Los ministros Eduardo Arana y Carlos Malaver aseguraron que existen mecanismos policiales y legales que hacen innecesaria esta medida excepcional
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro del Interior, Carlos Malaver, descartaron este martes la necesidad de declarar un estado de emergencia para el sector transporte público en Lima y Callao. La postura del Ejecutivo se da a pesar de que esta medida ha sido exigida reiteradamente por los gremios de transportistas y respaldada por parlamentarios.
Durante una conferencia de prensa, Arana explicó que la seguridad ciudadana y la lucha contra la extorsión ya se están abordando mediante operativos de inteligencia, patrullaje y acciones legales, sin necesidad de suspender derechos constitucionales.
“Es evidente que existen otros mecanismos en los cuales, de manera sucedánea e inclusive de mejor manera, se pueden utilizar, y la Policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo”, sostuvo el premier.
Asimismo, precisó que existen distintos tipos de “estados de emergencia”, y que el pedido de los gremios no se ajusta al enfoque operativo real. Para Arana, decretar una medida de excepción sin un sustento claro sería “una falta de responsabilidad”, sobre todo si solo sirve como “marco conceptual o periodístico”.
Por su parte, el ministro Malaver indicó que la actual gestión está optando por dinamizar el accionar policial mediante herramientas legales como la Ley 32130, que permite respuestas más rápidas y eficaces sin necesidad de un estado de excepción.
“Estamos obteniendo resultados más ágiles y visibles para la ciudadanía. No descartamos evaluar un estado de emergencia lógico, pero por ahora priorizamos estas herramientas”, señaló.
La postura del Gobierno se da tras el paro de 24 horas realizado por los transportistas, motivado por hechos de violencia, incluido el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. Aunque se acordó levantar la medida de fuerza y establecer una mesa de trabajo para el 14 de octubre, el pedido de declaratoria de emergencia sigue en evaluación por parte de algunos gremios y el Congreso.
