Hechos recientes
En una decisión que ha generado controversia en el ámbito político y judicial del país, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, emitió una disposición para que todas las dependencias policiales reconozcan y se pongan a disposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que oficialmente el cargo es ocupado por Juan Carlos Villena, elegido por la Junta de Fiscales Supremos.
Esta medida, adoptada a través de un comunicado interno, también ordena brindar protección policial a Benavides, como si se tratara de una alta autoridad vigente, lo cual ha encendido las alarmas en sectores del Ministerio Público y del sistema judicial.
Contexto institucional
Desde diciembre de 2023, Patricia Benavides se encuentra suspendida de sus funciones por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a presuntos actos de corrupción y abuso de poder durante su gestión. A raíz de ello, Villena asumió como fiscal de la Nación de manera interina, con el respaldo de los fiscales supremos.
No obstante, en los últimos días se ha evidenciado una estrategia de Benavides y sus aliados por recuperar influencia dentro del Ministerio Público. La disposición del general Zanabria parece alinearse con este movimiento, lo que ha generado dudas sobre la independencia de la Policía Nacional frente a las disputas internas del Ministerio Público.
Implicancias políticas y legales
El hecho de que el jefe máximo de la PNP —quien además enfrenta una investigación fiscal en curso— decida reconocer a una autoridad suspendida ha sido calificado como un desafío directo a las instituciones del sistema de justicia. Juristas advierten que este tipo de decisiones pone en riesgo la legitimidad del Estado de derecho, al dividir el reconocimiento institucional entre dos figuras que reclaman el mismo cargo.
Además, algunos analistas señalan que este acto puede interpretarse como una señal de respaldo político y mediático hacia Benavides, lo cual comprometería la neutralidad de la PNP en conflictos institucionales.
Reacciones en el ámbito judicial y político
Diversos sectores del Congreso y del Poder Judicial han expresado su preocupación por esta medida, solicitando una inmediata revisión de la decisión del comandante Zanabria. También se han empezado a evaluar posibles medidas legales y disciplinarias frente a lo que se podría considerar una “insubordinación funcional” o un acto de desestabilización institucional.
Mientras tanto, desde el entorno de Patricia Benavides se continúa impulsando su narrativa de «restitución legítima», argumentando que su suspensión fue arbitraria y responde a presiones políticas desde el Ejecutivo.
