Legisladora de Perú Libre niega acusaciones y denuncia campaña de desprestigio
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República ha aprobado, con nueve votos a favor y tres en contra, el informe que recomienda suspender por 120 días sin goce de haber a la congresista María Agüero Gutiérrez, integrante de la bancada Perú Libre. La medida responde a las acusaciones de que la legisladora habría recortado el 10% del salario de al menos 14 trabajadores de su despacho, práctica conocida como «mochasueldo».
Detalles de la investigación
Según el informe de la Comisión de Ética, se han recopilado testimonios y documentos que indican que los recortes salariales eran coordinados por los exasesores César de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia, quienes actuaban bajo instrucciones directas de la congresista Agüero. Ambos excolaboradores se encuentran actualmente bajo prisión preventiva por 18 meses, en el marco de las investigaciones del Ministerio Público.
Las indagaciones revelaron que entre junio de 2022 y mayo de 2023, se habrían recaudado más de S/ 90,000 mediante transferencias bancarias y depósitos en efectivo. Estos montos eran justificados como «apoyos partidarios» o para cubrir «gastos logísticos del despacho», sin embargo, no ingresaban a las cuentas oficiales del partido Perú Libre ni contaban con autorización formal.
Defensa de la congresista
En declaraciones a medios de comunicación, la congresista María Agüero negó rotundamente las acusaciones, afirmando que no ha percibido «ni un centavo de nadie» y que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Asimismo, cuestionó la imparcialidad de la Comisión de Ética y señaló que las pruebas presentadas no demuestran su participación directa en los hechos imputados.
Próximos pasos
La recomendación de suspensión será evaluada por el Pleno del Congreso, que deberá decidir si ratifica la sanción propuesta. Además, la Comisión de Ética ha solicitado remitir el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público, para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
