Contexto de la noticia
Hoy, 10 de junio de 2025, la Comisión de Constitución del Congreso de la República se reúne para debatir un predictamen basado en el Proyecto de Ley N° 7549, propuesto por el congresista Jorge Montoya. La iniciativa busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa, incluso si están denunciados o procesados por delitos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
¿Qué implica este predictamen?
- Podría eximir de responsabilidad penal a agentes involucrados en actos investigados como delitos de lesa humanidad.
- No ofrece criterios claros para diferenciar entre actos legítimos y abusos de poder.
- Permitiría que militares y policías acusados de graves violaciones escapen del proceso judicial.
- Incluiría incluso a personas mayores de 80 años, aunque se exceptúan los casos de terrorismo y corrupción.
Antecedentes relevantes
- No es la primera vez que se presentan propuestas similares: en 1995 se promulgó una ley similar («Fujiley») que buscaba prescribir crímenes de lesa humanidad, derogada luego de una advertencia de la Corte Interamericana.
- En 2005 y 2010 se plantearon nuevas tesis que favorecieran la impunidad, aunque fueron revertidas por objeciones técnicas y legales.
Riesgos y controversias
- Riesgo de impunidad generalizada
La norma podría ser utilizada para justificar crímenes graves cometidos en nombre de la lucha contrasubversiva, debilitando el principio de justicia. - Debilitamiento institucional
La falta de claridad en los criterios podría minar la confianza en el sistema judicial y favorecer la impunidad. - Rechazo nacional e internacional
Organismos de derechos humanos advirtieron en el pasado contra leyes que amnistiaban crímenes graves y podrían volver a emitir pronunciamientos en este caso.
Beneficiarios del proyecto
- Policías, militares y miembros de comités de autodefensa que enfrentan procesos o sentencias por actos durante el conflicto interno.
- Particularmente podrían favorecerse quienes tengan más de 80 años, siempre que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción.
Implicancias para la sociedad
- Podría representar un retroceso en la consolidación de derechos humanos en el país.
- Implica un riesgo de poner en jaque la memoria histórica y los procesos de justicia relacionados con abusos del pasado.
- La discusión actual marcará un parámetro significativo sobre cómo el Estado peruano interpreta los hechos que rodean la lucha contra el terrorismo.
