Una institución nacida con expectativas, pero bajo constante observación
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo clave en la selección y evaluación de magistrados del país, ha estado bajo la lupa desde su entrada en funciones en enero de 2020. Creada como parte de la reforma judicial impulsada durante el mandato de Martín Vizcarra y respaldada por referéndum, esta entidad reemplazó al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, con la promesa de restaurar la confianza en el sistema de justicia. Sin embargo, su desempeño ha sido motivo de crecientes críticas por su falta de transparencia, limitada eficacia operativa y conflictos internos.
Desempeño institucional en entredicho
Durante sus dos gestiones consecutivas, la JNJ ha sido señalada por una serie de controversias, que van desde decisiones cuestionadas públicamente hasta una débil capacidad de respuesta frente a eventuales desacatos por parte de las autoridades sometidas a su control disciplinario. Uno de los principales problemas radica en la falta de herramientas concretas dentro de su propio reglamento para hacer cumplir sus resoluciones, lo cual ha debilitado su autoridad y generado dudas sobre su capacidad de ejercer un verdadero control en el sistema judicial y fiscal del país.
Además, algunas decisiones de remoción o ratificación de jueces y fiscales han sido objeto de críticas por falta de criterios objetivos o supuestos sesgos políticos, lo que ha erosionado aún más la imagen institucional de la entidad.
Tensión entre legalidad y operatividad
Una de las debilidades estructurales que enfrenta la JNJ es la ausencia de mecanismos legales claros ante la posibilidad de que sus resoluciones no sean acatadas por los funcionarios evaluados. Esto ha generado un escenario de inseguridad jurídica, donde la autoridad de la entidad parece depender más de la voluntad política y del contexto que de su propio marco normativo.
Esta limitación ha sido especialmente relevante en momentos en los que ha debido intervenir en casos de alta carga mediática o política, donde la falta de firmeza en la ejecución de sus decisiones ha provocado cuestionamientos desde diversos sectores.
Reformas pendientes y necesidad de legitimidad
A pesar de la misión estratégica que se le asignó —la limpieza y el fortalecimiento del sistema de justicia—, la Junta Nacional de Justicia aún no logra consolidarse como una institución confiable a los ojos de la ciudadanía. Diversas voces del ámbito legal y académico han señalado la necesidad urgente de revisar su reglamento interno, establecer procedimientos más sólidos y garantizar mayor independencia frente a presiones políticas.
Sin estos ajustes, la JNJ corre el riesgo de quedar reducida a un rol simbólico sin capacidad real de fiscalización ni de influencia positiva en la reforma judicial.
