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El Congreso de la República ha decidido admitir una denuncia constitucional que involucra directamente a la fiscal suprema Delia Espinoza, así como a los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Esta medida surge como respuesta a su respaldo institucional al Ministerio Público en el contexto de la resistencia a reponer en el cargo a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Motivos de la denuncia
A los fiscales supremos se les imputa el presunto desacato a una resolución del Poder Judicial que ordenaba la reposición de Benavides en su cargo. Según los denunciantes, la negativa de la Junta a acatar esta disposición representa una falta grave y una transgresión al orden constitucional, lo cual ha motivado el inicio de acciones legales desde el Parlamento.
Contexto político y jurídico
Delia Espinoza, en su calidad de fiscal suprema, asumió temporalmente funciones clave en el Ministerio Público tras la suspensión de Benavides, cuya gestión quedó en entredicho por diversas investigaciones. La Junta de Fiscales Supremos respaldó su actuación, reafirmando la autonomía del Ministerio Público y cuestionando la legitimidad del regreso de la exfiscal suspendida.
Sin embargo, sectores del Congreso han interpretado este respaldo como una afrenta directa a la autoridad judicial, lo que ha desatado una respuesta política contundente a través de esta denuncia constitucional.
Implicancias institucionales
La admisión de esta denuncia abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Congreso y el Ministerio Público, en un contexto donde la independencia de los órganos del sistema de justicia se encuentra en debate. Esta medida también podría sentar un precedente respecto al uso del mecanismo de acusación constitucional como herramienta de presión contra altos funcionarios del sistema judicial.
