Inversión cuestionada en contexto de prioridades nacionales
En un contexto marcado por demandas sociales insatisfechas y una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado, el Congreso de la República ha destinado más de 99 millones de soles para la implementación de una oficina dedicada exclusivamente a la reinstauración de la bicameralidad, una medida que aún no cuenta con consenso nacional ni respaldo mayoritario.
La oficina ha sido concebida para diseñar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el eventual retorno a un sistema parlamentario de dos cámaras —Senado y Cámara de Diputados—. Esta reforma implicaría una reestructuración política que, según sus impulsores, busca mejorar la calidad legislativa y fortalecer la representación. Sin embargo, la magnitud del presupuesto ha encendido las alarmas entre sectores críticos que cuestionan el gasto frente a otras urgencias del país.
Una dirección bajo sospecha
Al frente de esta nueva unidad ha sido designado Enrique Fernández Paniagua, exdirector ejecutivo del Proyecto Legado, quien fue retirado del cargo en medio de cuestionamientos por su desempeño. Su nombramiento ha generado dudas sobre los criterios utilizados para dirigir un proyecto de tal envergadura, y ha sumado elementos de controversia a una oficina ya fuertemente observada.
Diversas voces del ámbito político y ciudadano consideran que la elección de Fernández Paniagua refuerza la percepción de que esta iniciativa responde más a intereses burocráticos y políticos que a una verdadera necesidad institucional del país.
Gasto millonario en medio de crisis sociales
Los más de 99 millones de soles asignados a esta oficina han sido considerados desproporcionados por múltiples analistas. En un país con altos niveles de pobreza, deficiencias en los sistemas de salud, educación y seguridad, el uso de recursos públicos en una estructura administrativa para una reforma aún incierta ha sido duramente criticado.
La ciudadanía y diversas organizaciones sociales han reclamado que el Congreso debería priorizar medidas legislativas que atiendan las demandas urgentes de la población, en lugar de destinar cuantiosos fondos a proyectos cuya legitimidad aún se encuentra en debate.
Futuro incierto de la bicameralidad
La implementación de la bicameralidad ha sido promovida por un sector del Parlamento como una forma de “profesionalizar” la labor legislativa y establecer filtros más sólidos para la aprobación de leyes. Sin embargo, la última vez que se intentó este cambio, fue rechazado por la ciudadanía en el referéndum de 2018.
La reaparición del tema sin un proceso amplio de consulta ciudadana, y ahora acompañado por un abultado presupuesto, podría alimentar el rechazo de la población hacia una reforma que, lejos de unir, podría profundizar la brecha entre el Congreso y la ciudadanía.
