Riesgo de impunidad en casos emblemáticos
Una reciente alerta ha encendido las alarmas en el sistema judicial peruano. Las acciones impulsadas por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, contra la actual gestión del Ministerio Público han sido calificadas como un “golpe institucional” que podría dejar sin efecto o ralentizar más de 20 denuncias constitucionales en curso. Estas denuncias afectan directamente a congresistas vinculados a casos de corrupción como el escándalo de los “mochasueldos”, el grupo conocido como “Los Niños” y presuntas redes de tráfico de influencias.
El escenario preocupa debido a que estas investigaciones representan procesos clave para la lucha contra la impunidad en el Congreso. Al debilitamiento del Ministerio Público se suma una aparente estrategia política para frenar o neutralizar estas indagaciones, lo que pondría en jaque la independencia del sistema judicial frente al poder legislativo.
Dina Boluarte entre las beneficiadas
En este contexto, también se advierte un posible beneficio para la presidenta Dina Boluarte. La exfiscal Benavides se ha manifestado abiertamente en contra de la denuncia constitucional presentada por su sucesora, Delia Espinoza, contra la mandataria. Esta denuncia está relacionada con su responsabilidad política y penal en los fallecimientos durante las protestas sociales ocurridas tras la asunción de su gobierno.
La postura de Benavides ha sido interpretada como un intento por blindar a Boluarte desde el mismo Ministerio Público, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad con la que se han manejado las denuncias contra altos funcionarios del Ejecutivo.
Vacío institucional y consecuencias para la justicia
Analistas advierten que si prosperan los intentos por deslegitimar o interferir en la autonomía de la Fiscalía de la Nación, el país podría entrar en un período de inestabilidad jurídica, donde las denuncias por corrupción pierdan fuerza o sean archivadas sin mayor análisis. Esto comprometería el principio de legalidad y el debido proceso en los casos que involucran a figuras políticas de primer nivel.
La situación también genera preocupación entre organismos de control y sectores de la sociedad civil que exigen una reforma profunda en el sistema judicial para evitar que intereses personales o políticos desvirtúen el rol del Ministerio Público como órgano autónomo de persecución del delito.
