Ciudadanía percibe alta influencia negativa de la minería ilegal en el Congreso

Preocupación pública ante influencia de intereses ilegales

Un reciente estudio de opinión ha revelado un dato preocupante para la institucionalidad democrática del país: el 73.8% de los ciudadanos considera que la minería ilegal ejerce una influencia negativa dentro del Congreso de la República. Esta percepción refleja una creciente desconfianza de la ciudadanía respecto al papel del Legislativo frente a las presiones de sectores vinculados a actividades ilícitas y no formalizadas.

Minería ilegal: un problema estructural con impacto político

La minería ilegal no solo representa un grave problema ambiental y social, sino que también se ha convertido en un factor que, según la opinión pública, estaría condicionando decisiones legislativas. En un contexto preelectoral, diversos analistas advierten sobre el riesgo de que candidatos o partidos establezcan vínculos con intereses mineros informales o ilegales a cambio de apoyo económico o político, lo que debilita aún más la transparencia y la ética en la gestión pública.

El REINFO en el centro del debate

Uno de los puntos más controversiales ha sido la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), medida promovida desde el Congreso con amplio respaldo. Aunque la iniciativa busca dar facilidades a los mineros artesanales para regularizarse, críticos sostienen que ha sido utilizada como una excusa para mantener operativas actividades que no cumplen con normas ambientales ni laborales, beneficiando de manera indirecta a redes ilegales.

Llamado a mayor fiscalización y control legislativo

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos especializados han exigido mayor fiscalización sobre las decisiones del Parlamento relacionadas con el sector minero. El fortalecimiento de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción y la erradicación de la minería ilegal requieren medidas claras, efectivas y libres de intereses particulares. La ciudadanía, como refleja esta encuesta, demanda un Congreso más comprometido con el bien común y no capturado por grupos de poder económico informal.