Comisión de Fiscalización revela prácticas discriminatorias y sin sustento técnico
Un informe reciente de la Comisión de Fiscalización del Congreso ha revelado que durante una gestión pasada en el Parlamento se realizaron contrataciones de funcionarias públicas en base a su apariencia física, dejando de lado requisitos técnicos, profesionales y legales indispensables para el cargo. El caso, considerado de alta gravedad institucional, se centra en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso.
Responsabilidad recae en exjefe de Asesoría Legal
Según el informe parlamentario, el principal implicado es el exjefe de dicha oficina, quien habría favorecido el ingreso de trabajadoras sin el perfil adecuado, priorizando aspectos subjetivos vinculados a la imagen física. La investigación revela que en varias de estas contrataciones no se cumplió con los filtros de experiencia, formación académica ni procedimientos administrativos regulares.
Funcionarias sin experiencia en derecho o gestión pública
En varios casos detectados por la comisión, las personas contratadas no contaban con título profesional en Derecho ni con experiencia en asesoría legal. Algunas tampoco habían ocupado cargos en la administración pública previamente, lo que refuerza la hipótesis de que el criterio predominante fue estético, lo que representa una grave vulneración a la meritocracia y equidad laboral en el sector público.
Indicios de encubrimiento y omisión de funciones
El informe también advierte que estos hechos no fueron debidamente observados ni denunciados por los órganos de control interno del Congreso, lo que podría dar lugar a responsabilidades administrativas por omisión de funciones. Se evalúa la existencia de un patrón de encubrimiento que habría permitido mantener estas irregularidades durante meses.
Consecuencias legales y recomendaciones
La Comisión ha solicitado al Ministerio Público evaluar el inicio de investigaciones penales por presuntos delitos contra la administración pública, específicamente por nombramiento indebido y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, se recomienda la sanción e inhabilitación del exfuncionario y la revisión de todos los contratos suscritos durante su gestión.
Preocupación por la imagen del Parlamento
Este caso ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y entre los gremios que defienden el acceso equitativo al empleo público. Diversos sectores han exigido una reforma en los procesos de contratación dentro del Congreso, que garantice la transparencia, profesionalismo y respeto a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.
