El caso en detalle
Una reciente revelación ha puesto nuevamente en el centro del debate al Congreso de la República, esta vez por el manejo de contrataciones dentro de sus oficinas. Se trata del caso de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), que habría instalado una suerte de “escuelita legislativa” al colocar a siete jóvenes militantes o vinculados al partido en una sola oficina parlamentaria.
Los contratados, en su mayoría sin experiencia previa significativa en la función pública, fueron designados en el despacho de la congresista Yessenia Lozano. Todos comparten características similares: juventud, afinidad política con APP, y una relación directa o indirecta con actividades de formación o activismo político partidario.
Implicancias éticas y políticas
Este modelo de inserción de jóvenes afines a APP ha sido presentado por allegados al partido como una oportunidad de “formación política” y “capacitación técnica”, sin embargo, críticos afirman que se trata de un uso cuestionable de recursos públicos para favorecer intereses partidarios dentro de una institución que debe operar con criterios técnicos y meritocráticos.
El hecho de concentrar múltiples contrataciones del mismo perfil en una sola oficina ha levantado sospechas de instrumentalización del aparato estatal con fines partidarios. A pesar de que todos los contratos habrían sido legales en términos formales, la ética de esta práctica ha sido ampliamente discutida por especialistas y sectores de la oposición.
Reacción de la bancada y el partido
Desde APP, se ha defendido la iniciativa alegando que se trata de un espacio legítimo de aprendizaje legislativo, y que los jóvenes contratados cumplen funciones administrativas y de apoyo técnico conforme a las necesidades del despacho.
No obstante, la falta de un mecanismo transparente de selección, sumado al hecho de que se concentran en un solo despacho y comparten vínculos políticos con la organización de César Acuña, ha generado desconfianza tanto dentro como fuera del Congreso.
Precedentes y preocupaciones institucionales
Este no es el primer caso en el que se denuncian contrataciones con tinte político dentro del Congreso. A lo largo de los últimos años, se han reportado múltiples episodios donde se utiliza el aparato parlamentario para beneficiar a personas afines a partidos o familiares de congresistas.
Expertos advierten que estas prácticas erosionan la institucionalidad y banalizan el rol del Congreso, pues priorizan lealtades políticas sobre la idoneidad profesional. Además, se pone en entredicho la eficiencia del gasto público en un contexto donde se exige austeridad y transparencia a las entidades del Estado.
