Hechos ocurridos durante emergencia en 2012
Gabriel Prado Ramos, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima durante la administración de Susana Villarán, ha sido sentenciado por el Poder Judicial por el delito de peculado doloso. El exfuncionario fue hallado culpable de apropiarse indebidamente de S/ 20,000 que estaban destinados a brindar ayuda a las víctimas de un incendio ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2012.
El dinero nunca llegó a los damnificados
La suma desviada había sido asignada por la comuna metropolitana como parte de una respuesta de emergencia para socorrer a las familias afectadas por el siniestro. Sin embargo, según la sentencia, el monto fue utilizado por Prado para fines personales, sin ejecutar ningún tipo de acción concreta en favor de los damnificados.
El informe judicial concluyó que hubo una clara intención de apropiación ilícita de recursos públicos, afectando directamente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Además, se resaltó que no existió justificación formal del gasto ni documentación que respalde el uso correcto del dinero.
Condena y consecuencias legales
Gabriel Prado fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, así como a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período. Asimismo, deberá restituir el monto apropiado y asumir el pago de una reparación civil. La sentencia refuerza el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos sobre el manejo de recursos estatales, especialmente en contextos de emergencia.
Implicancias para la gestión edil de Susana Villarán
Si bien la sentencia no involucra directamente a la exalcaldesa Susana Villarán, el caso vuelve a poner en el ojo público diversos actos de corrupción cometidos por integrantes de su equipo de confianza durante su gestión al frente del municipio capitalino. La figura de Prado ya había sido cuestionada anteriormente por presuntas irregularidades en temas de seguridad ciudadana.
Reflexión sobre la administración pública
Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de los gobiernos locales y regionales. La apropiación de fondos destinados a víctimas de desastres no solo representa un delito económico, sino una grave afrenta a los principios de ética y servicio público.
