Extinción del programa genera alarma en sectores sociales y políticos
La reciente eliminación del programa social Wasi Mikuy, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ha despertado preocupaciones por las consecuencias que esta decisión podría acarrear, especialmente en el ámbito escolar. Entre las principales voces de alerta, se encuentran aquellas que advierten una posible impunidad en los casos de intoxicación alimentaria que afectaron a menores de edad en instituciones educativas.
Riesgos sobre la alimentación escolar y consecuencias sociales
El cierre de este programa, que tenía como objetivo proveer alimentos a escolares de diversas regiones del país, podría dejar a millones de niños sin acceso a una fuente regular de nutrición durante el año escolar. Se teme que esta medida, adoptada en medio del estado de emergencia alimentaria, incremente la vulnerabilidad de los estudiantes, afectando no solo su salud, sino también su rendimiento académico.
La ausencia de una estrategia de reemplazo inmediata y eficiente podría representar una carga económica adicional para el Estado, al tener que reestructurar o replantear otros programas sociales para cubrir esta necesidad crítica.
Posibles implicancias legales y cuestionamientos a la gestión pública
Además de los efectos operativos, existe preocupación en sectores de la opinión pública y del ámbito político respecto a que la disolución del programa pueda generar obstáculos para identificar y sancionar posibles responsabilidades por los episodios de intoxicación alimentaria ocurridos en el pasado. La eliminación del programa podría dificultar el seguimiento de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, lo cual plantea cuestionamientos éticos y legales sobre la rendición de cuentas institucional.
