En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley que propone una importante reestructuración del modelo de supervisión de la Fiscalía y el Poder Judicial. El planteamiento central es que las autoridades de control de ambos organismos sean adscritas a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada del nombramiento y la evaluación de jueces y fiscales.
Una propuesta para fortalecer la transparencia
El proyecto, presentado el 16 de junio, tiene como objetivo principal fortalecer la independencia y la eficacia de los órganos de control interno, los cuales actualmente dependen directamente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Según la Defensoría, esta vinculación ha generado limitaciones en la fiscalización efectiva de jueces y fiscales, muchas veces influenciados por conflictos de interés o presiones internas.
Con esta reforma, se busca que la JNJ no solo tenga potestad sobre los procesos de nombramiento, ratificación y destitución, sino también sobre la supervisión disciplinaria continua, garantizando una vigilancia imparcial y técnica.
Justificación en medio de una crisis institucional
La iniciativa cobra relevancia en un momento marcado por escándalos y enfrentamientos dentro del sistema judicial. La reciente controversia por la posible reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, así como las tensiones entre la Junta Nacional de Justicia y altos funcionarios del Ministerio Público, han expuesto serias falencias en los mecanismos de control interno.
Para la Defensoría, trasladar esta responsabilidad a un organismo autónomo como la JNJ permitirá restablecer la confianza ciudadana y reducir los márgenes de impunidad dentro del aparato judicial.
Alcance del proyecto de ley
El proyecto plantea que tanto la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial como la de la Fiscalía de la Nación pasen a formar parte del esquema funcional de la JNJ. Esta modificación requerirá, de aprobarse, ajustes normativos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y a la Ley de la JNJ, consolidando una estructura disciplinaria unificada y ajena a intereses corporativos.
Asimismo, se contempla que las futuras designaciones de titulares de control respondan a criterios técnicos y públicos, bajo procedimientos similares a los que rigen para los miembros del sistema de justicia.
Reacciones y perspectivas
Aunque el Congreso aún no ha debatido el texto, se anticipa un tenso debate, ya que el proyecto tocaría estructuras sensibles del poder judicial. Mientras tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional han saludado la propuesta como un avance en la lucha contra la corrupción y la politización de la justicia.
