Controversia por contrataciones en el Parlamento
Un nuevo caso de presunto favorecimiento político ha salido a la luz en el Congreso de la República. Se trata de la contratación de las hermanas Diana y Estefany Dávila, quienes han sido designadas en puestos administrativos pese a no contar con el perfil profesional requerido para sus respectivas funciones. Ambas fueron ubicadas en áreas clave del Legislativo, presuntamente con el respaldo del partido Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por César Acuña.
Perfiles profesionales no alineados con las funciones
Diana Dávila desempeña funciones en la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Sin embargo, su formación académica incluye estudios técnicos en banca y moda, sin experiencia o capacitación específica en comunicación institucional, relaciones públicas o medios. Por otro lado, su hermana Estefany Dávila ha sido asignada al Área de Administración de Bienes, pese a tener estudios únicamente en negocios internacionales y sin formación demostrable en gestión patrimonial del Estado.
Estas designaciones han generado cuestionamientos sobre los criterios aplicados para las contrataciones dentro del Parlamento y han reavivado las denuncias por presunto clientelismo y uso de influencias políticas para acceder a cargos públicos.
Alianza para el Progreso bajo la lupa
La vinculación de las hermanas con APP ha sido uno de los puntos centrales en el debate público. Diversos analistas y opositores políticos han señalado que este caso refleja una práctica recurrente dentro de ciertos grupos parlamentarios: ubicar a personas allegadas en posiciones estratégicas, priorizando la lealtad política sobre la idoneidad profesional.
El hecho ha generado malestar en un contexto donde el Congreso ha sido duramente criticado por su falta de transparencia, gasto excesivo y baja productividad legislativa.
Preocupación por meritocracia en el servicio público
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso meritocrático al servicio público. Organismos de la sociedad civil han insistido en que el Estado debe establecer controles más rigurosos para asegurar que los trabajadores del aparato público cuenten con formación técnica adecuada y experiencia relacionada con sus funciones.
De no corregirse estas prácticas, advierten, se socava la eficiencia institucional, se afecta la confianza ciudadana y se profundiza la percepción de que las instituciones públicas pueden ser utilizadas con fines partidarios.
