generaban, luego, rentabilidad en el mercado. Hoy se intenta rematar Petroperú, argumentando que es un escándalo gastar tantos millones en su rescate.
Según el expresidente Alejandro Narváez, en 2025 la empresa estatal debería ingresar a una etapa en azul. En su gestión de 2024, aceptó la deuda y logró reducir las pérdidas en 100 millones de dólares. Para 2025, las cuentas iban a mostrar utilidades del 15% sobre las ventas. Según la nota de Emprende, la empresa perdió presencia en el mercado: en 2005 tenía un 53%, en 2024 bajó a 25%, y en la nueva gestión alcanzó 28%. Para 2025 se proyectaba llegar a 35%, con una utilidad neta del 20%. Esta gestión terminó con la juramentación del Sr. Jerí, regresándose a la perspectiva de vender y que los empresarios sí saben administrar.
Esto nos lleva a pensar que las empresas estatales, como Petroperú, fueron gestionadas para que ciertos sectores vivieran de ellas, siendo estos que estuvieron en la silla de Petro Perú, y allí tenemos las consecuencias. La pregunta es: ¿qué sector manejaba realmente las empresas estatales? La respuesta: los privados. Es decir, la derecha siempre estuvo detrás del desastre de las empresas estatales, deteriorándolas para seguir viviendo del Estado.
Si la venta de la empresa se justifica por gasto e inviable, entonces habría que pensar en cerrar todo el aparato estatal por improductivo. La pregunta sería: ¿qué de bueno y productivo nos ha dado la estructura actual del país? La respuesta: ninguna. Los sustentos están a la mano. En este nuevo periodo congresal, por ejemplo, el presupuesto económico por congresista en 2026 asciende a S/ 13,6 millones anuales, cifra que incluye no solo sueldos sino toda la estructura de apoyo y funcionamiento parlamentario. Este nivel de gasto debe generar debate en los espacios de la ciudadanía sobre la eficiencia del uso de recursos públicos y su impacto en la percepción ciudadana excluida. Y lo mismo ocurre con otros aparatos del Estado.
En el país existe una exclusión pasiva porque, aunque el ciudadano determina quién lo representa en el estamento político, este comete una falta ética al generar las condiciones de vida actuales. Lo interesante de la exclusión pasiva en el modelo social peruano es que nos obliga a reconocer que la pobreza no es responsabilidad exclusiva de millones de ciudadanos ni una realidad permanente.
Para que un país se encamine hacia el desarrollo y bienestar, el flujo económico debe tener un marco productivo basado en las capacidades de los ciudadanos y apostar por ellas. No es posible una educación que perpetúe desigualdades. Programas como Beca 18 pueden ser interesantes si se enlazan con un marco educativo productivo con enfoque de bienestar. No es posible entender la salud solo como atención médica, sino como una premisa del desarrollo y bienestar, lo que implica construir propósitos y fortalecer la salud mental. Nuestras capacidades deben tener una diversidad de formación productiva que incluya todas las regiones y certifique la mano de obra sin educación formal. Además, debemos consolidar una identidad cultural vinculada a las capacidades e inteligencias regionales.
