Cuestionamiento desde la defensa de Delia Espinoza
El abogado de la fiscal suprema Delia Espinoza ha advertido una posible irregularidad en la reciente sesión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la cual se aprobó la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema titular. Según indicó, el acta correspondiente no cuenta con la firma de la secretaria general de la JNJ, lo que podría comprometer la validez formal del acuerdo adoptado.
Falta de firma oficial
La principal observación jurídica recae sobre la ausencia de una rúbrica fundamental en el documento oficial de la sesión, elemento que según el abogado representa una infracción al procedimiento regular de validación de decisiones institucionales. La secretaria general, encargada de certificar formalmente las actas, no habría suscrito el acta que recoge la decisión tomada por los miembros del pleno de la JNJ.
Contexto de la restitución
La restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema ha generado gran controversia en el ámbito político y judicial. Tras haber sido suspendida en el marco de investigaciones por presunta conformación de una red criminal, su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos ha reactivado tensiones internas en el Ministerio Público y ha sido interpretada por diversos sectores como un retroceso en los avances contra la corrupción.
Implicancias legales y administrativas
La observación sobre la supuesta irregularidad plantea la posibilidad de que el acto jurídico que permitió el retorno de Benavides no cuente con plena validez, lo cual podría dar lugar a pedidos de nulidad o revisión por parte de instancias competentes. Asimismo, podría motivar nuevas acciones legales por parte de quienes consideran que la decisión carece de sustento administrativo legítimo.
Reacciones y seguimiento
Hasta el momento, la JNJ no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la omisión denunciada, pero se espera que se brinden explicaciones formales en los próximos días. Mientras tanto, la defensa de Espinoza evalúa acciones legales o administrativas que podrían interponerse en caso se confirme la anomalía procesal señalada.
