Desde tempranas horas de este martes 27 de agosto, el Poder Judicial del Perú se encuentra prácticamente paralizado debido al paro nacional convocado por la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (FENASIPOJ) y otras organizaciones gremiales. La medida afecta la totalidad de las labores administrativas y jurisdiccionales, excepto las audiencias de emergencia.
La protesta, que ya cuenta con más del 85% de adhesión a nivel nacional, se desarrolla con manifestaciones, marchas y plantones en las sedes judiciales, y los videos que circulan en redes sociales muestran la masiva participación de trabajadores en diversas regiones, exigiendo mejoras laborales y salariales que llevan más de una década pendientes.
Entre los reclamos centrales está el pase inmediato de los trabajadores CAS al régimen 728, con el fin de eliminar la desigualdad interna en el Poder Judicial, donde más de 13 mil empleados CAS realizan las mismas funciones que sus colegas del régimen 728, pero con sueldos menores y sin estabilidad.
También exigen la implementación del cuarto tramo de la escala remunerativa, pendiente desde hace más de diez años, así como el respeto a la libertad sindical y a los convenios colectivos.
Otro foco de tensión es el rechazo rotundo al proyecto de ley de la congresista María del Carmen Alva, que plantea la eliminación de sindicatos en el país. “Nos quieren invisibilizar. Esta ley es un golpe directo a los derechos laborales y a la organización sindical”, advirtió José Rueda, secretario regional en Arequipa.
Rueda también criticó la falta de diálogo con la presidenta del Poder Judicial: “Solo recibimos palabras, pero ningún compromiso firme. Igual que el año pasado, cuando el entonces presidente Javier Arévalo no cumplió su palabra. La actual presidenta tampoco quiere sentarse con los gremios”.
