
1. Contexto de la denuncia
El periodista C. Alfredo Vignolo G. presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por el presunto delito de traición a la patria, después de haber firmado el Tratado sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina (Tratado de Alta Mar) durante la III Conferencia de los Océanos en Niza, Francia
2. Argumentos de la acusación
- La denuncia aduce que la firma del tratado constituye una afectación directa a la soberanía marítima del Perú, al comprometer los derechos exclusivos del Estado sobre las 200 millas de mar adyacentes, tal como lo establece el artículo 54 de la Constitución.
- Se sostiene que dicho acto puede implicar una cesión o limitación inconstitucional del dominio marítimo, lo cual, según la Ley N.º 7709, podría calificarse como traición a la patria.
- La denuncia incluye tanto a Dina Boluarte como a la Presidencia de la República como autoridades responsables
3. Aspectos legales implicados
- El artículo 54 de la Constitución reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado peruano sobre su zona económica exclusiva (200 millas marinas).
- La Ley N.º 7709 contempla como delito la ejecución de acciones que comprometan la seguridad o integridad territorial del país, bajo el rubro de traición a la patria.
- La denuncia insta a que se investigue de manera inmediata y se determinen las responsabilidades correspondientes
4. Reacción oficial y contrapuntos
- Las críticas han sido respaldadas por gremios como la Sociedad Nacional de Pesquería, Comercio Exterior e Industrias, que señalan que el tratado podría limitar la gestión soberana de los recursos marinos.
- En cambio, el canciller Elmer Schialer ha aclarado que el tratado no vulnera el control sobre las 200 millas, calificándolo como un instrumento ambiental que no interfiere con la Convemar ni reduce soberanía nacional.
5. Posibles implicancias
- Si la denuncia avanza, el tratado podría quedar suspendido o sujeto a un control legal más estricto desde el Congreso.
- Este caso podría generar un debate jurídico-político sobre el balance entre compromisos ambientales globales y la defensa de la soberanía marítima.
- La resolución del proceso marcará un precedente sobre la interpretación de tratados internacionales en relación con la Constitución peruana.



