Preocupación creciente por la inseguridad en el país
Una reciente encuesta nacional ha revelado un preocupante panorama sobre la percepción ciudadana en torno a la seguridad pública en el Perú. El 62% de los encuestados considera que las leyes emitidas por el Congreso en materia de seguridad no han beneficiado a la población, sino que, por el contrario, han favorecido a la delincuencia y al crimen organizado.
Este resultado refleja el creciente malestar social frente a una crisis de inseguridad que se ha acentuado en los últimos meses. Los ciudadanos, cada vez más afectados por la violencia, las extorsiones y los actos delictivos, expresan una fuerte desconfianza hacia las instituciones responsables del orden y la justicia.
Desconfianza institucional y demandas de acción
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es que cerca del 90% de la población no confía en la labor del Poder Judicial, incluyendo a jueces y fiscales. Esta percepción negativa resalta una grave fractura en la relación entre la ciudadanía y el sistema de justicia, considerada una de las piezas clave para enfrentar la criminalidad.
Asimismo, la presidenta Dina Boluarte ha sido señalada como la principal responsable política de la actual crisis de inseguridad, lo que refleja un creciente cuestionamiento hacia la gestión del Ejecutivo en la lucha contra el delito.
Lima y Callao: epicentros de la violencia urbana
En las regiones de Lima y Callao, el impacto de la delincuencia es aún más evidente. La mitad de la población afirma haber sido directamente afectada por algún hecho delictivo, lo que revela la magnitud del problema en las principales zonas urbanas del país.
La ciudadanía exige respuestas concretas, con políticas públicas más efectivas, una legislación coherente y una mayor coordinación entre los poderes del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y recuperar la confianza en las instituciones.
Urge una reforma integral
El escenario actual plantea la necesidad de una reforma integral en materia de seguridad y justicia. Las cifras evidencian que las normas emitidas hasta ahora no han tenido el efecto esperado y que se requiere un enfoque más técnico, preventivo y transparente para enfrentar el crimen de manera sostenible.
Desde espacios educativos como ETP Huacho, se considera fundamental promover una cultura de legalidad, responsabilidad cívica y formación en valores, elementos clave para contribuir, desde la educación, a la construcción de una sociedad más segura y justa.
