Durante su participación en el megaoperativo de control territorial contra ciudadanos extranjeros en el que acompañó al presidente de la república, José Jerí, el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, señaló que se logró intervenir a más de 1,500 extranjeros cuya condición migratoria es irregular y se pudo identificar que 99 de ellos tenían una orden de requisitoria por diversos delitos, por lo que serán expulsados del país.
En el Cuartel Los Cibeles se reunieron con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y funcionarios de migraciones, para llevar a cabo esta intervención nunca antes realizada, en Lima, Arequipa, Trujillo y otros lugares del país.
Álvarez explicó que el estado de emergencia constituye un elemento legal, un marco jurídico que permite, por ejemplo, intervenir ciudadanos extranjeros, a los cuales se les exige su identificación.
“Han llegado buses con ciudadanos de otros países que no tienen sus papeles en regla. Muchos de ellos no tienen trabajo conocido y su situación, no solamente es jurídicamente irregular, sino que su estadía es altamente sospechosa y no se conoce cuál es su medio de vida en una ciudad como la nuestra que está sufriendo una ola de criminalidad sumamente importante, que el gobierno tiene que combatir”.
En ese sentido, destacó que las medidas tienen que ser proporcionales al problema, pues la realidad de nuestro país es similar a la de otros países latinoamericanos, pero con el adicional de que mucha gente ya ha constituido bandas criminales que ejercen delitos violentos y están perjudicando la calidad de vida de los peruanos.
“Eso, ningún gobierno lo puede permitir. Los ciudadanos deben tener autoridades que defiendan sus intereses. Somos un país dedicado a todas las personas, nacionales o extranjeras, pero que se dedican a trabajar, a rendir productivamente en beneficio de sus familias y del país que los acoge”, aseguró.
El premier Álvarez también se trasladó a Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, permitió la incautación de cinco toneladas de pirotécnicos valorizados en aproximadamente 200 000 soles.
El material era almacenado en una vivienda que no reunía las condiciones de seguridad necesarias, lo que representaba un grave riesgo para los vecinos de la zona.
“Se ha incautado una cantidad inmensa de pirotécnicos, entre ellos artefactos conocidos como bazucas, que son sumamente peligrosos y requieren permisos especiales, no solo para su manipulación, sino también para su traslado y almacenamiento”, declaró.
El premier precisó que las investigaciones continuarán para identificar a todas las personas involucradas, incluida la que arrendó el inmueble y la empresa que realizó la importación y distribución irregular del material.
“Estas bandas buscan reducir costos para competir de manera desleal frente a las empresas formales. No es aceptable abaratar poniendo en riesgo la vida de las personas”, puntualizó.
