A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, una grave denuncia sacude el escenario político peruano. Una investigación conjunta de RPP Data y El Poder en tus Manos reveló que personas requisitoriadas por delitos como homicidio, violación sexual, narcotráfico y lavado de activos figuran como afiliados activos a partidos políticos en el registro oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Entre los casos expuestos está José Antonio Aquino Montoro, con orden de captura desde 2022 por el homicidio del abogado Norberto Haro Espinoza en Huaraz, por quien el Ministerio del Interior ofrece 20 mil soles de recompensa. Le sigue Luis Francisco Pardo Paico, requisitoriado desde 2017 por violación sexual de un menor de edad y con la misma cantidad de recompensa. A ellos se suma Rosa Angélica Ayachi Ojanama, buscada por tráfico ilícito de drogas, con una recompensa de 15 mil soles.
Lo alarmante es que estas tres personas, junto a otros 35 requisitoriados más, figuran como afiliados vigentes a partidos políticos que participarán en las Elecciones 2026, según el padrón de afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del JNE. La verificación se realizó cruzando los nombres de los 830 requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con el padrón oficial de militantes de partidos.
Para el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, esto evidencia una preocupante falta de control interno en las agrupaciones políticas. “Los partidos no filtran o no tienen filtros adecuados, porque muchos incorporan gente de forma fraguada o por favores, contraprestaciones o diferentes razones”, advirtió.
Esta situación refleja no solo deficiencias en los procesos de afiliación de las organizaciones políticas, sino también un potencial riesgo para el sistema democrático y la seguridad ciudadana de cara a los próximos comicios.
