Denuncia presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones
La abogada y exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero ha presentado una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exigiendo la anulación de partidos políticos presuntamente inscritos de forma irregular, mediante el uso de firmas falsas o suplantadas. En declaraciones públicas, Ampuero advirtió que, de no proceder con esta medida, el JNE estaría encubriendo actos delictivos que atentan contra la legalidad electoral.
Motivación y carácter ciudadano de la denuncia
Ampuero ha subrayado que su denuncia no responde a intereses partidarios, y que ha sido planteada en calidad de ciudadana y abogada independiente, desligándose así de cualquier coordinación con el partido Renovación Popular o con su líder, Rafael López Aliaga. La exprocuradora negó haber sostenido conversaciones con dicho político, enfatizando que su actuación busca proteger la legitimidad del sistema democrático y el respeto al marco jurídico electoral.
Gravedad de las acusaciones
La exprocuradora sostiene que existen indicios serios de que algunos partidos políticos lograron su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas utilizando documentación adulterada o firmas de ciudadanos sin consentimiento, lo cual constituiría un delito de falsificación y suplantación de identidad. Afirmó que permitir que estas organizaciones participen en elecciones representa una amenaza directa a la transparencia y limpieza del proceso democrático.
En ese sentido, instó al máximo órgano electoral del país a tomar acciones inmediatas para investigar a fondo los procesos de inscripción de estos partidos y, de comprobarse las irregularidades, proceder a su cancelación.
Implicancias para la institucionalidad electoral
Las declaraciones de Ampuero vuelven a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización electoral, en un contexto en el que se acerca el inicio del proceso electoral 2026. Además, genera presión sobre el JNE, institución que ha estado en el centro de controversias políticas en los últimos años, en especial en relación con la verificación de firmas y la inscripción de nuevas agrupaciones.
De no tomarse medidas claras y transparentes, advierten algunos analistas, podría generarse un clima de desconfianza ciudadana hacia las elecciones y abrirse espacio para cuestionamientos posteriores sobre la legalidad de los comicios.
