Proyecto busca mayor protección para adolescentes frente a abusos
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley N.° 8335, que propone establecer los 16 años como edad mínima legal para el consentimiento sexual en el Perú. La medida, impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, busca fortalecer la protección de adolescentes ante situaciones de explotación o abuso por parte de adultos.
Actualmente, la legislación peruana reconoce los 14 años como edad mínima para que una persona pueda tener relaciones sexuales con consentimiento, lo cual ha sido duramente cuestionado por diversos sectores sociales y jurídicos que consideran insuficiente dicha edad para garantizar una verdadera autonomía y madurez en la toma de decisiones sexuales.
Una reforma legal con impacto en la protección infantil
Con esta iniciativa, el Congreso busca adecuar la normativa nacional a estándares internacionales de protección de la infancia, que recomiendan elevar el umbral mínimo de edad para evitar que personas adultas se aprovechen de la vulnerabilidad emocional, psicológica o económica de adolescentes.
La propuesta legal establece que toda relación sexual entre un adulto y un menor de 16 años será considerada delito de violación sexual, independientemente de si existió o no consentimiento explícito del menor. Esta modificación endurecería las penas aplicables y reforzaría la capacidad del Estado para actuar frente a situaciones de abuso encubierto bajo figuras de aparente consentimiento.
Reacciones diversas en el ámbito político y social
La aprobación del dictamen en comisión ha generado reacciones mixtas. Por un lado, colectivos de defensa de derechos de la niñez han respaldado la iniciativa como un paso necesario hacia la protección integral de adolescentes. Por otro lado, algunos sectores han advertido sobre la necesidad de acompañar esta medida con programas educativos que promuevan una educación sexual integral y adecuada a las distintas etapas del desarrollo.
Asimismo, se ha planteado el riesgo de que la norma pueda ser malinterpretada o aplicada de forma injusta en casos entre adolescentes de edades similares, por lo que se espera que en el debate en el Pleno se incluya un enfoque de proporcionalidad y contexto.
El camino legislativo continúa
Tras su aprobación en la Comisión de la Mujer, el dictamen deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso, donde se decidirá su aprobación definitiva. De ser aprobado, se modificaría el Código Penal para reflejar el nuevo estándar de protección.
La congresista Jáuregui ha reiterado que esta propuesta no busca criminalizar la vida sexual de los adolescentes, sino protegerlos frente a relaciones desiguales y potencialmente abusivas con adultos.
