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Presidente del Consejo de Ministros reafirma compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción

Un mensaje firme desde la Presidencia del Consejo de Ministros

En un pronunciamiento reciente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó con claridad que el Gobierno actual no tolerará actos de corrupción en ninguna instancia del Estado. Esta declaración se dio en un contexto de atención pública sobre la integridad en la gestión estatal, y busca reforzar el mensaje de cero impunidad frente a hechos que comprometan los intereses del país.

Política de integridad y transparencia como ejes de gestión

El jefe del gabinete ministerial indicó que la actual administración se rige bajo una política de integridad, y que los funcionarios que incurran en prácticas indebidas deberán asumir las consecuencias legales correspondientes. Según explicó, se está trabajando para asegurar que todas las entidades del Ejecutivo operen bajo principios éticos, con control y supervisión permanente.

Coordinación con instituciones de control

El Gobierno ha reiterado su respaldo a los órganos autónomos como la Contraloría General y el Ministerio Público, garantizando que cuenten con el apoyo necesario para desarrollar su labor sin interferencias. Además, se viene promoviendo una cultura institucional que fomente la denuncia de actos ilícitos y la protección de quienes reporten estos casos.

Desvinculación inmediata de funcionarios involucrados

Como parte de su política anticorrupción, el Ejecutivo ha tomado acciones inmediatas cuando se han detectado indicios de irregularidades en la función pública. El titular de la PCM subrayó que ningún funcionario con investigaciones comprometedoras se mantendrá en el cargo, ya que el objetivo es preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

Llamado a la unidad frente a la corrupción

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sectores de la sociedad a unirse en la lucha contra la corrupción. Señaló que esta tarea no es exclusiva del Gobierno, sino un deber compartido que requiere vigilancia, compromiso y acción conjunta para erradicar este mal que debilita la democracia y la justicia.

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