Exdefensor del Pueblo advierte graves violaciones constitucionales
El abogado y exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, calificó como una flagrante vulneración del orden constitucional el reciente decreto de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo para rescatar financieramente a Petroperú. Según sus declaraciones, esta medida constituye “el fraude constitucional más grave en lo que va del siglo”, debido a que, en su opinión, transgrede diversos principios fundamentales establecidos en la Carta Magna.
Decreto de urgencia bajo la lupa del Tribunal Constitucional
La polémica medida autoriza una nueva inyección de recursos públicos a la empresa estatal de hidrocarburos, que atraviesa una severa crisis financiera, sin haber pasado previamente por el debate ni la aprobación del Congreso. Ante ello, se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestionando tanto la forma como el fondo del decreto, al considerar que no cumple con los requisitos de excepcionalidad, urgencia y necesidad que exige la ley para este tipo de instrumentos.
Críticas al uso político y económico de Petroperú
Gutiérrez señaló que el uso reiterado de recursos públicos para sostener a Petroperú, sin un plan técnico transparente ni rendición de cuentas efectiva, representa una amenaza para la institucionalidad democrática y la estabilidad fiscal del país. Asimismo, advirtió que este tipo de decisiones, tomadas de manera unilateral por el Ejecutivo, consolidan una lógica de poder que escapa al control constitucional y vulnera el equilibrio de poderes.
Llamado a la responsabilidad institucional
En medio del debate jurídico y político, diversas voces del sector académico, empresarial y de la sociedad civil han exigido una revisión profunda del rol de Petroperú, así como mecanismos más rigurosos de control y fiscalización del gasto público. El caso podría convertirse en un precedente clave para definir los límites del uso de decretos de urgencia, en momentos donde se requiere mayor transparencia en la gestión de las empresas estatales.
