Casos se multiplican en redes sociales y afectan la transparencia del sistema electoral
De cara a los comicios generales del 2026, un nuevo escándalo ha comenzado a tomar fuerza en el panorama político nacional: ciudadanos peruanos han denunciado haber sido afiliados a partidos políticos sin su conocimiento ni autorización. Este hecho ha generado preocupación sobre el respeto a los derechos individuales y la transparencia en el proceso de consolidación de los padrones partidarios.
Progresemos y Nueva Gente concentran la mayoría de reportes
Las denuncias difundidas a través de redes sociales y medios de comunicación apuntan principalmente a dos organizaciones políticas: Progresemos y Nueva Gente. Varias personas han manifestado su sorpresa al comprobar que figuraban como militantes de dichos partidos sin haber firmado solicitud alguna ni haber participado en actividades relacionadas.
Esta situación no solo genera molestia entre los ciudadanos afectados, sino que también pone en entredicho los mecanismos de inscripción interna y los controles que deberían regir dentro de las organizaciones políticas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Desafiliación presencial y con pago obligatorio
Frente a estos casos, se ha recordado que el procedimiento para desafiliarse de un partido político exige la presentación personal del ciudadano ante la oficina de la Reniec o la correspondiente del JNE, además del pago de una tasa administrativa de S/46.20. Este requisito ha sido duramente criticado, dado que implica un costo y una carga para quienes jamás consintieron su afiliación.
Diversos colectivos ciudadanos y especialistas en derecho electoral han señalado que esta situación vulnera el principio de voluntariedad en la afiliación política, además de representar un riesgo para la libertad de participación ciudadana y el correcto funcionamiento de la democracia.
Llamado a las autoridades para investigar y sancionar
Ante la creciente ola de quejas, diversas voces exigen que el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tomen cartas en el asunto, fiscalicen de manera rigurosa las inscripciones partidarias y sancionen a los responsables de irregularidades en la captación de militantes.
También se ha solicitado que se revise el actual procedimiento de desafiliación, buscando mecanismos más accesibles y justos para quienes desean corregir esta situación.
Confianza ciudadana en riesgo
Este tipo de prácticas, de no ser corregidas y sancionadas a tiempo, podrían afectar la confianza de la población en el sistema democrático y la legitimidad de las agrupaciones que buscan participar en las próximas elecciones. La transparencia, el respeto a la voluntad del ciudadano y la legalidad deben prevalecer en toda etapa del proceso electoral.
